Cada habitante de CyL tiene una deuda adicional de 523 euros

La Junta de Castilla y León ha formulado 12 alegaciones ante el Ministerio de Hacienda en oposición al anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

Es decir, están en desacuerdo con la condonación de la deuda acordada por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña tras el pacto entre el PSOE y ERC.

Desde el Gobierno autonómico, a través de un comunicado enviado a los medios, destacan que esta medida conllevará que «cada ciudadano de Castilla y León deba 523 euros más».

Por este motivo, han presentado estas alegaciones dentro del plazo establecido por el Ministerio en el trámite de audiencia.

Dicho documento reitera la «oposición de la Junta de Castilla y León» a la propuesta del Gobierno de España para la condonación de la deuda autonómica, un rechazo que, como recordaron, ya fue expresado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como en diversos encuentros técnicos y en la consulta pública previa.

En la misiva enviada, la Junta ha expuesto «12 puntos fundamentales». El primero se refiere a una norma con «motivación claramente política» que «es resultado del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos».

El segundo punto señala que el anteproyecto de Ley «no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas». En este sentido, indican que es solo un «parche aislado» que no incluye disposiciones para corregir la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas.

Reiterando este aspecto, aclaran que la prioridad debe ser la «reforma del modelo de financiación obsoleto desde hace 11 años, conforme a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad».

En la tercera cuestión destacan que la propuesta «menoscaba el principio de responsabilidad fiscal en la gestión pública», tal como se establece en el artículo 9 de la Constitución Española y en el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

«Cada administración debe asumir la responsabilidad de sus decisiones y las consecuencias que estas acarrean», señalaron. El cuarto punto indica que el anteproyecto «no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para asegurar que el endeudamiento se ajuste a las normas fiscales y promueva una disciplina fiscal efectiva».

En el quinto punto, denuncian que el Gobierno ha actuado «sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración en las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades», dado que no se ha llevado a cabo «un proceso de consulta y negociación multilateral con las diversas autonomías».

Así, han subrayado que se presenta como un «acuerdo ya cerrado» que busca «imponer a todas las comunidades».

En el sexto punto critican la medida por ser «injusta», ya que «genera agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario», algo que, a su juicio, infringe «los principios de eficiencia en la distribución de recursos y de lealtad institucional».

Además, en el séptimo punto, manifiestan su desacuerdo con los criterios de reparto establecidos por considerarlos «totalmente discrecionales», dado que redistribuyen de forma «injustificada» una parte de la deuda que asumirá el Estado basándose en criterios ajenos a los que rigen en el actual sistema de financiación.

Para la Junta, no se ha justificado el aumento del volumen de deuda que se pasará al Estado simplemente porque no se alcance el porcentaje medio entre las comunidades autónomas, dado que todas están infrafinanciadas.

Asimismo, han sostenido que se «perjudica» a las comunidades que han reducido impuestos «en favor de quienes los han incrementado, discriminando así a las que han ejercido su capacidad normativa generando ahorro fiscal a los ciudadanos, y que han seguido una política presupuestaria prudente».

«En ningún caso, los criterios de reparto se han establecido considerando qué parte del endeudamiento podría estar vinculado a un gasto ineficiente, ignorando las opiniones de expertos independientes y las recomendaciones de la AIReF», agregaron.

El octavo punto refiere al incremento de la deuda por ciudadano en Castilla y León a «523 euros más», mientras que el noveno subraya que la medida «no representa un flujo adicional de ingresos hacia las arcas autonómicas, ni tampoco generaría mayor capacidad de gasto para destinar a sanidad, educación o servicios sociales».

En esta línea, indican que el texto menciona que «para evitar el riesgo moral en la gestión autonómica, se aplicaría el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prohíbe que la reducción de la deuda de las comunidades autónomas se destine a aumentar el gasto social».

La alegación número 10 destaca que el anteproyecto incluye varias propuestas de cambio en el régimen de endeudamiento de las autonomías, siendo la «más relevante» la derogación de la obligación de destinar el endeudamiento a largo plazo a inversión pública.

De este modo, lamentan que se «intenta evadir el problema real de la insuficiencia de recursos que brinda el sistema de financiación autonómica». También defienden su postura contra la afirmación de que «hasta el año siguiente a la publicación del proceso de asunción de deuda, las administraciones autonómicas deben obtener autorización del Estado para formalizar cualquier operación de deuda a largo plazo».

En su punto 11, la Junta afirma que «no se logrará el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera» de las autonomías, y aclaran que Castilla y León «ya goza de un adecuado acceso a los mercados con los cuales se financia de manera ordinaria, al tener asignado un grado de solvencia financiera equivalente al del Reino de España».

Por último, consideran que la sostenibilidad financiera de las autonomías debe abordarse «de forma conjunta con la reforma del SFA, en un debate multilateral que garantice la igualdad en la distribución de recursos».

Además, han recordado que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha cuantificado el déficit acumulado de financiación en el SFA entre 2009 y 2021 en 6.722 millones, lo que implica más de 500 millones al año.