El juez lleva a juicio a los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por corrupción y pertenencia a una organización criminal.
-
- 29 de septiembre de 2025
La Audiencia Nacional ha emitido un auto que envía a juicio a los exdiputados del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui por su implicación en una trama que logró contratos millonarios de obra en Argelia a cambio de comisiones. Ambos exdirigentes populares son acusados de aprovechar sus cargos públicos para contactar con autoridades internacionales, facilitando presuntamente acuerdos sospechosos. Se enfrentarán a cargos por corrupción en transacciones comerciales internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal.
Esta decisión fue tomada por el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, mediante un auto dictado el pasado lunes, al que tuvo acceso El Confidencial. Esto responde a un extenso escrito firmado el 11 de septiembre por el fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, que en 228 folios detalla las actividades de De la Serna y Arístegui, a quienes reclama un total de 21 años de prisión por los cuatro delitos.
El auto del juez Pedraz tiene como objetivo a un total de 23 personas —entre las que también se encuentra el hijo de Arístegui— además de cinco empresas, entre ellas Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), un actor clave en esta investigación. Para varios de los imputados, que no incluyen a los exdiputados del PP, el juez añade en su auto la acusación de blanqueo de capitales.
Según lo expuesto por la Fiscalía en su escrito, De la Serna era funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui era diplomático de carrera, además de haber sido portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores. En 2009, ambos denunciados acordaron ofrecer servicios de asesoría y consultoría a empresas que, debido a su volumen de negocio, estuviesen interesadas en ampliar su presencia internacional. Estipularon cobrar por esa labor de asesoría a través de una cantidad fija mensual, conocida como iguala, y en caso de que su intervención lograse que la empresa obtuviese un contrato con entidades públicas o gobiernos extranjeros, recibirían una comisión a cambio. “Para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional, se valieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ocuparon hasta 2016, especialmente en sus funciones y actividades institucionales a nivel nacional e internacional”, expone la Fiscalía.
TE PUEDE INTERESAR
D. Fernández
El Ministerio Público argumenta que su rol como funcionarios era el factor distintivo y motivador para que las empresas aceptaran ser clientes y pagaran los honorarios previamente establecidos, ya que en el caso de las igualas se trataba de sumas de dinero que las empresas abonaban sin contraprestación mientras no lograran mantener un contrato con entidades públicas o gobiernos extranjeros, que era el fin y objetivo de las empresas.
Las investigaciones se enfocan en el periodo que va entre 2009 y 2016. Durante ese tiempo, se sostiene que De la Serna y Arístegui compaginaron presuntamente esta labor de asesoría con sus funciones como diputados y en el caso de Arístegui también como embajador durante el gobierno de Mariano Rajoy en India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután.
TE PUEDE INTERESAR
Roberto R. Ballesteros
Para atraer empresas clientes, firmaron contratos de agencia con intermediarios que conseguían clientes para ellos. Uno de esos intermediarios logró que Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo Energético SA se convirtieran en sus clientes. “Para que las empresas españolas –explica el fiscal– lograran contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui utilizaron personas que poseían la capacidad de acceder a autoridades y funcionarios públicos en cada país, quienes, mediante el pago de comisiones, podían favorecer a las empresas españolas”.
Esta parte de la investigación se centra en Argelia, donde contaron con la colaboración de un individuo llamado Cristóbal Tome, fallecido en 2016, y su hermano José Luis. Eran “quienes gozaban de influencia sobre las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos”. Por su labor de intermediación para las empresas españolas, los Tome cobraban unos honorarios que se utilizaban para pagar las comisiones a las autoridades argelinas.
Dos proyectos millonarios
Según la Fiscalía, todo esto era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio.
Las pesquisas abarcan al menos dos adjudicaciones. Una es el proyecto para la construcción de una Estación Desaladora de Souk Tleta, valorado en 250 millones de euros, adjudicado en enero de 2009 a Elecnor por el Ministerio de Aguas y la firma pública argelina Algerienne Des Eaux (ADE). La segunda es el proyecto de construcción del Tranvía de Ouargla, adjudicado en junio de 2013 a la Unión Temporal de Empresas formada por Elecnor junto a Assignia y Rover Alcisa, por un importe de 230 millones, por el Ministerio de Transporte y la empresa pública argelina Entreprise du Metro d’Alger (EMA).
La Fiscalía concluye que los investigados “se concertaron para la consecución, mantenimiento y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la total falta de mecanismos y procedimientos de prevención del delito que tenían las empresas involucradas”.
La Audiencia Nacional ha emitido un auto que envía a juicio a los exdiputados del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui por su implicación en una trama que logró contratos millonarios de obra en Argelia a cambio de comisiones. Ambos exdirigentes populares son acusados de aprovechar sus cargos públicos para contactar con autoridades internacionales, facilitando presuntamente acuerdos sospechosos. Se enfrentarán a cargos por corrupción en transacciones comerciales internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal.