Un informe del Ministerio de Hacienda señala «irregularidades» en los contratos obtenidos por Barrabés con la ayuda de Begoña.

La adjudicación se llevó a cabo con un criterio «arbitrario», resultado de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad» en beneficio de Barrabés –socio de Begoña Gómez– alterando las puntuaciones «injusta e ilegalmente» para, «incumpliendo la ley», otorgarle contratos públicos del Gobierno, perjudicando a otros licitadores. Estas son algunas de las contundentes conclusiones que se presentan en un informe pericial elaborado por un interventor y auditor del Estado a solicitud de la Fiscalía Europea. La serie de irregularidades detectadas queda ampliamente documentada en este informe que, para mayor infortunio del Gobierno de Sánchez, lleva el membrete del Ministerio de Hacienda, dado que la Intervención General del Estado se encuentra adscrita a dicho departamento.

Este informe, que revela en exclusiva OKDIARIO, ha sido enviado a la Fiscalía Europea. Es un nuevo documento pericial que describe de manera exhaustiva múltiples irregularidades en tres contratos de formación adjudicados por la empresa pública Red.es entre 2020 y 2021 a uniones de empresas lideradas por el Grupo Barrabés, por un total de 8,4 millones de euros. Se refiere a una compañía que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, respaldó con su firma en cartas de apoyo para que lograra significativas adjudicaciones de contratos públicos.

El informe, datado el 2 de agosto, analiza las licitaciones de «Formación de empleo juvenil para la economía digital» y «Servicio de formación para personas desempleadas», parcialmente financiadas con fondos del Fondo Social Europeo. Las adjudicaciones fueron otorgadas a la UTE compuesta por Innova Next SL (Grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School.

La investigación revela que Red.es aplicó cálculos irregulares que no coincidían con lo estipulado originalmente. También menciona que se excluyó a una empresa sin justificación adecuada. Además, se destaca que se puntuaron elementos que no figuraban en las bases del concurso, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas, lo que afectó negativamente a quienes no los incluyeron.

De acuerdo con el perito, la fórmula utilizada para valorar el precio de las ofertas incluía una «constante 5» –a todos se les daba un 5 sobre 10 de entrada– que reducía considerablemente las diferencias de puntuación entre ofertas económicas y más costosas, desalentando la competencia. El informe concluye que, a pesar de establecerse nominalmente un 60% de peso para criterios de precio frente al 40% técnico –puntos por calidad–, la distribución real era del 42,86% económico y 57,14% técnico debido a las fórmulas utilizadas.

Otra de las irregularidades más graves identificadas es que la valoración técnica fue realizada por la Mesa de Contratación cuando legalmente debería haber correspondido a un Comité de Expertos.

«Lo anterior implica que los Pliegos, en lugar de aportar certidumbre al proceso, han transmitido información errónea a los licitadores», concluye el perito, quien considera que podría constituir «un fraude de Ley» para eludir la normativa sobre Comités de Expertos.

El director de Economía Digital Luis Prieto firmó los informes de valoración técnica utilizando como referencia constante las ofertas de la UTE adjudicataria, práctica que el perito califica de «no usual» y «no razonable». Los informes incluían «numerosas referencias» que «enfatizan la alta calidad» de las propuestas de la UTE relacionada con Barrabés, que precisamente tenía interés Begoña Gómez.

Criterios opacos

La valoración se realizó mediante plantillas que no figuraban en los pliegos públicos, vulnerando el principio de transparencia. Los licitadores no conocían los elementos específicos que serían valorados y su peso relativo en la puntuación final.

Particularmente problemático resulta que se valoraron positivamente elementos no contemplados en los pliegos, como los currículos de profesores o las denominadas «cartas de apoyo» de empresas como Microsoft, IBM y Amazon. Estas cartas, según el informe, eran meras «declaraciones de intenciones que no obligan a nada», pero fueron consideradas «acuerdos» en la valoración técnica.

El porcentaje de ofertas excluidas por «baja calidad técnica» fue inusualmente elevado: 55,6% en el lote 1 del primer expediente, 41,7% en el lote 3, y 65% en el segundo expediente.

Una exclusión irregular

El informe documenta la exclusión irregular de la UTE AWAKELAB por presunta baja calidad desproporcionada. A pesar de que la empresa presentó justificación en plazo, Red.es informó inicialmente que no había recibido documentación alguna debido a una «incidencia informática».

El análisis posterior del perito concluye que «la motivación que se da en el informe y que asumió el Presidente de la Mesa sin reunir la Mesa es inadecuada e insuficiente».

La exclusión se formalizó prescindiendo de las normas esenciales de formación de voluntad de los órganos colegiados, lo que, según el perito, podría acarrear «causa de nulidad de pleno derecho».

Sin planes de igualdad

Otro aspecto controvertido es la exigencia de Planes de Igualdad a empresas sin obligación legal de tenerlos, una práctica que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera discriminatoria. El informe concluye que no está demostrado que las integrantes de la UTE adjudicataria dispusieran efectivamente de tales planes, presentando únicamente un «borrador» creado después del plazo de presentación de ofertas.

El análisis técnico también reveló que ciertos documentos de valoración fueron aparentemente modificados con posterioridad a las fechas de los informes técnicos y a las reuniones de la Mesa de Contratación, aunque la Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO determinó que no hay evidencia de alteración del contenido.

La Fiscalía Europea, liderada por Ignacio de Lucas, investiga estos hechos en el marco de un procedimiento opaco que busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos europeos destinados a la formación digital y el empleo juvenil. El caso ilustra los riesgos de la contratación pública cuando los mecanismos de control y transparencia no funcionan adecuadamente, comprometiendo la eficiente utilización de recursos públicos y europeos.