El Gobierno hace del aborto su principal bandera contra la derecha en España.

Durante todo el verano, el Gobierno estuvo reflexionando sobre diversos temas para definir la agenda política, pero el aborto no estaba entre sus prioridades. Sin embargo, los movimientos del PP, especialmente en Madrid, han empujado al Ejecutivo a transformar este asunto en central. El alcalde apoyó una moción de Vox sobre un supuesto síndrome posaborto sin respaldo científico, y la presidenta de la Comunidad dijo: «váyanse a abortar a otro lado», lo que obligó al Gobierno a reaccionar y aprovecharlo como una oportunidad para volver a centrar el aborto en la política, utilizándolo como un arma contra la derecha en este momento.

Desde que José Luis Martínez Almeida hizo su intento fallido de respaldar un texto antiabortista de Vox, el Gobierno ha incrementado sus esfuerzos para enviar un mensaje claro: la coalición progresista es la garantía contra la involución en España y está dispuesta a luchar por el derecho al aborto, establecido por una ley de 2010 —bajo el mandato de Zapatero— y reforzado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023.

Para dejar claro su compromiso, el Consejo de Ministros dio un paso significativo este martes al remitir una reforma constitucional al Consejo de Estado para modificar el artículo 43 y asegurar el derecho al aborto en la Constitución, protegiéndolo de un posible Gobierno PP-Vox que podría cuestionarlo, así como de comunidades autónomas que se resistan a aplicarlo, como hace Isabel Díaz Ayuso con el registro de objetores de conciencia. También se ha iniciado una batalla legal en Madrid para presionar a Ayuso a establecer ese registro, que ya implementan casi todas las autonomías, a excepción de Aragón, Asturias y Baleares, que han anunciado que también lo harán.

La jornada en La Moncloa estuvo enfocada en este tema. Durante el lunes, hasta la una de la mañana, los equipos de Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Yolanda Díaz, líder de Sumar, con el apoyo de Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Mónica García, de Sanidad, intercambiaron borradores para la adición al artículo 43 que busca garantizar el derecho al aborto en la Constitución. La negociación estaba avanzada, pero aún no se había cerrado. Sumar defendía su propuesta inicial presentada en febrero.

Aunque el PSOE había descatado anteriormente la idea por falta de consenso, la situación política ha cambiado. A pesar de que probablemente la reforma no pasará en el Congreso por el rechazo del PP —cuyos votos son esenciales—, el Gobierno considera crucial poner a Feijóo en una posición incómoda: si está a favor de la ley del aborto, debería respaldar también su inclusión en la Constitución. El PP, por su parte, ha declarado que ve esto como una trampa y no lo apoyará.

El Ejecutivo cree que este tema es ideal para evidenciar la derechización del PP, su alianza con Vox y la amenaza que representa un posible Gobierno PP-Vox para temas fundamentales.

Con los avances pero aún sin resolución definitiva, a primera hora, poco antes de la entrevista de Pedro Sánchez en la Cadena SER, se reunieron en La Moncloa Bolaños, Díaz, Redondo y García. En la sala contigua al Consejo de Ministros, se concretó el texto. Sumar tenía un gran interés en que no se mencionara que se desarrollará por ley este derecho, porque consideraban que eso podría abrir la puerta a cambios de legislación por parte de PP y Vox en el futuro. Por su parte, el sector socialista no aceptaba una redacción que consideraban poco jurídica y demasiado abstracta. Finalmente, se acordó un texto que ambas partes pudieran aceptar: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Detrás de esta discusión interna del Gobierno, que también se extendió a otros grupos de la mayoría con sus objeciones al texto, hay una dimensión política además de jurídica. El aborto une a toda la izquierda, y todos los grupos progresistas defienden este derecho; incluso algunos que no son abiertamente progresistas, como PNV y Junts, apoyan la ley. Esto convierte el aborto en un tema clave donde todos quieren mostrar su postura, lo que generó debate hasta el final.

En contraste, mientras que en la izquierda surgen disputas por capitalizar la reforma pero con un acuerdo de fondo, en la derecha este tema ha generado conflictos irresolutos desde hace más de 40 años, cuando el PSOE impulsó la primera ley de aborto en 1983 y el PP, entonces AP, la llevó al Tribunal Constitucional. El recurso fue redactado por José María Ruiz-Gallardón. Treinta y un años después, en 2014, su hijo Alberto, entonces ministro de Justicia, dimitió al ver cómo Mariano Rajoy frenaba una ley del aborto más restrictiva que quedó en el olvido.

El PP sigue lidiando con su postura sobre el aborto. En 2010, volvió a recurrir la ley al Constitucional con un texto muy crítico elaborado por Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo en contraposición a la norma de Zapatero, y perdió nuevamente. Desde entonces, Feijóo ha intentado dejar el tema de lado, e incluso no fue discutido en el último congreso del PP, algo inusual dado que siempre ha suscitado profundas divisiones. Sin embargo, Almeida y Ayuso, en competencia directa con Vox y tratando de captar el voto cristiano, han traído el asunto de vuelta al primer plano, lo que ha dejado a Feijóo en una situación complicada.

El Gobierno se siente cómodo enfrentándose a Ayuso, quien también parece estarlo. Sánchez contraatacó presentando datos claros: en Roma, la ciudad del Papa, el 90% de los abortos se realizan en centros públicos; en París, el 60% y en Lisboa, el 50%. En cambio, en Madrid, menos del 1% se lleva a cabo en centros públicos, mientras que el 99,5% se efectúan en clínicas privadas, aunque a veces con financiamiento público. “Esto se debe a dogmatismo y sectarismo. Por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo: ¡Váyanse a otro lugar a abortar! Cuando ese también es un derecho de las mujeres en Madrid”, afirmó Sánchez en la Cadena SER. Ayuso respondió acusándolo de haberse comportado “como un machito” al decir lo que una mujer debe hacer, manifestando que ella conoce lo que es un aborto porque ha tenido dos, aunque naturales y no voluntarios. La discusión fue cerrada por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha tenido numerosos enfrentamientos con Ayuso en la Asamblea de Madrid. “Machito es decirle a las mujeres que vayan a abortar a otro lugar, eso sí es machito”. Así, el aborto se ha convertido en un elemento clave para que el Gobierno muestre los riesgos de una posible llegada de la derecha al poder. Todo indica que aún quedan muchos capítulos en esta lucha, que probablemente incluirá un intenso combate jurídico en tribunales y dialéctico en el Congreso, donde la reforma constitucional se presentará después de pasar por el Consejo de Estado.