Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en la investigación por malversación y solicita el archivo del caso | España

Todo estaba organizado para que Begoña Gómez, la cónyuge de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de plaza de Castilla en Madrid, donde había sido convocada por el juez Juan Carlos Peinado para llevar a cabo un trámite procesal: concretar su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos antes de remitir la causa a un tribunal jurado. Este delito se imputa a la esposa del presidente por los presuntos trabajos privados que realizó, como favor, Cristina Álvarez, la asesora que La Moncloa contrató en 2018 para gestionar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó a la citación: evitó este trámite judicial al delegar su representación en su abogado.

El juez Peinado redactó un auto esta semana informando a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo haría ante un tribunal popular. Es decir, ciudadanos seleccionados por sorteo serían los encargados de decidir sobre su culpabilidad. Además, el magistrado ordenó que, junto con los otros imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien también trabajó previamente en La Moncloa, se presentaran en el juzgado este sábado para notificarles esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, se prolongó casi dos horas, donde tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. Mientras tanto, las acusaciones particulares ―como Hazte Oír y Vox― pidieron que se continúe con la investigación y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sean citados como testigos. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que tome, ya sea para continuar o archivar la causa, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia y además celebraba su 71 cumpleaños. Se espera que se jubile en septiembre de 2026, cuando alcance los 72 años, la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su petición de archivo de la causa en que la esposa de Sánchez no habría intervenido ni en la designación ni en el pago a su asesora. Camacho aseguró que la decisión de Gómez de no comparecer personalmente ante el juez está respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. El documento establece que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por ende, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado marcaba la quinta cita a la que Gómez fue convocada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado empezó a investigarla, en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. En el mismo horario, también fueron convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, bajo el cual se encuentra la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en los alrededores en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. Por la zona también circuló un camión pequeño con una pantalla grande donde se mostraban imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que hay indicios de delito en las labores realizadas por la asesora de Gómez, ya que, a través de correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral, habría enviado estos correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha enviado correos relacionados con asuntos familiares o de amigos. “Si su argumento es que incluir una posdata en un correo constituye un delito de malversación porque se realiza durante el horario laboral, eso es bastante común, ya que el horario puede ser de 10:00 a 22:00 y no existe prohibición alguna de realizar gestiones personales en ese tiempo. De manera que no se cumplen los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al mismo magistrado instructor. No hay nombramiento, ni hay pago”.

El viernes, el juez Peinado especificó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún quedan pendientes en esta causa, entre ellas la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos proporcionados por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, quien codirigió una cátedra extraordinaria en la universidad madrileña sin recibir remuneración y dirigió dos másteres por los que percibió 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en una anterior comparecencia el pasado 10 de septiembre que, en ocasiones, solicitó como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la extensa actuación del juez ha sido sometida a un profundo cuestionamiento. Ha incurido en excesos corregidos por todas las instancias superiores y varias de sus decisiones han coincidido temporalmente con momentos políticos delicados para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado reiteradamente la falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas. También las acusaciones populares han tenido que solicitarle que fundamentara más una imputación para que no se la desechara posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso de la actual investigación por malversación —que es una pieza separada— se abrió el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, la esposa del presidente Sánchez y su asesora no fueron objeto de la atención de Peinado por este delito.

El juez dirigió su mirada hacia La Moncloa ese mismo 10 de marzo, apuntando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había sido secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. En abril, el instructor visitó La Moncloa para interrogar al ministro como testigo, dado que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esa cita, ocurrida en plena Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que aún se están investigando.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Podría haber participado directamente en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual y ha podido conocer, o no haber controlado, las tareas realizadas por ella”, escribió el juez en el documento enviado al alto tribunal, donde le atribuía la malversación, además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido durante su interrogatorio como testigo. Sin embargo, sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima corte judicial respondió de manera tajante: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado han generado siempre una reacción inmediata por parte del Gobierno, ya que consideran que reflejan un componente político y que son aprovechados por la oposición, especialmente por el PP y Vox, para fundamentar su narrativa de que el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y dimitir.