Vecinos de Rivas se preparan para demandar a la promotora de sus viviendas por solicitarles ahora 20.000 euros adicionales a lo acordado.

Vecinos de Rivas preparan una demanda contra la promotora de sus pisos por pedirles ahora 20.000 euros más de lo acordado. Esta situación ha generado gran malestar entre los residentes, quienes se sienten afectados por esta inesperada solicitud de dinero adicional. La comunidad ha decidido tomar acciones legales para defender sus derechos como compradores de viviendas en este complejo residencial. La decisión de la promotora ha desencadenado un clima de tensión en la zona, y los vecinos han expresado su indignación ante esta práctica abusiva. Se espera que el proceso legal arroje luz sobre este conflicto y se restablezca la confianza en la relación contractual entre ambas partes.

Vecinos de Rivas demandarán a promotora por exigirles euros extras en pisos

Decenas de vecinos de Rivas Vaciamadrid adquirieron sus viviendas sobre plano a un precio determinado en el contrato inicial. Sin embargo, al recibir las llaves de sus hogares por parte de la promotora 'Promored', se vieron sorprendidos al ser requeridos a abonar 20.000 euros adicionales, un sobrecoste que no estaba contemplado en el contrato de compraventa.

Ante esta situación, algunos de los afectados accedieron a pagar la cantidad extra exigida, pero alrededor de una treintena de vecinos se han negado y se encuentran preparando una demanda legal. Consideran que no están obligados a satisfacer dicho sobrecoste y se sienten engañados por la promotora.

La polémica afecta a un total de 254 apartamentos situados en la avenida José Hierro de Rivas Vaciamadrid. Los pisos debían haber sido entregados en diciembre de 2023, sin embargo, los compradores denuncian que la promotora estaría reteniendo las viviendas como medida de presión para forzar el pago del sobreprecio.

Rivas Vaciamadrid se encuentra en la búsqueda de consejeros de barrio entre sus vecinos, quienes se encargarán de tratar con el Gobierno local en relación a este conflicto. La situación ha generado malestar e incertidumbre entre los afectados, quienes ven vulnerados sus derechos como compradores de vivienda.