El Sindicato de Inquilinos acusa a Almeida por el colapso del edificio: “Desatendió todas las alertas”

El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, ha sido señalado como responsable del colapso del edificio en Hileras, 4, que ha resultado en la muerte de cuatro trabajadores. Grupos sociales y sindicatos de vivienda acusan al consistorio de haber “ignorando todas las advertencias” recibidas “en múltiples ocasiones” y de promover un modelo urbanístico que “ha dejado sin supervisión pública la seguridad estructural de la ciudad”. Esta situación “ya ha comenzado a causar muertes” y podría repetirse en otros edificios.

“Madrid se está desmoronando debido a un urbanismo privatizado que ya ha comenzado a cobrar vidas”, denuncia el Sindicato de Inquilinas, que identifica a Almeida como el principal culpable de una acción municipal que pone en riesgo tanto a trabajadores como a ciudadanos. “El Ayuntamiento de Madrid fue advertido repetidamente sobre los peligros de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha eliminado la supervisión pública de la seguridad estructural de la ciudad”, afirman. Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) son una de las figuras clave en este modelo madrileño.

El próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios regidos por este sistema

Estas entidades privadas pueden, gracias a la ordenanza de 2022, emitir declaraciones responsables y licencias de obras para las promotoras que las contratan. Ambas partes hacen negocio entre sí, “poniendo en riesgo tanto a las familias residentes como a los trabajadores que operan en los inmuebles”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinas. “El colapso del edificio en la calle Hileras ha evidenciado las consecuencias de esta política”, aseguran, alertando que hay otros dos bloques en Madrid en situación de riesgo. “Si no hay cambios, el próximo derrumbe podría suceder en cualquiera de los edificios que aún están en obras bajo este sistema”.

¿Qué ocurrió en Hileras 4?

La principal característica de que una obra esté gestionada por una ECU es que el Consistorio “no tiene la obligación de poner ni un pie en la obra para realizar los pertinentes trabajos de inspección y control”, explica José Ferreira Matos, militante del Sindicato de Inquilinas, a ElPlural.com. Como resultado, la entidad asume una función municipal tan esencial como verificar si la obra se está llevando a cabo de acuerdo con la licencia o la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.

En el caso del edificio de Hileras, “se solicitaron dos declaraciones responsables, una fue rechazada (catas en la estructura) y se aprobó una licencia urbanística”, detalla el sindicalista. “El caso de Madrid es pionero porque, desde la aprobación de la última ordenanza, estas entidades colaboradoras urbanísticas ya no se limitan únicamente a actividades comerciales, como la apertura de locales. Han ampliado sus funciones a actuaciones urbanísticas y de uso residencial, lo que es una novedad exclusiva de Madrid”, agrega Ferreira para este medio.

El Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido a empresas con intereses económicos ejercer funciones públicas

Actualmente, hay 20 empresas privadas “habilitadas” por el Ayuntamiento para llevar a cabo estas labores, las cuales cobran directamente de la promotora que las contrata. Desde el Sindicato de Inquilinas advierten que otros dos bloques, cuya reforma también se está realizando para hospedaje, están en peligro. En estos dos casos, además, aún residen familias que se resisten a ceder ante las presiones del fondo buitre y abandonar sus hogares.

Otros dos edificios en riesgo

El mismo patrón que en Hileras 4 “se repite en San Ildefonso 20 y en Tribulete 7, donde familias continúan viviendo entre obras de demolición que avanzan sin inspección pública previa y en condiciones de seguridad inexistentes”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, lo que ElPlural.com pudo constatar en visitas realizadas hace más de un año a estos bloques. En estos dos casos y en el del colapso, “la supervisión fue delegada a una ECU privada”, denuncian desde la organización.

“Esto demuestra que el Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido que empresas con intereses económicos directos ejerzan funciones que deberían ser estrictamente públicas”, explican. Es especialmente preocupante dado que las advertencias ya habían llegado al Ayuntamiento. El bloque en San Ildefonso, con grietas y problemas estructurales por las obras, ha solicitado reuniones urgentes con el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura Gutiérrez, ha enviado una carta al alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado intervenciones en el Pleno municipal y ha registrado una consulta ciudadana, pero nada ha acontecido.

“Ninguna de estas comunicaciones ha dado lugar a una inspección, respuesta efectiva o medida de protección”, lamentan. Y lo único que las vecinas pidieron al Ayuntamiento fue “verificar si las obras ejecutadas se corresponden con lo declarado por la promotora y actuar inmediatamente para garantizar la seguridad”. Una solicitud razonable a una institución encargada de garantizar tales reclamos. Ahora, el Sindicato de Inquilinas exige acciones más allá:

• Suspensión inmediata de las obras en viviendas habitadas bajo control de ECUs.
• Auditoría pública del sistema de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.
• Recuperar el control urbanístico para lo público y lo común.
• Responsabilidades políticas, especialmente las del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, por mantener un modelo que prioriza los intereses de las promotoras sobre la seguridad y el derecho a la vivienda.