El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras bajo investigación de Ábalos hayan puesto en riesgo fondos europeos. | España

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta ahora, no hay constancia de que las obras públicas involucradas en la investigación que toca a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan comprometido fondos de la UE. Así lo detalla en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, sin embargo, aclara que “evidentemente, no se puede descartar” esa eventualidad, lo que podría permitir que el organismo comunitario asuma la investigación.

La resolución de Puente, que consta de ocho páginas, responde a la solicitud de información de la Fiscalía Europea para determinar si las obras bajo investigación coinciden con las denunciadas ante ese organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez afirma que, hasta ahora, no hay evidencia de que ninguna de las 11 obras que son objeto de su pesquisa haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque advierte que, aun si ese fuera el caso, su indagación se centra en la supuesta existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios y particulares que, “a través de posibles delitos de cohecho”, buscarían la adjudicación de determinadas obras públicas, “sin relación a los fondos que pudieran involucrarse en ellas (lo que, a juicio del instructor, constituiría, si ocurriera, un aspecto meramente accidental), sin que hasta el momento se haya justificado indiciariamente un perjuicio concreto para los fondos europeos, ni la existencia de otros elementos, subjetivos u objetivos, de naturaleza trasfronteriza.”

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace algunas semanas, decidió dividir la causa que investiga los supuestos amaños en la concesión de contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor mantuvo la pieza inicial para los contratos de adquisición de mascarillas que originaron el caso y abrió una nueva para investigar las adjudicaciones de obras públicas consideradas irregulares, en la que están implicados el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, incluido Víctor de Aldama.

El juez indica que en esta pieza “se ha detectado una posible organización criminal dedicada a obtener indebidamente la adjudicación de obra pública, beneficiando a las empresas favorecidas con el rendimiento económico correspondiente y, a cambio, recompensando a determinadas autoridades y funcionarios públicos con el premio económico indebido, utilizando a su vez su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades encargados de adjudicar dichas obras.”

El instructor detalla en su escrito las obras bajo sospecha y describe la investigación de los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, haciendo una distinción entre las que corresponden a ADIF y las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de las obras mencionadas, recuerda el juez, el 23 de septiembre se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, el cual aún está pendiente de presentación.

Sin embargo, reitera el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que se haya producido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de carácter trasfronterizo.”