En un reciente comunicado, el Ministerio de Consumo ha lanzado una advertencia contundente a las inmobiliarias sobre la “ilegalidad” de cobrar comisión por la gestión a los interesados en arrendar una vivienda. Esta medida busca proteger los derechos de los consumidores, quienes muchas veces se ven en la obligación de asumir costos adicionales e injustificados al momento de buscar un lugar para vivir. La normativa vigente es clara en este aspecto, estableciendo que no se pueden cargar comisiones a los inquilinos por la intermediación en el arrendamiento de una vivienda. Esta práctica abusiva ha sido objeto de numerosas quejas por parte de los ciudadanos, lo que ha llevado a tomar acciones contundentes para poner fin a esta situación. Es imperativo que las inmobiliarias acaten la ley y respeten los derechos de los arrendatarios, evitando así posibles consecuencias legales y sanciones.
- Consumo advierte a inmobiliarias: es ilegal cobrar comisión por gestión en arrendamientos
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Consumo advierte a inmobiliarias: es ilegal cobrar comisión por gestión en arrendamientos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advirtió este viernes a las inmobiliarias de que es ilegal cobrar una comisión por la gestión a las personas interesadas en arrendar una vivienda. Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que la Dirección General de Consumo ha iniciado una investigación y ha notificado a diferentes mercantiles inmobiliarias dedicadas a la gestión de alquiler de viviendas que no pueden cobrar una comisión por sus servicios a los inquilinos.
Ministerio de Consumo investiga inmobiliarias por cobro ilegal de comisiones en alquileres
Esta unidad ha tenido conocimiento de que ciertas empresas habrían obligado a las personas interesadas en arrendar una vivienda a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento de la vivienda y, según el departamento de Pablo Bustinduy, este pago se trataría de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA. A este respecto, recordó que se trata de una práctica que está fuera de la ley, concretamente del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos llevada a cabo por la disposición final primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, de derecho a la vivienda.
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En ella se determina explícitamente que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador, abundó, al tiempo que indicó que ha informado a estas mercantiles inmobiliarias de que este tipo de cláusulas contractuales o la imposición al arrendatario de cualquier otro cargo de análoga naturaleza podría, caso de constatarse, ser considerado como abusivo a los efectos del artículo 47.1.j) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La compraventa de viviendas cae en Madrid un 16% durante 2023
Este tipo de infracción, según el artículo 48.2 de la ley tiene la calificación de falta grave, llegando a sancionarse con una multa pecuniaria entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, agregó el gabinete de Bustinduy.
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