Los sectores más conservadores del PP tienen reservas sobre el enfoque contundente hacia la inmigración | España

“Si yo fuera Vox, también estaría preocupado”, indicó con ironía la vicesecretaria de Coordinación sectorial y responsable del plan de inmigración del PP, Alma Ezcurra, desde la calle Génova este lunes. La dirigente madrileña, que ha ganado influencia rápidamente en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, se mostró satisfecha con el enfoque del PP hacia un plan de inmigración más estricto, argumentando que Vox teme que el PP compita en su terreno con propuestas más serias.

“Cuando un partido”, en alusión a Vox, “toma un tema y lo manipula para captar votos de manera torticera, y otro partido [el PP] presenta una propuesta viable, de Estado, ordenada, legal y humana; eso debería preocuparles”, argumentó Ezcurra. No obstante, esta idea genera escepticismo dentro del PP, a pesar de que todos los barones hayan respaldado la declaración de Murcia que establece un cambio en la postura sobre inmigración. Los sectores más moderados del partido temen que el endurecimiento del discurso del PP sirva para dar protagonismo a Vox, que siempre podría ir más allá que el PP.

El debate interno favorece a la facción más dura, aunque los moderados esperan que al menos el PP no insista en colocar la inmigación en el centro del debate. Admiten que era necesario que el PP presentara un plan detallado sobre un asunto que, según las encuestas, preocupa a muchos españoles, pero desconfían de que sea una estrategia adecuada entrar en el campo de Vox.

Además, estos sectores consideran “excesivas” algunas medidas del plan, como la propuesta que establece que solo los inmigrantes “en búsqueda activa de empleo” puedan percibir el ingreso mínimo vital (IMV), tal como se menciona en el texto de la declaración de Murcia. Feijóo, en su discurso en Murcia, rechazó que “cualquier inmigrante irregular pueda empadronarse y solicitar el ingreso mínimo vital”, aunque en la práctica, se requiere tener residencia legal continua durante al menos el año previo a la solicitud para acceder al IMV.

La estrategia del PP parece situarse en un punto intermedio entre las posturas del PSOE y Vox. Sin embargo, desde hace un año, el PP ha ido endureciendo su propia postura política, acercándose más al partido de Santiago Abascal, proponiendo más restricciones para regularizaciones, favorecer a “culturas” afines y facilitar la expulsión de extranjeros delincuentes.

Paralelamente, la propuesta del PP ha intensificado su conflicto con Vox, no tanto porque cuestionen por completo el enfoque de los ultraderechistas respecto a la inmigración —el PP ha adoptado su idea de vincular inmigración y delincuencia—, sino porque han entrado en competencia por ese tema. “La solución no es ni regularizar a todos ni echar a todos al mar”, expresó el líder del PP, caricaturizando la postura tanto de los socialistas como de los ultras. Abascal respondió indignado, acusando al PP de “demonizarles con mentiras y manipulaciones”, y los principales dirigentes de Vox se han embarcado recientemente en una batalla con los populares a través de la red social X.

A pesar de las preocupaciones de los sectores moderados del PP sobre centrar la atención en Vox y jugar en su terreno, en Génova argumentan que la prueba de que su estrategia es correcta radica en que el Gobierno progresista no ha lanzado un ataque frontal contra ella, debido a que “saben que su electorado la respalda”, aseguran fuentes de la cúpula popular. “No pueden apoyarla porque perderían el respaldo de los partidos con los que comparten el Consejo de Ministros o intereses parlamentarios. Pero son conscientes de que nuestra postura no solo se alinea con la de los líderes europeos de todos los partidos, sino que cuenta además con el respaldo de una buena parte de los ciudadanos que previamente votaron a Pedro Sánchez”, argumentan desde la dirección del PP.

El reto para el PP, después de haber unificado a sus barones en una declaración de máximos, es mantener un discurso único sobre la inmigración que contemple las diversas sensibilidades internas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió una retórica muy dura hacia los extranjeros, alertando sobre la presencia de inmigrantes en “manada” dedicados a delitos como el robo a personas mayores y jóvenes. Ayuso subrayó que la inmigración hispanoamericana “no es inmigración” y abogó por la asimilación cultural de otros extranjeros. “Lo de solo trabajar no me sirve. Quiero que [el inmigrante] sea uno más en todos los aspectos. No puedes ser solo mano de obra”, argumentó, refiriéndose a “países con integraciones más complejas, donde se practica la ablación, se producen matrimonios infantiles” o no se habla español.

La responsable del plan, la vicesecretaria Alma Ezcurra, detalló el lunes seis criterios para “objetivar” la adecuación de los inmigrantes que busquen una residencia legal en España. “Formación, experiencia, idioma, edad, capacidad de cubrir ocupaciones en escasez y los vínculos previos con el país”, comentó. Según Ezcurra, los marroquíes no enfrentarían dificultades significativas en este sistema. “A excepción del idioma y quizás los vínculos previos, un marroquí puede cumplir los mismos criterios que un colombiano, un chino, un filipino o un guineano. No veo problemas con Marruecos”, razonó. En cualquier caso, la vicesecretaria reconoció que su modelo “está por construir” y, por lo tanto, “las cuestiones no están perfectamente definidas”.

Mientras tanto, desde el Gobierno enfatizan que el plan del PP es “inconstitucional”, según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El Ejecutivo de coalición progresista es una excepción en Europa, pues ha optado por un enfoque positivo hacia la inmigración. La semana pasada, en Nueva York, Pedro Sánchez manifestó en diversos foros, especialmente en entrevistas, que España es un claro ejemplo de que los discursos antiinmigración de Donald Trump y de la derecha y ultraderecha europea no se basan en la realidad. Durante su mandato, han llegado a España dos millones de inmigrantes, el desempleo ha disminuido considerablemente, la economía ha crecido y los índices de delincuencia se han mantenido estables e incluso han bajado en algunos casos. En esta línea, Financial Times publicó un editorial el fin de semana que afirmaba que España es la economía más destacada de Europa, especialmente gracias a la inmigración.

La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, también rebatió enérgicamente el plan del PP, afirmando que “en algunos aspectos está incluso por delante de Vox en lo relativo a ultraderecha”. Sáiz dio detalles en La Sexta sobre todas las medidas del PP, para demostrar que se fundamentan en premisas erróneas. Por ejemplo, aclaró que el ingreso mínimo vital no se recibe inmediatamente después de llegar a España. “El 83% de los hogares que reciben el IMV son españoles, y más del 40% de los beneficiarios son niños y niñas. Para acceder al IMV, es necesario haber residido legalmente de manera ininterrumpida durante más de un año. Asimismo, para otras prestaciones de la Seguridad Social, se requiere haber cotizado al menos un año. Se trata de desmentir el mito de que ‘aquí vienen a cobrar una paguita’”, aseguró. Además, argumentó que los visados por puntos “no tienen cabida en la normativa comunitaria o española sobre visados; son contrarios a los valores constitucionales y discriminatorios”, enfatizó la ministra.

Así, el Gobierno se determina a mantener un enfoque positivo hacia la inmigración y a contrarrestar toda la información negativa que se difunde, confiando en poder enfrentar la creciente ola antiinmigración que muestran los sondeos y que creen que beneficia considerablemente a la ultraderecha, lo que hace que les resulte incomprensible que el PP se sume a esa narrativa.