Un jugador de la cantera del Madrid afirma que la Guardia Civil le obligó a autoincriminarse en relación con el vídeo sexual.
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- 14 de octubre de 2025
Uno de los cuatro jóvenes del Real Madrid involucrados en el caso del vídeo sexual ha acusado a la Guardia Civil de haberle forzado a autoincriminarse. Se trata de Andrés García Moreno, quien el día de las detenciones fue citado como testigo en la Comandancia del Instituto Armado y terminó sin su móvil y como investigado tras reconocer su participación en los hechos. En un escrito presentado al Juzgado, denuncia haber sido sometido a “presión psicológica” por parte de los agentes. También señala que intentará desmantelar todo el caso y solicita la anulación de las pruebas obtenidas de los teléfonos.
Este caso está relacionado con unos jugadores que se grabaron durante un encuentro sexual consensuado con dos chicas, una de ellas menor de edad. Luego difundieron las imágenes sin su consentimiento. Se enfrentarán a cargos por revelación de secretos y otro de pornografía infantil. Uno de los acusados es Raúl Asencio, actual jugador del primer equipo del club. Hace meses, el club asumió su defensa legal. Las dos jóvenes que denunciaron los hechos han desistido de la acusación contra él. La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión.
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Los hechos ocurrieron en Canarias en junio de 2023. En ese momento, todos eran parte de las categorías inferiores del Madrid. Semanas después, Asencio –quien no participó en el encuentro sexual– le mostró a un amigo en común el vídeo a través de su móvil, amigo que había comenzado una relación sentimental con la menor que aparecía en el vídeo. Por ello, las chicas se enteraron de que los canteranos nunca borraron las imágenes como habían prometido. En consecuencia, acudieron a interponer una denuncia ante la Guardia Civil.
En septiembre del mismo año, la Guardia Civil se presentó en la ciudad deportiva del Real Madrid para detener a Asencio y a otros dos jugadores. Andrés García fue citado junto a un quinto futbolista solo como testigo. Durante su declaración, según consta en la documentación en poder de este periódico, confesó que estuvo presente en el encuentro sexual y que, durante un tiempo, sostuvo el móvil con el que se grabó la acción. En ese momento, los agentes interrumpieron su declaración y le informaron que necesitaría un abogado porque pasaba a ser investigado.
«Presión psicológica»
“No es posible separar la declaración autoinculpatoria de la presión psicológica derivada de las medidas aflictivas aplicadas, cuyo origen es sencillamente inconstitucional”, dice el documento presentado por sus abogados. El jugador alega que no tuvo la opción de actuar “de modo libre” después de que los agentes irrumpieran en la sede deportiva, arrestaran a sus compañeros, le requisaran el móvil y le condujeran a dependencias policiales en un vehículo policial.
Relata que, dos horas después de que le quitaran el teléfono, le tomaron declaración como testigo y le advirtieron de su “incondicional y absoluta obligación de decir verdad bajo la posible comisión de un delito de falso testimonio”. “Parece difícil afirmar que el impacto psicológico de la actuación policial no viciara el contenido de la declaración policial del rendido García y que motivó, al cabo, que se le considerara investigado”, sostiene.
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En su relato, hace referencia a jurisprudencia como una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, que establece que «existe un derecho constitucional a no declarar contra uno mismo, que ampara y protege a todo ciudadano y cuya finalidad es que nadie sea forzado a autoincriminarse, ni a facilitar o contribuir a su incriminación».
A su juicio, “los agentes debieron informar de su derecho a no autoincriminarse”, pero optaron por “esa estratagema, vetada por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. El documento menciona “un evidente contexto de ilegítima aflicción”, “aniquilación de los derechos fundamentales” y “merma efectiva de sus facultades defensivas”.
Sus abogados presentarán estas alegaciones en las cuestiones previas del juicio. No es la única queja sobre vulneración de derechos que figura en el escrito. Denuncian que le incautaron el móvil sin que el jugador lo entregara de manera libre y voluntaria. Sus abogados destacan que, en su declaración ante el juez de San Bartolomé de Tirajana, indicó que se lo quitaron “sin permiso”. Por ello, solicita la nulidad de las pruebas halladas en su terminal.
El código de desbloqueo
Además, la estrategia judicial de este canterano, defendido por Jaime Campaner, busca también anular toda la investigación. Indica que solicitará la nulidad de las pruebas extraídas de todos los teléfonos de los acusados donde se encontraron mensajes de los jugadores y sus amigos jactándose del acto sexual con una menor de edad. El argumento es que tampoco prestaron de manera libre y voluntaria el código de desbloqueo.
“Los agentes –denuncia– necesitaban conocer el código de desbloqueo de los terminales móviles incautados (información que obtuvieron de manera irregular y mediante la vulneración de los derechos fundamentales) para poder encenderlos, desbloquearlos y volcar y analizar su contenido”. Los abogados de Andrés García consideran que el acceso a esos códigos de desbloqueo fue inconstitucional.
Uno de los cuatro jóvenes del Real Madrid involucrados en el caso del vídeo sexual ha acusado a la Guardia Civil de haberle forzado a autoincriminarse. Se trata de Andrés García Moreno, quien el día de las detenciones fue citado como testigo en la Comandancia del Instituto Armado y terminó sin su móvil y como investigado tras reconocer su participación en los hechos. En un escrito presentado al Juzgado, denuncia haber sido sometido a “presión psicológica” por parte de los agentes. También señala que intentará desmantelar todo el caso y solicita la anulación de las pruebas obtenidas de los teléfonos.