Ayuso combate el robo de aceitunas: Madrid promulga leyes para frenar a las bandas que prosperan con el aumento del precio del aceite | Noticias de Madrid

La Guardia Civil toma medidas firmes para desmantelar una organización criminal. Se trata de la operación Kalabrea. En el año 2023, se detiene a 16 personas por el robo de 17.500 kilos de aceitunas en la comarca madrileña de Las Vegas. Este no es un caso aislado. Un año después, en 2024, se lleva a cabo la operación Telones, resultando en la detención de seis individuos y la investigación de once más por el hurto de 15.000 kilos de olivas en localidades como Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, Valdarecete, Brea del Tajo y Torres de la Alameda. Las mafias que se dedican a este tipo de delitos, impulsadas por los altos precios del aceite, logran obtener cientos de miles de euros. Por su parte, la Guardia Civil continúa su labor. Ante esta situación, el gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, está preparando un decreto para asegurar la trazabilidad de las aceitunas en la región con el fin de dificultar su venta ilegal.

“La situación de partida es paliar, en la medida de lo posible, la problemática surgida en los últimos años con los robos de aceitunas, ya sea en la explotación o durante su traslado a la almazara para su extracción, debido al alto precio alcanzado por el aceite de oliva en el mercado”, se expone en la documentación disponible en el portal de transparencia, consultada por este diario. “De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a finales de 2023 los precios del aceite de oliva virgen extra superaron los 840 euros por cada 100 kilogramos, mientras que hace tres años rondaban los 240 euros por cada 100 kilogramos”, se señala sobre el aumento de los costos de este producto, que alcanzó su máximo en enero de 2024 (casi nueve euros por kilo), estabilizándose por debajo de los cuatro euros al inicio de 2025, y empezando a repuntar ligeramente, según datos de la federación española de industriales fabricantes de aceite de oliva. Además, se añade: “[También se busca] cumplir con objetivos de calidad alimentaria, combatir el fraude y tratar de evitar el robo de productos”.

El gobierno regional no especificó, en respuesta a una consulta de este diario, cuántas aceitunas han sido robadas en la región en los últimos años, a pesar de que esta información es supuestamente la que justifica su proyecto. Tampoco la Guardia Civil, el ministerio del Interior ni la Delegación del gobierno en Madrid proporcionaron un resumen de estos robos tras las respectivas solicitudes de información.

Es evidente que Díaz Ayuso es consciente de los retos que enfrenta este sector. La presidenta regional ha establecido como costumbre inaugurar sus campañas electorales en una almazara de Villarejo de Salvanés. Allí, rodeada de botellas de aceite, expone sus propuestas para los pequeños productores y los productos de Madrid. Aunque Madrid no es Andalucía en términos de producción de aceitunas, sí tiene su propia industria.

Así, según el gobierno regional, Madrid cuenta con más de 20.000 hectáreas de olivares distribuidas en casi un centenar de municipios, concentrándose principalmente en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y Suroccidental. La producción anual promedio se sitúa entre 4 y 6,5 millones de kilos, cultivándose tanto variedades mayoritarias (cornicabra y manzanilla) como otras menos comunes (verdeja, carrasqueña, picual y gordal). Todas ellas se procesan en 18 almazaras, de las cuales siete solo producen aceite ecológico, según datos de 2024.

“El objetivo del presente decreto es aprobar una regulación de los documentos de trazabilidad de las aceitunas que permita verificar el origen y el destino de dicho producto durante su transporte y recepción, estableciendo la documentación necesaria que garantice la trazabilidad, así como las consecuencias de cualquier incumplimiento”, se detalla en la documentación publicada en el portal de transparencia por el gobierno regional.

Documentación obligatoria

Para cumplir con esto, los productores deberán mantener un registro de entrada y salida de las aceitunas sin transformar, así como completar un cuaderno de acompañamiento y trazabilidad de la aceituna (CATA), que también deberán conservar los responsables del lugar de destino del producto. Por su parte, el gobierno se compromete a realizar controles tanto sistemáticos como ocasionales. Y advierte: quienes incumplan podrán enfrentar sanciones administrativas, así como responsabilidades penales si se demuestra que hay robo de aceitunas.

La insistencia en la necesidad de documentación que certifique el origen y destino de las olivas está estrechamente relacionada con las recientes operaciones de la Guardia Civil para combatir las mafias dedicadas al robo de aceitunas en la región. Por ejemplo, en 2023, los agentes encontraron un vehículo con cinco personas que transportaban 140 kilos de olivas de origen dudoso. Es decir, presumiblemente robadas.

Una vez que se apruebe el decreto, ya no habrá zona gris: deberán poder especificar inmediatamente de dónde provienen las aceitunas y adónde se dirigen.