El reportero de los protocolos de la vergüenza comenta un informe crucial sobre las residencias que Ayuso intenta esconder.

En las recientes horas, el periodista Manuel Rico, quien ha ocupado el cargo de director en el diario Público, famoso por revelar los conocidos como protocolos de la vergüenza que evitaron el traslado de mayores de residencias en Madrid a hospitales durante la pandemia del Covid, mencionó un informe crucial que la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, había bloqueado.

Argumentando que la sala destinada a la presentación del documento no cumplía con los requisitos necesarios, el gobierno madrileño ha logrado eludir, una vez más, la discusión sobre una gestión que se encuentra en un trayecto judicial lleno de controversias. El informe que se analiza aquí, el “más completo” según el periodista, denuncia la falta de personal en los geriátricos, lo que impide que los mayores reciban el trato dignificante que merecen.

¿Qué revela el informe “más completo” sobre las residencias de Madrid?

Este documento ha sido creado por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Madrid y UGT. Su redacción comenzó en octubre de 2023 y concluyó en el verano de 2024.

Un total de 700 trabajadoras de estos centros documentaron las horas empleadas en sus funciones para determinar a cuántas personas podían atender dignamente con las 1.172 horas anuales estipuladas por el convenio; el informe también es contundente respecto a las residencias privadas, entre otros aspectos.

Los datos recabados, sobre los que el PP de Ayuso se niega a iluminar, indican que en la región capital, el 88,38% de las residencias son gestionadas por empresas privadas, mientras que solo el 11,62% dependen de administraciones públicas.

En lo que respecta a las ratios, el tema central del análisis, 8.820 trabajadoras atendieron a 20.123 plazas con financiación pública en Madrid, una situación que contrasta con el número de profesionales que se requerirían para evitar sobrecarga: 15.773. En otras palabras, casi el doble.

Marco legal obsoleto

El documento señala que las ratios actuales de personal en Madrid se basan en un marco legal de hace 30 años; de 1990. En esa época, la tipología de estos centros “era diferente” y “el porcentaje de grandes dependientes era mucho menor”.

Por lo tanto, se refiere a un contexto desactualizado cuyo análisis revela, en la actualidad, una situación de insuficiencia: 25 gerocultores por cada centenar de residentes no dependientes o 35 por cada 100 dependientes.

Para que el trabajo sea óptimo, debería haber 83 trabajadores por cada 100 residentes en un día, distribuidos en 37 en la mañana, 34 en la tarde y una docena en la noche.

Con estas cifras, los expertos coinciden en que la Comunidad de Madrid cuenta con 55.308 plazas para dependientes, de las que solo 6.430 son completamente públicas, 13.693 son públicas con gestión privada y el resto son privadas. En términos porcentuales, esto implica que el 93,28% de los centros para mayores son gestionados de forma privada, frente a un 6,72% que lo hacen de manera pública.

Esperanza Aguirre, tal como menciona el texto, promovió un plan para crear residencias de 180 plazas, con 63 concertadas, a un precio establecido mediante concurso público. La propia Ayuso ha continuado este camino con un proyecto para la construcción de 40 macrorresidencias y otros 40 centros de día de hasta 150 plazas que, por ahora, se mantiene publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y poco más.

“Antepone el negocio al bienestar”

Rico se expresa sin rodeos sobre el último veto del gobierno autonómico, en este caso a un acto propuesto por Más Madrid: “Las censuras son permanentes”, afirma, antes de detallar el contenido del documento.

“Lo crucial es lo que dice y lo que la Asamblea, controlada por el PP, no desea que se sepa”, sostiene el periodista. “La conclusión es devastadora”, enfatiza. “Es una situación que se presenta, no solo en Madrid, dado que hay un modelo que antepone el negocio de las empresas privadas al bienestar de las personas mayores (…)”: “Deberían fomentarse actos y comisiones para conocer la situación actual y cómo mejorar las condiciones de las personas mayores”.