La Audiencia celebra el juicio final de la Gürtel 17 años después de que comenzara el caso.

La Audiencia Nacional dará comienzo la próxima semana al juicio final del ‘caso Gürtel’, que se centra en la última pieza -denominada principal- sobre los delitos contra la Hacienda Pública que presuntamente cometieron el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo. Ambos forman parte de un amplio grupo de acusados que ya han confesado para conseguir una condena menor, conforme han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este juicio, que se prevé que se prolongue varias semanas, está dirigido contra alrededor de una veintena de acusados y otras tantas personas jurídicas -empresas- que actúan como responsables civiles subsidiarios.

Es la última parte de esta macrocausa de corrupción que queda por juzgar, relacionada con los delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de prisión para cada uno de los dos principales líderes de Gürtel.

En concreto, se juzgan los delitos contra Hacienda que se podrían haber cometido por Correa y Crespo a raíz de la ocultación de patrimonio, «mayormente presuntamente derivada de actividades ilícitas investigadas en piezas separadas». Simultáneamente, se evalúa la estrategia que ambos utilizaron para esconder y blanquear los ingresos provenientes de dichas actividades.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación que esta agencia de noticias ha recogido, menciona que, desde al menos finales de 1998 hasta 2009, Correa lideró una estructura societaria y personal orientada a enriquecerse ilícitamente con fondos públicos. «Principalmente», precisa, «a través de la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para las de terceros a cambio de la respectiva comisión, así como a ocultar las ganancias generadas por dicha actividad».

Anticorrupción indica que la estructura empresarial que Correa usó para obtener «contratos mediante sobornos a funcionarios» se especializaba principalmente en la organización de eventos y viajes. «Y bajo su dirección, se llevó a cabo una continua labor orientada a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos», añade.

Los otros acusados

El Ministerio Público expone que, para ello, Correa y Crespo contaron con la «connivencia» de otros acusados para conformar una «trama de elaboración de facturas falsas«, con la «triple finalidad» de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal – «Caja B»; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de diversas sociedades mediante la simulación de gastos ficticios y ocultar los ingresos recibidos, así como encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

El juez instructor de la causa, José de la Mata, decidió en 2020 incluir también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operación para eludir los pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

En este aspecto, el juez incluyó en la lista a la exadministradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los trabajadores de estas, Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza. La lista de los individuos que serán juzgados incluye, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.

Respecto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado detalló las cantidades que tendrán que abonar los acusados, de acuerdo a las peticiones realizadas en los escritos de acusación, cuya suma total supera los 199 millones de euros.

Comisiones de más de 30 millones

De la Mata señaló en una resolución que Correa obtuvo estas cantidades millonarias por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto a otros ingresos generados por su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y el funcionamiento de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, ya que Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde, al menos, 1999, ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, quien estimó el fraude a Hacienda en 24,8 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio entre 2000 y 2007.

El ‘número dos’ del Gürtel, Crespo, también habría ocultado parte de sus recursos económicos, que provenían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, según afirmaba. Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero, ocultando sus ingresos al cobrarlos en efectivo o mediante ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las empresas que gestionaba, añadía el juez.

Con respecto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor los consideró cooperadores necesarios porque «su papel ha sido absolutamente clave en el diseño de la defraudación«. «Fueron asesores en planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con el objetivo de lograr opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron a disposición de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podrían tener como finalidad defraudar a la Hacienda Pública», destacó.

Aun así, para el juez, «lo importante» no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la «maraña societaria», sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son «entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la única finalidad de eludir el pago de impuestos«.