Madrid restringe áreas para instalaciones fotovoltaicas para salvaguardar viñedos y olivares.
La Comunidad de Madrid limitara al 4% el espacio de la región destinado a la instalación de plantas solares fotovoltaicas con el propósito de resguardar los cultivos tradicionales de vid y olivo, así como de conservar lo que se conoce como “mosaico agrícola-ganadero-forestal”. Esta información fue proporcionada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante un desayuno informativo en la sede de la Consejería, donde explicó los criterios técnicos que respaldan esta decisión.
La iniciativa, que ya fue mencionada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región, busca encontrar un equilibrio entre el avance de las energías renovables y la conservación del entorno rural. El Gobierno regional ha llevado a cabo un estudio para determinar las áreas donde se pueden instalar parques solares sin perjudicar el terreno agrícola ni la producción vinícola y olivarera, que son pilares económicos y culturales del medio rural madrileño.
“Los cultivos de vid y olivo no solo son fundamentales para la economía y el paisaje de la región, sino que también funcionan como una barrera natural contra los incendios forestales”, apuntó Novillo. Aunque esta restricción impedirá la realización de proyectos fotovoltaicos en el 96% del territorio, el consejero defendió que Madrid sigue teniendo una posición destacada en autosuficiencia energética.
El Gobierno regional ha identificado las zonas adecuadas para la implementación de energías renovables teniendo en cuenta criterios de interés comunitario, la calidad y productividad de los suelos agrícolas, la presencia de cultivos emblemáticos, la protección del patrimonio arqueológico y las concesiones mineras. A través de este enfoque, la Comunidad busca compatibilizar el fomento de la sostenibilidad energética con la conservación del paisaje agrario y la identidad rural de la región.
En su intervención, Novillo también criticó la planificación eléctrica 2025-2030 del Gobierno central, advirtiendo que podría poner en riesgo la construcción de hasta 60,000 viviendas en el sureste madrileño. El consejero ya comunicó su inquietud al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y ha anunciado que la Comunidad presentará alegaciones formales al documento.
Además, expresó su preocupación por las limitaciones en el suministro que imposibilitarán el desarrollo de aproximadamente una veintena de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) ya planeados en la región. Estos proyectos son estratégicos para España debido a su ubicación en las principales rutas de datos entre Europa y América. “Vamos a perder una oportunidad de futuro”, lamentó.
El consejero también aprovechó su discurso para reafirmar su oposición al cierre de la central nuclear de Almaraz, defendiendo la energía nuclear como una fuente “segura, eficiente y necesaria” dentro del mix energético. Comentó que muchos países europeos que cuentan con este tipo de instalaciones las están preservando, mientras que otros —como Polonia— buscan incorporarlas a su red. “No podemos permitirnos prescindir de una energía que garantiza estabilidad y competitividad”, concluyó.



