Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el sobreseimiento | España

Todo estaba listo para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Había recibido una citación del magistrado Juan Carlos Peinado para realizar un simple trámite procesal: concretar su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, previo al envío del caso para ser juzgado por un tribunal de jurado. Según el juez, se le imputa a la esposa del presidente por los presuntos trabajos privados que, a modo de favor, realizó para ella Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa en 2018 para manejar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó; delegó su aparición en su abogado.

El juez Peinado emitió un auto durante esta semana informando a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo sería ante un tribunal popular. Esto implica que ciudadanos seleccionados mediante sorteo serían los encargados de decidir sobre su culpabilidad. Además, el magistrado ordenó que, junto a los demás imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, también convocados, se presentaran en el juzgado este sábado para comunicarles esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados; todos delegaron en sus abogados. La citación duró casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. En cambio, las acusaciones particulares —como Hazte Oír y Vox— pidieron que la investigación continúe y que se convoque como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que adopte, ya sea para continuar o archivar la causa, podrá ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial.

Peinado estaba de guardia este sábado y cumplía 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, al alcanzar la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, justifica su petición de archivo de la causa alegando que la esposa de Sánchez no participó en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho argumentó que la decisión de Gómez de no asistir al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En dicho documento se especifica que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Por lo tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por ende, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado marcó la quinta vez que Gómez fue citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid desde que el magistrado comenzó a investigarla, en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. En la misma hora también fueron convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia desde 2021 hasta 2023, de quien depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en las inmediaciones en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. Por la zona también circuló un camión pequeño con una pantalla grande que mostraba imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado sostiene que hay indicios de delito en las funciones que realizó la asesora de Gómez porque, mediante correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, durante su horario laboral habría enviado estos correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha comentado que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o de amigos. “Si su tesis es que incluir una posdata en un correo constituye un delito de malversación, se deben considerar las horas laborales, porque es muy habitual que entre a las 10:00 y salga a las 22:00, y creo que no hay prohibición alguna para que durante su tiempo libre envíe correos. No concurren en absoluto los requisitos del delito de malversación; ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado especificó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún están pendientes en esta causa, incluyendo la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos presentados por Juan Carlos Doadrio, antiguo vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, quien codirigió una cátedra extraordinaria sin recibir remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra ocasión, el 10 de septiembre, que en algunos casos solicitó como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la extensa actuación del juez ha sido muy criticada. Ha incurrido en excesos que han sido corregidos por diversas instancias superiores, y varias de sus resoluciones han coincidido temporalmente con momentos políticos complicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado repetidamente la falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas. También las acusaciones populares han solicitado que el juez fundamentara más una imputación para evitar que la Audiencia Provincial de Madrid la desestimara.

La actual investigación por malversación —que es una pieza separada— se inició el 10 de marzo de este año. En los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no estaban en la diana de Peinado por este delito.

El juez apuntó a La Moncloa ese mismo 10 de marzo, dirigiendo su atención hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había sido secretario general de Presidencia cuando Álvarez fue designada como asesora. En abril, el magistrado acudió a La Moncloa para interrogar al ministro como testigo. Bolaños, que tiene fuero y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo, declaró que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó dos quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, las cuales aún se investigan.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición que dirigió al alto tribunal, acusándole no solo de malversación, sino también de falso testimonio por presuntamente haber mentido durante su interrogatorio como testigo. Sus intentos se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera contundente: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado provocan una inmediata reacción del Gobierno, que percibe en ellos un componente político y un aprovechamiento por parte de la oposición, especialmente el PP y Vox, para sostener su narrativa de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y dimitir.