La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo en el cuidado y protección de las personas mayores al aprobar una inversión de 10 millones de euros destinados a auditar la alimentación en las residencias de mayores. Esta medida, que responde a la importancia de garantizar una adecuada nutrición en este sector de la población, busca asegurar que los residentes reciban una dieta equilibrada y de calidad. La decisión de destinar esta cantidad de dinero a la auditoría de la alimentación en las residencias refleja el compromiso de las autoridades madrileñas con el bienestar y la salud de los mayores, reafirmando así su compromiso con la mejora de los servicios destinados a este colectivo vulnerable.
Madrid destina 10,1 millones para auditar alimentación en residencias de mayores
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 10,1 millones de euros para reforzar la seguridad alimentaria y la calidad nutricional en las casi 500 residencias de mayores de la región, incluidas las de gestión privada, mediante un plan que permitirá la realización de 1.000 auditorías específicas.
La Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales hará anualmente dos estudios de este tipo en cada una de las residencias inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención Social de la Comunidad de Madrid. Mediante un contrato para la gestión de este servicio, se analizarán los resultados de dichas auditorías, con los que se confeccionarán posteriormente los correspondientes planes y acciones de corrección.
Los trabajos incluirán análisis higiénico-sanitarios de sus instalaciones y de las prácticas de preparación de la comida; una auditoría de calidad nutricional del producto servido en el menú y revisión de la adecuación y el equilibrio dietético de la alimentación semanal en relación con las necesidades de las personas residentes. Además, habrá encuestas de satisfacción a los usuarios preservando su anonimato.
La empresa adjudicataria de este nuevo programa, que comenzará este verano y se extenderá hasta el año 2027, proporcionará a las entidades gestoras la información y la formación suficiente para elaborar los documentos de posibles modificaciones, y realizará el seguimiento de su cumplimiento.
Asimismo, se definirá un procedimiento de comunicación de alertas en caso de detectar resultados de carácter grave y se impartirá formación adicional específica al personal técnico de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Esta iniciativa se suma al nuevo contrato de alimentación que va entrar en vigor próximamente en los centros de gestión pública dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que prevé una inversión de 26 millones y un aumento del precio del menú por comensal de un 25%.
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