El Gobierno agiliza el proceso para reducir la cantidad de alumnos por aula en todos los niveles educativos.

La discusión para disminuir el número de estudiantes por aula sigue en marcha. Este jueves, el Ministerio de Educación presentó a los sindicatos de enseñanza una nueva propuesta que incluye dos modificaciones principales en comparación con la que se les hizo la semana pasada. La primera modificación es acelerar el procedimiento para reducir el tamaño de los grupos en todos los niveles educativos. La segunda, el compromiso de que los centros educativos que, por su naturaleza, no puedan formar grupos adicionales (por ejemplo, aquellos que son pequeños y solo tienen una línea), recibirán igualmente el incremento de profesores adicionales que les correspondería si no existieran tales impedimentos.

Esto significa que, aunque no puedan crear una clase adicional, podrían implementar otras estrategias para reducir las ratios, como la codocencia (la colaboración de dos docentes en el aula).

El Gobierno se compromete, en el nuevo borrador del proyecto de ley, a aprobar en un plazo de seis meses (en lugar de un año, como se había previsto inicialmente) desde la entrada en vigor de la ley que establece la reducción de ratios en educación primaria (de 25 a 22 estudiantes por clase) y en la ESO (de 30 a 25). También se incluirá un decreto que detallará los descensos en las demás etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato. La intención del Gobierno es aprobar dicha ley antes de que finalice el actual año escolar.

Sin embargo, el calendario para implementar la reducción de ratios no cambia respecto a la propuesta anterior. Los ajustes en el segundo ciclo de infantil y en primaria comenzarán a aplicarse por los niveles más bajos en septiembre de 2027; en la ESO, en septiembre de 2028, y en bachillerato, al inicio del curso 2029-2030. La implementación será progresiva en cada nivel, pero deberá completarse en septiembre de 2031. A partir del próximo año escolar (2026-2027), el alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad o autismo) contará doble para efectos de ratio.

Este calendario disminuirá el impacto económico inmediato de la medida, que recaerá sobre las comunidades autónomas, y se verá facilitado por la reducción natural de estudiantes debido a la disminución de la natalidad.

El decreto, que se deberá aprobar seis meses después de la entrada en vigor de la ley, también definirá los “indicadores de referencia” para determinar qué centros educativos recibirán apoyo especial. Esto puede traducirse tanto en una reducción específica de las ratios máximas, como en un aumento de los recursos personales y materiales. Estos centros serán seleccionados en función de “escolarizar a un alto número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, por su ubicación en zonas de especial complejidad social o para mejorar las tasas de éxito, promoción, titulación y reducir las de abandono escolar.”

Más apoyos especializados

Además, el ministerio se compromete a regular “las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que fomenten una educación inclusiva en todos los centros educativos, atendiendo a la diversidad del alumnado en cuanto a intereses, capacidades y necesidades”. Esta disposición, solicitada por los sindicatos, anticipa una normativa estatal que establezca un mínimo de personal especializado según el alumnado que requiera apoyo educativo (como dislexia, TDAH o desconocimiento del idioma del aula) en un colegio o instituto.

El próximo encuentro entre el ministerio y los sindicatos tendrá un carácter más formal (mesa sectorial), en lugar del formato de grupo de trabajo utilizado hasta ahora. CC OO espera poder obtener mejoras en esta fase final de negociación. STES ha expresado su descontento porque el borrador no incluya cambios en el primer ciclo de infantil. UGT ha demandado que la reducción de ratios sea más intensa, y CSIF ha solicitado que se aborden rápidamente otros aspectos de la reforma del profesorado, como el de la carrera profesional.

La intención del Ministerio de Educación es aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de que finalice el año, de modo que las primeras medidas planteadas ―como la reducción de las horas lectivas del profesorado y la consideración del alumnado con necesidades educativas especiales como doble en efectos de ratio― puedan entrar en vigor en septiembre de 2026.

Para que la ley sea aprobada, el Gobierno deberá obtener los apoyos necesarios en el Congreso.