141 euros promedio por hogar, sin diferencias.

Aunque se encuentre en los tribunales, el Basurazo de José Luis Martínez-Almeida continúa su camino. Los ciudadanos de Madrid deberán aportar 141 euros de media anualmente por hogar para cubrir el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La cantidad puede variar dependiendo de la situación de cada vecino. A pesar de las denuncias y críticas de la oposición, el Consistorio ha decidido deslindarse de responsabilidades, acusando al Gobierno central de Pedro Sánchez de ser el origen del tarifazo, que surge de una normativa aprobada en 2022 para satisfacer las exigencias de la Unión Europea en materia de reciclaje. Los grupos de izquierdas y Vox – que también ha llevado el asunto a los tribunales –, señalan que el alcalde no ha utilizado los márgenes permitidos por la ley estatal para ajustar la gestión de la basura según la renta de la población. O bien, que hubiera incorporado una penalización por el uso turístico de las viviendas. La reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que aprobó el PP a finales de 2024 no tuvo el efecto esperado por el equipo de gobierno. Una vez más, la confusión en Madrid está servida.

La corporación conservadora responde a las críticas de la oposición apuntando hacia el Palacio de La Moncloa y eliminando toda responsabilidad. No obstante, los datos refutan la versión del Ayuntamiento, ya que la normativa comunitaria no estipula la creación de una tasa específica. Sin embargo, sí exige cumplir con varios requisitos en la gestión de residuos. Así, según lo estipulado en la directiva europea de 2018, Bruselas exige alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de desechos para el año 2025. Esta normativa obligaba a municipios de más de 5,000 habitantes a establecer una tasa que reflejara el “coste real” de dicha gestión. Como resultado, se otorgó a las corporaciones municipales un plazo de tres años que finalizó el pasado mes de abril.

La izquierda, en llamas

El sistema diseñado por el Gobierno municipal calcula el pago sumando el valor catastral del inmueble al resultado de multiplicar la tarifa de generación – la cual varía según el barrio – por el coeficiente de separación de residuos. Según ha revelado el diario El País, desde el equipo de Almeida han afirmado que “la tasa será exigible al propietario del inmueble, quien puede trasladarla al inquilino”. Es decir, una fórmula que se aplica a los contratos firmados después de la entrada en vigor de la ordenanza.

Por ello, la oposición ha alzado la voz contra la Corporación y ha recurrido a los tribunales el modelo propuesto por el Gobierno del Partido Popular. Los grupos de izquierdas (PSOE y Más Madrid) consideran la medida injusta y destacan el cinismo del Ayuntamiento al descargar toda la culpa del Basurazo. Al mismo tiempo, critican la ausencia de bonificaciones según la renta o recargos para viviendas de uso turístico.

Esta visión es compartida por miembros de la sociedad civil, como la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, que la semana pasada pidió a la Junta Municipal de Distrito Centro que el Consistorio asuma dos tercios del coste total de la Tasa de Gestión de Residuos, en coordinación con sectores comerciales, turísticos y hoteleros.

En cualquier caso, la ordenanza del Basurazo sí contempla reducciones para personas en situaciones de vulnerabilidad, así como para familias numerosas. Así, aquellos que reciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid tienen derecho a una reducción del 100% en la cuota de la tasa, siempre que estén empadronados en la vivienda a la que se aplica la bonificación. Por otro lado, las familias numerosas podrán beneficiarse de una reducción que variará entre el 10% y el 90%, según el valor catastral del inmueble y la categoría de la familia numerosa.