El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras en investigación relacionadas con Ábalos hayan afectado fondos europeos.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no se ha registrado que las obras públicas implicadas en la investigación, que incluye a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, afecten a los fondos de la UE. Así lo detalla el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aunque advierte que, “evidentemente, no se puede descartar” esa posibilidad, lo que podría llevar al organismo comunitario a asumir la investigación.

La resolución emitida por Puente, de ocho páginas, responde a la solicitud de información que la Fiscalía Europea le había enviado para comprobar si las obras bajo investigación coinciden con las que se mencionan en una denuncia presentada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez aclara que, hasta ahora, no hay constancia de que alguna de las once obras en el foco de la investigación haya implicado fondos de la Unión Europea, pero advierte que, aunque así fuera, su pesquisa se centra en la posible existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posible cohecho”, buscarían la adjudicación de determinadas obras públicas “sin importar los fondos utilizados en ellas (que, según el instructor y hasta ahora, constituiría un factor meramente incidental), sin que se haya justificado indiciariamente, al menos en este momento, un daño concreto a los fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de índole trasfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir en dos la causa que investiga los supuestos amaños de contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El magistrado reservó la pieza inicial para los contratos de compra de mascarillas que dieron origen al caso, mientras que abrió otra pieza para investigar las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que están siendo investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, incluyendo a Víctor de Aldama.

El juez detalla que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas favorecidas del rendimiento económico resultante y, a cambio, ofreciendo a ciertas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente e indebido premio económico, ejerciendo a su vez su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades responsables de la adjudicación de dichas obras”.

El instructor especifica en su escrito las obras que son objeto de sospecha y señala que se están investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, distinguiendo las que corresponden a ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, recuerda el juez que el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de presentación.

Sin embargo, reafirma el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “daño concreto a los fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de carácter trasfronterizo”.