El error con las pulseras aumentó las infracciones de las órdenes de restricción.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento alcanzaron su máxima cifra durante la gestión de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad, que en aquel momento estaba encabezado por la podemita Irene Montero y ahora por la socialista Ana Redondo. Es decir, en el año en que se implementó el nuevo contrato para dispositivos telemáticos, se registraron un 50% más violaciones de las medidas de protección. Los errores en dicha compra causaron la «desprotección» de las víctimas, según admitió la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Los diputados de Sumar Engracia Rivera y Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, formularon en junio una pregunta al Gobierno para obtener respuesta por escrito acerca de la protección de las víctimas de violencia de género. En específico, buscaban saber el número total de órdenes de alejamiento y el número de denuncias por quebrantamiento de dichas órdenes entre 2020 y 2024.

Asimismo, indagaron sobre cuál era el «protocolo específico» y las «medidas que se activan cuando una víctima de violencia de género denuncia reiteradamente el quebrantamiento de una orden de alejamiento por parte del agresor».

En su respuesta por escrito, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska proporcionó el número de «infracciones penales conocidas» relacionadas con el «quebrantamiento de orden de protección y alejamiento» en los años recientes. Los datos son los siguientes:

• 2020: 15.918.
• 2021: 17.182.
• 2022: 20.414.
• 2023: 23.121.
• 2024: 23.890.

El documento del Ministerio de Interior incluso se vanagloriaba de que la «sustitución de los dispositivos telemáticos de control» a través de un nuevo contrato permitió «reforzar la vigilancia y el control del cumplimiento de las órdenes de alejamiento». Sin embargo, los datos muestran una realidad bastante diferente.

Chapuza de Igualdad con las pulseras

El nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato ha generado un problema técnico que impacta de forma directa en la protección de las víctimas de violencia de género. La transición de una empresa a otra ha provocado que la información previa, que está cifrada, no se haya transferido adecuadamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 la existencia de «múltiples fallos» detectados en estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no puede facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en la que concluyó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta irregularidad tiene consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el representante legal del centro de control responda a las preguntas sobre cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos resulta en una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación generó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han advertido específicamente sobre «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, informaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se tomen medidas ante la potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único inconveniente. Los dispositivos de control adquiridos por Igualdad también resultaron tan deficientes que incluso los maltratadores admitieron que podían retirárselos «perfectamente», según lo declarado por uno de ellos ante un juez.

La situación era tan alarmante que Igualdad reconoció en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para proteger a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó acción alguna hasta que OKDIARIO reveló el escándalo relacionado con los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que causaron la «potencial desprotección» de las mujeres.

Esto está reflejado en las medidas para la renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Se trata de un documento que comprende más de 400 medidas, aprobadas por el Congreso de los Diputados en febrero, con una amplia mayoría, ya que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox.