«Comerciando con los especuladores»: cuando el Estado subasta la vivienda pública que alquilas.

Al mismo tiempo, en la misma ciudad, un grupo de inquilinos interrumpía una subasta organizada por otro ente público: la Tesorería General de la Seguridad Social. «Estamos aquí para denunciar públicamente la subasta de nuestras viviendas y exigir que todas las propiedades de la Tesorería permanezcan en el parque público y se conviertan en alquiler social permanente«, leía un portavoz de los vecinos. «Desokupa, desokupa», coreaban los postores presentes en la subasta. Entre insultos y amenazas, los vecinos fueron finalmente escoltados fuera del edificio, y la venta continuó su curso.

Sindicato de Inquilinas de Madrid: «Mucho anuncio, pero a la hora de la verdad no les tiembla el pulso para sumarse al negocio de los especuladores»

Dos perspectivas opuestas. «No logramos entender cómo pueden coexistir estas dos posturas en un solo gobierno. ¿Cómo puede alinearse la venta de propiedades de la Tesorería con el discurso ministerial sobre la protección y promoción del parque público?», denuncia Pablo Pérez, representante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en conversación con Público. «Es un escándalo, una total incongruencia», añade Pérez. Otra muestra de la hipocresía del gobierno. «Muchos anuncios, pero a la hora de la verdad no les tiembla el pulso para unirse al negocio de los especuladores. Y usando lo que dicen defender: la vivienda pública», sentencia el activista.

Una situación que arrastra a decenas de afectados. En este caso, 28 familias. «En abril del año pasado, recibimos una carta de la Tesorería notificando que debíamos abandonar el apartamento porque lo iban a vender», recuerda Lourdes, vecina de Fernando el Católico, 12. Luego de 14 años viviendo allí, se vio obligada a dejar su hogar. Sin ninguna opción viable. O solo una poco factible: comprar el departamento. «Es una casa vieja de unos 70 metros, y tras la tasación, me pedían 479.000 euros», asegura la inquilina. Una oferta atractiva, en comparación con los precios que la entidad ha ofrecido a otros vecinos: más de un millón de euros. «Somos familias trabajadoras. Es inasumible y ellos lo saben», critican los afectados.

¿Qué hace la TGSS gestionando viviendas?

Todo tiene su historia. En 2005, durante el gobierno de Zapatero, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) con el fin de proporcionar alquileres asequibles y fomentar la emancipación juvenil. La sociedad comenzó a funcionar, adquirió viviendas y firmó contratos de arrendamiento con muchas familias. En 2012, un cambio de gobierno llevó al entonces Ministerio de Fomento, bajo la dirección de Ana Pastor, a implementar un plan de recortes que afectó a 27 entidades estatales, incluida la SPA. Sus viviendas quedaron en un limbo.

La titularidad recayó, casi por azar, en la Tesorería General de la Seguridad Social, que nunca asumió sus responsabilidades como arrendadora. Sin obras de rehabilitación, sin mantenimiento de las áreas comunes, ni renegociación de contratos. «En mi edificio, muchos departamentos quedaron vacíos. Otros inquilinos se han ido con el tiempo. Y aún quedan algunos con contratos de renta antigua que no se pueden desalojar, e incluso un par que lograron adquirir sus propiedades», explica Lourdes. También queda un grupo que atestigua la existencia de la PSA. Un grupo de inquilinos con contratos de alquiler convencionales. «El cambio de titularidad no afectó nuestros contratos, que se han ido renovando automáticamente año tras año», relata la inquilina. Con las actualizaciones de precios correspondientes al IPC. «Para cobrar sí que han estado. Ahora pagamos un 30% más», reprocha la vecina, superando los 1.000 euros mensuales.

Pablo Pérez, activista por la vivienda: «Además de que salen del circuito público, no los está comprando gente que los vaya a usar para vivir»

«Los precios están muy por debajo de lo que se observa en nuestras áreas», puntualiza la vecina. Pacífico, Lavapiés, Quevedo, Chamberí. «Estos son barrios que están en la mira de todos los fondos e inversores, que, no nos equivoquemos, son los que están acaparando las viviendas que vende la Tesorería», apunta Pérez. Pasando de enriquecer el parque público a alimentar el ciclo de la especulación. Lo confirman las propias vecinas. Pisos divididos y alquilados por habitaciones, estancias turísticas, reventas a precios cada vez más altos. «No los está comprando gente que los vaya a usar para vivir. Es un negocio puro. Un nuevo ejemplo de una administración pública actuando como un fondo buitre más», resume el activista.

Desahucios invisibles

No renovar contratos y amenazar a los vecinos con desalojos tiene un nombre: desahucios invisibles. Ante las amenazas de la Tesorería, los vecinos han dicho basta, apoyándose en la estrategia destacada del Sindicato de Inquilinas: Nos quedamos. «Estiman que la TGSS administra alrededor de 800 casas vacías. Y decide vender justo las nuestras«, protesta Lourdes. «No nos iremos sin luchar. Defenderemos nuestras casas, nuestras vidas. No es normal que, con tanta escasez de vivienda pública y tantas casas vacías, nos echen después de décadas cuidando nuestros pisos», manifiesta la inquilina.

Han intentado negociar con la Tesorería. «Y también con el Ministerio de Vivienda y el de Seguridad Social», aclara la vecina. Sin éxito. «Nos dicen que la Tesorería desea vender estos activos para sanear sus cuentas. Pero la vivienda no es un activo financiero para obtener rentabilidad», denuncia Pérez. «No entendemos por qué un gobierno que habla de crear una Empresa Pública de Vivienda y fomentar la vivienda pública no actúa sobre las propiedades que ya posee», cuestiona el activista. «Deben elegir. O con el derecho a la vivienda o con las tácticas de especulación.»

Lourdes, vecina afectada: «La TGSS administra unas 800 casas vacías. Y decide vender justo las nuestras»

Público ha contactado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al de Vivienda y Agenda Urbana, para preguntar cuántos inmuebles de titularidad pública gestiona la TGSS, cuántos están habitados y cuáles están en proceso de subasta. También se ha indagado sobre el motivo de estas ventas y la posibilidad de considerar un traspaso de titularidad a la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Por último, este diario ha querido saber si se ofreció alguna alternativa residencial a las familias. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.