ONGs alertan sobre la insuficiente financiación del Gobierno de Ayuso ante una «crisis extrema» por el aumento de ITS y el chemsex.

Organizaciones sociales como Cesida, Apoyo Positivo y Médicos del Mundo, entre otras, alertan sobre “un alarmante desmantelamiento gradual del compromiso político y económico por parte de la Comunidad de Madrid”, mientras sostienen que enfrentan una “situación crítica” debido al “aumento de prácticas de riesgo y el incremento de infecciones de transmisión sexual”. A través de un manifiesto enviado a la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad, estas entidades exigen una reunión con esta última con el fin de encontrar soluciones que aseguren “la viabilidad, efectividad e impacto de la respuesta comunitaria contra el VIH, las ITS y la atención a colectivos vulnerables”.

De acuerdo a datos proporcionados por Madrid Salud, el número de personas admitidas a tratamiento por ‘chemsex’ ha aumentado de 50 en 2017 a 512 en 2022. Las estadísticas recientes indican que el 99,1% de los atendidos son hombres. Las infecciones de transmisión sexual no han dejado de crecer en España en las últimas décadas, según el Ministerio de Sanidad. Desde principios de los 2000, se ha notado un incremento en la incidencia de infecciones como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, en particular entre jóvenes hombres.

“Las organizaciones comunitarias nos hallamos ante una tormenta perfecta: creciente demanda social, complejidad en aumento de las situaciones que enfrentamos y una drástica reducción o ausencia de financiación pública para sostener nuestros programas. Esta situación puede poner en riesgo la respuesta comunitaria frente al VIH en la región”. El chemsex o sexdopaje —el uso intencional de drogas, principalmente metanfetamina, GHB/GBL y mefedrona durante prolongadas sesiones de sexo— es uno de los fenómenos en auge que, según identifican las asociaciones, carece de una respuesta adecuada: se entrelazan “consumo de sustancias, prácticas sexuales grupales, exclusión social, y violencia sexual o psicológica, todo ello sin dispositivos públicos preparados para abordarlo de forma integral”.

Indican que los recursos públicos de la Comunidad de Madrid destinados a estas dos áreas —prevención del VIH y atención a usuarios de chemsex— “han sido, en el mejor de los casos, escasos y, en el peor, inexistentes”. Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, comenta que desde 2018 el presupuesto destinado por la comunidad a este tipo de iniciativas no ha superado los 500.000 euros. Sin embargo, el número de asociaciones ha aumentado desde entonces, lo que obliga a repartir esa cantidad entre más entidades, resultando en una disminución notable de los fondos disponibles para cada una. Por ejemplo, los 30.000 euros que recibía Apoyo Positivo anteriormente, ahora se limitan a 18.000 euros, según afirma Velayos.

“Los profesionales comunitarios están desbordados”

Además, a causa del convenio de acción e intervención social, deben gestionar estos recortes presupuestarios mientras aumentan los salarios del personal sociosanitario que opera en las asociaciones: hasta un 12% en la última década. Esta reducción de fondos se agrava con la situación precaria que mencionan en su manifiesto: los equipos profesionales comunitarios “se encuentran sobrepasados en tareas de gestión, coordinación e intervención dentro de los programas, asumiendo casos y tareas más allá de los objetivos e indicadores presupuestarios en los proyectos, pues no hay una respuesta efectiva desde la administración pública”, sostienen.

Aunque en años anteriores las asociaciones podían presentar ante la administración un número ilimitado de proyectos financiados por el IRPF y gestionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en la actualidad, denuncia Velayos, solo se permite presentar un máximo de tres. En el caso de Apoyo Positivo, esta limitación les ha llevado a sacrificar un proyecto de sensibilización sobre chemsex, una práctica que fue oficialmente reconocida como un problema de salud pública en Madrid en 2017.

Otra de las situaciones que critican son las “barreras administrativas y burocráticas” que dificultan el acceso a los programas de prevención y atención de ITS para los colectivos más vulnerables, como las personas migrantes, así como la “falta de información y formación de los profesionales de atención primaria y de urgencias médicas” en la distribución de tratamientos preventivos contra el VIH para personas en riesgo, como la PrEP (profilaxis preexposición).

“La invisibilización del VIH en la agenda política madrileña no solo perpetúa el estigma, sino que vulnera los derechos fundamentales de quienes viven con el virus y de aquellas personas en situación de riesgo”, añade el comunicado.