Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en la investigación por malversación y solicita el archivo del caso | España

Todo estaba preparado para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, asistiera este sábado por la tarde a los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid. Allí había sido convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, un trámite necesario antes de remitir el caso a un tribunal del jurado. Este delito le es atribuido a la mujer del presidente por los supuestos trabajos privados que le realizó, como un favor, Cristina Álvarez, la asesora que La Moncloa tiene contratada desde 2018 para gestionar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó a la citación, evitando así el trámite judicial al delegar su presencia en su abogado.

El juez Peinado emitió un auto esta semana en el que informaba a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo haría ante un tribunal popular. Esto significa que ciudadanos elegidos al azar serían quienes determinen su culpabilidad. Además, el magistrado ordenó que, junto a otros imputados, tanto su asesora Cristina Álvarez como Francisco Martín Aguirre, el actual delegado del Gobierno en Madrid y exsecretario general de Presidencia, se presentaran en el juzgado para informarles sobre esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados; todos delegaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, se prolongó casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo del caso. Sin embargo, las acusaciones particulares, como Hazte Oír y Vox, pidieron que se siguiera con la investigación y se convocara como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días, y su decisión, ya sea que continúe con la causa o la archive, podrá ser apelada ante la Audiencia Provincial.

Peinado estaba de guardia este sábado, y además cumplía 71 años. Se retirará en septiembre de 2026, al llegar a los 72, que es la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su solicitud de archivo en que la esposa de Sánchez no habría estado implicada ni en la designación ni en el pago a su asesora. Camacho argumentó que la decisión de no acudir personalmente al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado, que establece que en la comparecencia “solo se concretarán los términos de tal imputación y siempre frente a su abogado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es necesaria. En la comparecencia (…) no se llevan a cabo diligencias de instrucción y, por lo tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado marcaba la quinta convocatoria de Gómez para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado comenzara a investigar su caso en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Al mismo tiempo, también fueron convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia desde 2021 hasta 2023, del que depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, reunió a cerca de 100 personas en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. En la zona también circuló un pequeño camión con una gran pantalla que mostraba imágenes de la esposa del presidente bajo el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado sostiene que hay indicios de delitos en las funciones que realizó la asesora de Gómez, ya que, a través de correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral, habría enviado correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho explicó que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o amistosos. “Si su argumento es que agregar una posdata en un correo constituye un delito de malversación solo porque se haya realizado durante el horario laboral, hay que recordar que es habitual que uno entre a las 10 de la mañana y salga a las 10 de la noche, y creo que no hay prohibición sobre el uso de correos en su tiempo libre. No se cumplen los requisitos del delito de malversación, y por eso citamos al propio magistrado instructor. No hubo ni nombramiento ni pago.”

Este viernes, el juez Peinado plasmó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún quedan pendientes en esta causa, incluyendo la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabaja Gómez, que dirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria sin remuneración y dos másteres por los que recibió 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra ocasión el pasado 10 de septiembre que en ocasiones había solicitado como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado iniciara la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la característica actuación del juez ha sido muy cuestionada. Se han señalado excesos corregidos por instancias superiores, y algunas de sus decisiones han coincidido con momentos políticamente delicados para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han cuestionado la falta de argumentos de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas; también las acusaciones populares han solicitado reiteradamente que se fundamenten más las imputaciones para evitar que sean desestimadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso de la investigación actual por malversación —que es una pieza separada— comenzó el 10 de marzo de este año. De hecho, durante los primeros meses, ni la esposa del presidente Sánchez ni su asesora fueron el foco de atención del juez por este delito.

El magistrado dirigió su atención hacia La Moncloa ese mismo 10 de marzo, señalando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había sido secretario general de Presidencia al designar a Álvarez como asesora. El juez acudió en abril a La Moncloa a interrogar como testigo al ministro, que goza de fuero y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta comparecencia, que tuvo lugar durante la Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó dos quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, las cuales aún están siendo investigadas.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha tenido conocimiento o no ha controlado las tareas realizadas por ella”, escribió el juez en la exposición enviada al alto tribunal, en la que también le acusaba de malversación —además de un delito de falso testimonio por presuntamente mentir durante su interrogatorio como testigo—. Sin embargo, su intento fracasó en tan solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera contundente: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado han generado una reacción inmediata en el Gobierno, ya que consideran que reflejan un componente político y están siendo utilizados por la oposición, tanto el PP como Vox, para fundamentar su narrativa de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debe convocar elecciones y dimitir.