Begoña Gómez sostiene que no recibió remuneración, pero buscó transformar su cátedra en una consultoría para «empresas dispuestas a pagar».
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- 5 de octubre de 2025
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sostiene que nunca recibió compensación por dirigir su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual fue patrocinada por varias grandes empresas.
Sin embargo, Gómez sí intentó que este proyecto académico generara ingresos. De hecho, procuró transformar la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva TSC en una consultoría para empresas.
No obstante, no hay evidencia de que la UCM lo autorizara, y la idea no se materializó.
El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, sí planteó a los servicios legales de la UCM esta posibilidad, a solicitud de la asistente de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.
El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado.
El magistrado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revisara más de 100 correos electrónicos intercambiados entre la asesora de Moncloa y el exvicerrector.
Es en uno de estos correos donde Álvarez sugiere a Doadrio que la cátedra podría actuar como consultoría para empresas, en una fecha del 2 de junio de 2022.
Ese mismo día, el vicerrector reenviaba la consulta al vicegerente de Organización y Planificación de la UCM.
Según el informe de la UCO que examina estos mails, Doadrio cuestionó si la cátedra podría recibir pago «si prestara un servicio de consultoría a una empresa que pagara por ello«.
Fragmento del informe de la UCO sobre los ‘e-mails’.
«Días después, se recibió una respuesta parcial, recomendando elevar la consulta a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Centros) o a la Asesoría Jurídica», señala el dosier policial.
En el informe no hay constancia de una respuesta por parte de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad de convertir la cátedra en una consultoría. La propuesta nunca se llevó a cabo.
No obstante, fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL indican que el plan de Begoña Gómez para los años venideros, incluso cuando Sánchez ya no esté al frente del Gobierno, era reconvertir la cátedra y los proyectos asociados en una consultoría para empresas.
Según esta idea, estaría especializada en las mismas áreas que se desarrollaron en la UCM: asesoramiento a pymes (pequeñas y medianas empresas) en el ámbito del desarrollo sostenible.
En concreto, según estas mismas fuentes, se enfocaría en asesorar a pymes acerca del acceso a subvenciones públicas y ayudas en esta materia.
De hecho, Gómez posee la única titularidad de la empresa Transforma TSC SL, cuyo nombre es muy similar al de su cátedra extraordinaria. Y esta empresa, a través de su página web, ofreció —eso sí, de manera gratuita— una herramienta para que las pymes evaluaran su cumplimiento de los índices de desarrollo sostenible.
El juez Peinado también investiga si la esposa de Pedro Sánchez se apropió ilegalmente de esta herramienta, que es muy parecida al software desarrollado y financiado por varias empresas para la cátedra de la UCM.
Según estas mismas fuentes empresariales, Gómez deseaba seguir el ejemplo de varios dirigentes socialistas que, tras dejar la política profesional, se dedicaron a crear consultorías en el ámbito en el que trabajaron mientras cobraban un salario público.
Es el caso, por ejemplo, del exministro de Fomento José Blanco y su lobby Acento. O del exdiputado del PSOE Gaspar Zarrías y su Zaño Sociedad Consultora.
Juicio con jurado popular
Peinado ha informado a Gómez y a Álvarez que, de ser enjuiciadas, lo harán ante un jurado popular, es decir, por ciudadanos sin experiencia en Derecho, quienes decidirían sobre su inocencia o culpabilidad.
Esto se aplicará tanto en la pieza separada del caso en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados como en la rama del caso referente a la malversación.
Esto significa que ambas investigadas podrían enfrentarse a dos jurados diferentes, cada uno conformado por nueve personas.
El juez atribuye a Gómez y a Álvarez el delito de malversación por las gestiones que esta última realizó en beneficio de los negocios privados de Gómez, específicamente el envío de correos electrónicos relacionados con la cátedra, como los mencionados.
El informe de la UCO confirma que la asistente —cuyo cargo temporal está financiado con dinero público y está vinculado a la Presidencia del Gobierno— también participó en la gestión financiera de la cátedra.
Existen más e-mails firmados por Álvarez que los que se presentan en el informe de la UCO. Como reveló EL ESPAÑOL, llegó a solicitar, en nombre de Begoña Gómez, que la empresa Reale Seguros continuara financiando la cátedra.
En un escrito, el abogado de Begoña Gómez argumentó que ella nunca recibió dinero por dirigir su cátedra en la Complutense como uno de los motivos para refutar la malversación.
En la misma pieza principal, la empresaria también enfrenta investigaciones por presuntos delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida, relacionados con la supuesta apropiación del mencionado software desarrollado para la UCM.
La defensa de Gómez sostiene que nunca se lo quedó ni lo monetizó, y que lo registró a su nombre siguiendo meticulosamente las directrices de la Complutense.