La reciente advertencia emitida por Consumo a las inmobiliarias respecto a la “ilegalidad” de cobrar comisión por la gestión a los interesados en arrendar una vivienda ha generado un debate relevante en el sector. Esta determinación destaca la importancia de proteger los derechos de los arrendatarios y garantizar la transparencia en las prácticas comerciales. La prohibición de cobrar comisiones a los inquilinos es un paso significativo hacia la regulación justa del mercado inmobiliario, evitando así posibles abusos y asegurando una mayor equidad en las transacciones. Es fundamental que las inmobiliarias ajusten sus políticas para cumplir con la normativa vigente y brindar un servicio ético a quienes buscan un hogar en alquiler.
Consumo advierte a inmobiliarias: es ilegal cobrar comisión por gestión de arrendamiento
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una advertencia a las inmobiliarias este viernes, señalando que es ilegal cobrar una comisión por la gestión a las personas interesadas en arrendar una vivienda. La Dirección General de Consumo ha iniciado una investigación y ha notificado a diversas mercantiles inmobiliarias que no pueden cobrar una comisión por sus servicios a los inquilinos.
Vecinos de Ermita del Santo protestan por la llegada de torres con 500 viviendas y sin equipamientos
En otra noticia, vecinos de Ermita del Santo han mostrado su descontento por la llegada de torres con 500 viviendas y la falta de equipamientos en la zona.
La compraventa de viviendas cae en Madrid un 16% durante 2023
Por otro lado, se ha reportado una disminución del 16% en la compraventa de viviendas en Madrid durante el año 2023.
El Ministerio ha detectado que algunas empresas han estado obligando a los interesados en arrendar una vivienda a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, equivalente a un mes de alquiler más un 21% de IVA. Esta práctica va en contra del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La ley establece que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato deben ser responsabilidad del arrendador, por lo que imponer este tipo de cargos a los arrendatarios podría considerarse abusivo. Las infracciones a esta normativa son consideradas faltas graves y pueden acarrear multas entre 10.001 y 100.000 euros, e incluso superar estas cifras hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
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