Es una afirmación falsa y carente de apoyo científico, además de ser ilegal.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado de forma categórica la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, a instancias de Vox, que busca obligar a los profesionales sanitarios a informar a las mujeres que deseen abortar sobre un supuesto «síndrome postaborto». “No es legal, y los profesionales obligados a mentir pueden denunciarlo”, ha advertido en una entrevista en La Ventana de Madrid de la Cadena SER.

Una dolencia inexistente según la evidencia científica

La propuesta que ha sido aprobada en el consistorio madrileño sostiene que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo pueden experimentar depresión, alcoholismo o autolesiones. Sin embargo, expertos como la psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado y la subdirectora de SEDRA – Federación de Planificación Familiar desmienten la existencia de este síndrome, considerándolo un acto de “acoso y extorsión hacia las mujeres”.

En la entrevista, García fue contundente: “El aborto no incrementa el riesgo de trastornos mentales. Es una mentira y un bulo. Lo que buscan PP y Vox es desinformar y generar miedo sobre un derecho que se ha conquistado hace años”.

Críticas a la estrategia del PP en Madrid

Al ser consultada sobre el apoyo del Partido Popular a la propuesta, García apuntó que “se han mimetizado con la ultraderecha, ahora son indistinguibles” y acusó al alcalde Almeida de “reproducir los mismos mitos y bulos” que Vox. Según la ministra, esta medida se inserta en una “cruzada internacional contra los derechos de las mujeres y su emancipación”.

Legalidad en duda y posibles recursos judiciales

García anticipó que el Gobierno está analizando el marco jurídico y aseveró que la medida no tiene respaldo en la ley de salud sexual y reproductiva de 2023 ni en ninguna otra normativa vigente: “No se trata de informar, sino de desinformar. Ninguna ley lo permite”. En este sentido, enfatizó que los profesionales de la salud no pueden ser forzados a difundir información inexacta: “No es objeción de conciencia, es que no se puede obligar a un profesional a mentir ni a atemorizar a las mujeres”.

El reto pendiente: garantizar el aborto en la sanidad pública

La ministra también recordó que el 78 % de los abortos en Madrid se realizan en centros privados y solo un 22 % en el sector público. “La ley de 2023 establece que el aborto debe llevarse a cabo preferentemente en el sistema público, que es el que asegura igualdad y calidad. Estamos preparando un informe para evaluar qué comunidades cumplen con la normativa y cuáles la evaden”, explicó.

García concluyó afirmando que el Gobierno “utilizará todos los recursos legales a su disposición para evitar retrocesos” y reafirmó que “las mujeres no volverán a ser tratadas como menores de edad ni sometidas a mitos ideológicos”.