Más de 60 ONG solicitan al Congreso de EE. UU. detener la intervención militar de Trump en el Caribe | Internacional

Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando el cese de la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las continuas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. También mencionan el “creciente riesgo de guerra” en la región, resultado de las operaciones que han destruido al menos cuatro lanchas provenientes de Venezuela, a las que el ejército acusa de estar involucradas en el tráfico de drogas. Según información compartida por la Casa Blanca, esos ataques han dejado un saldo de 21 muertos desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.

“El Gobierno de Trump no ha proporcionado una justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, sostiene la carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, ocurrirán más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin límites con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas resultarían probablemente devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la carta se encuentran organizaciones civiles, religiosas, de derechos humanos, así como sindicatos y centros de análisis de política exterior.

Según estas ONG, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, una normativa de 1973 que establece que para que el presidente movilice al ejército debe haber “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional provocada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que tales condiciones “claramente no se han cumplido” y piden al Congreso que ejerza “sus facultades para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También exigen que Trump, quien insinuó el domingo pasado que la ofensiva está a punto de entrar en una nueva fase terrestre, asuma “plena responsabilidad” por estos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto también solicita que se “compense a sus familiares”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región” y que se detenga el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso informando que el país había entrado en una guerra “no internacional” contra los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque, a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca explicaciones sobre la legalidad de los ataques y recordó que el Congreso debe autorizar al presidente para que estos se lleven a cabo.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela a la que se asegura que pertenecían las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. La Casa Blanca también acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) para quien pueda ofrecer información que conduzca a la captura de Maduro.

Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela desempeñan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína destinados a Estados Unidos transitan por Venezuela”, afirma el texto enviado al Congreso.

La carta llega al Capitolio en medio de la crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado estancado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reanudar la financiación del Gobierno.

Sin embargo, la minoría demócrata en el Senado planea forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), estaba programada para este miércoles. En el improbable caso de avanzar, impedirá que las fuerzas armadas estadounidenses lancen operaciones militares contra organizaciones no estatales sin la autorización formal del Congreso.