Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el archivo del asunto | España

Todo estaba planeado para que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, donde había sido convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado para un simple trámite procesal: especificar su imputación por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, como paso preliminar para enviar el caso a un tribunal del jurado. El juez atribuye este delito a la esposa del presidente debido a los supuestos trabajos privados que realizó para ella Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa desde 2018 para gestionar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó a la citación: evitó este trámite judicial delegando su presencia en su abogado.

El juez Peinado elaboró un auto esta semana en el que informaba a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo será en un tribunal popular. Esto significa que ciudadanos seleccionados por sorteo serán quienes decidan si es culpable o no. Además, el magistrado ordenó que, junto al resto de imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que anteriormente también trabajó en La Moncloa, acudieran al juzgado este sábado para informarles de esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, en las que tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. Por otro lado, las acusaciones particulares —como Hazte Oír y Vox— pidieron que se continúe con la investigación y que se cite también como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que adopte, ya sea continuar con la causa o archivar la misma, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia. Además, cumplía 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, al llegar a los 72, que es la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su petición de archivo de la causa en que la esposa de Sánchez no habría participado ni en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho aseguró que la decisión de Gómez de no acudir personalmente al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En dicho documento se especifica que en la comparecencia “tan solo se concretarán los términos de tal imputación y siempre en presencia de su letrado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por ende, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado era la quinta ocasión en que Gómez era citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado comenzó la investigación en abril de 2024, a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. A la misma hora, también habían sido convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, de que depende la assistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en las inmediaciones en una concentración con el lema “No al corrupto”. También circuló un camión pequeño con una pantalla grande donde se visualizaron imágenes de la esposa del presidente bajo el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que hay indicios de delito en las funciones que desempeñó la asesora de Gómez porque, mediante correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, durante su horario laboral, habría enviado estos correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha enviado correos sobre temas familiares o de amigos. “Si su tesis es que escribir una posdata en un correo constituye un delito de malversación realizado durante el horario laboral, eso es muy común; entra a trabajar a las 10:00 y sale a las 10:00 de la noche, y creo que no existe prohibición de que en su tiempo libre pueda enviar correos. No se cumplen en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. No hubo nombramiento, ni pago”.

Este viernes, el juez Peinado concretó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún quedan pendientes en esta causa, tales como la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos entregados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, que codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra declaración el 10 de septiembre que, en alguna ocasión, pidió como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la actuación del juez ha sido muy cuestionada. Se han registrado excesos que han sido corregidos por todas las instancias superiores, y algunas de sus resoluciones coinciden temporalmente con momentos políticos muy complicados para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado reiteradamente la falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus más controvertidas decisiones. También las acusaciones populares han solicitado que se argumente más una imputación para evitar que sea desestimada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso actual de investigación por malversación —que es una pieza separada— se abrió el 10 de marzo de este año. Inicialmente, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no fueron el centro de la atención de Peinado por este delito.

El juez apuntó a La Moncloa el mismo 10 de marzo y dirigió su atención hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había sido secretario general de Presidencia al momento de la designación de Álvarez como asesora. En abril, el magistrado acudió a La Moncloa a interrogar al ministro como testigo, dado su aforamiento que solo permite su imputación ante el Tribunal Supremo. En esta cita, que se produjo durante la Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que aún están en investigación.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha podido no controlar las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición que envió al alto tribunal, a quien le atribuía malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo—. Sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera rotunda: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado siempre han provocado una respuesta inmediata del Gobierno, ya que consideran que reflejan un componente político y también son utilizados por la oposición, el PP y Vox, para fundamentar su tesis de que el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y dimitir.