El Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no se ha encontrado evidencia de que las obras en investigación relacionadas con Ábalos hayan comprometido fondos de la UE.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no hay indicios de que las obras públicas objeto de la investigación, que implican a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan afectado a fondos de la UE. Así lo expone en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, sin embargo, advierte que “evidentemente, no se puede descartar” esa posibilidad, lo que podría llevar al órgano comunitario a solicitar asumir la investigación.

La decisión de Puente, que consta de ocho páginas, atiende a la solicitud de información enviada por la Fiscalía Europea para determinar si las obras investigadas corresponden a las mencionadas en una denuncia presentada ante ese organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez sostiene que, hasta ahora, no hay evidencia de que las 11 obras en cuestión hayan comprometido fondos de la Unión Europea, aunque aclara que, si así fuera, su investigación se centra en la supuesta existencia de “organizaciones criminales” integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de un posible delito de cohecho”, tendrían como objetivo la adjudicación de ciertas obras públicas, “sin considerar los fondos que pudieran ser utilizados en ellas (lo que, según el juez, en este momento, sería un elemento meramente accidental), sin que se haya justificado indiciariamente, al menos hasta ahora, un perjuicio claro para los fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, ya sea subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que hace unas semanas decidió dividir en dos partes la causa relativa a los supuestos amaños de contratos durante el mandato de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez mantuvo la pieza original para los contratos de adquisición de mascarillas, que dieron origen al caso, y creó una nueva para investigar las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas, donde se encuentran bajo investigación el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y seis empresarios, incluido Víctor de Aldama.

El juez expresa que en esta nueva pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal dedicada a lograr la adjudicación indebida de obra pública, beneficiándose las empresas favorecidas con el rendimiento económico resultante y, a cambio, proporcionando a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente e indebido premio económico, utilizando, a su vez, su influjo mal utilizado sobre los organismos o entidades responsables de la adjudicación de esas obras”.

El instructor detalla en su escrito las obras sospechosas y señala que se está analizando el proceso de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando las correspondientes a ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir la documentación completa de dichas obras, el juez recuerda que el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe sobre las mismas a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de presentación.

No obstante, reitera el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.