Madrid considera que el registro de objetores no es efectivo.

La Comunidad de Madrid cumplirá con la normativa que exige a las autonomías establecer un registro de médicos objetores al aborto. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, fue clara al declarar: «Madrid tendrá un registro, pero esa lista no puede utilizarse para señalar a nadie». Esta afirmación se dio durante un encuentro con periodistas, donde no eludió la controversia sobre el aborto y el debate reciente en el Ayuntamiento de Madrid acerca del llamado «síndrome postaborto».

Matute detalló que, en cumplimiento de la legislación estatal, la Comunidad ya ha implementado dicho registro, aunque puso en duda su utilidad práctica. «El registro existe, pero como herramienta de gestión es ineficaz. Sería más provechoso tener una lista de quienes efectúan la intervención para saber con qué recursos cuento. Aun así, como consejera, mi deber es doble: asegurar el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y proteger el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia», afirmó con firmeza. La responsable de la sanidad madrileña enfatizó que la objeción es un derecho fundamental del personal sanitario «que puede ejercerse en cualquier momento y sin represalias». «Yo puedo estar en un registro y, llegado el momento, optar por cambiar de parecer. Nadie puede obligarme. Lo que no permitiré es que esa lista se convierta en un instrumento punitivo», advirtió.

La consejera destacó que en Madrid se respeta la legislación vigente: «En esta comunidad se cumple con rigor la ley. Es una obligación legal informar a la mujer. Otra cuestión es que no desee leer la documentación, pero el derecho a la información existe y se respeta».

Según la consejera, el debate se está utilizando de forma «punitiva y para generar polémica», en lugar de enfocarse en lo fundamental: campañas de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos no deseados y apoyo a la maternidad y la paternidad. «El aborto, en cualquiera de sus circunstancias, es un fracaso: si es por riesgo para la vida de la mujer, es un drama; si es espontáneo, también lo es; y si es por un embarazo no deseado, igualmente. Y el 63% de los abortos se deben a esta última causa. Ahí es donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos», subrayó.

Este debate surge tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de PP y Vox, de una iniciativa para informar a las mujeres sobre el supuesto «síndrome postaborto». Un término que carece de reconocimiento científico, como admitió días más tarde el alcalde José Luis Martínez-Almeida, pero que provocó una intensa controversia política en la capital madrileña.

Sobre este tema, la consejera adoptó una postura cautelosa: «No sé si ese es el nombre más adecuado, pero hay estudios que describen secuelas físicas y psíquicas tras un aborto, al igual que tras uno espontáneo. Eso no implica que todas las mujeres las padezcan ni que deba utilizarse para estigmatizar, pero negar la existencia de esa literatura no es acertado». Matute también comparó la situación en Madrid con la de Ceuta y Melilla, bajo el Gobierno central, donde «todos los médicos son objetores y no se brinda solución a las mujeres que desean abortar».