Los testimonios de los líderes de Gürtel definen el veredicto definitivo sobre una época de corrupción en España

José Luis Peñas tomó hace dos décadas una decisión que transformaría su vida y la historia reciente de España. Este concejal del PP en Majadahonda (Madrid) empezó a grabar de manera clandestina al empresario Francisco Correa y a otros miembros de la trama Gürtel, con quienes había desarrollado una amistad. La acción de Peñas, que en 2007 entregó los audios recopilados a la Policía Nacional, provocaría un gran tumulto político, que culminaría en 2018 con la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la primera sentencia que condenó al partido conservador por beneficiarse de la red de corrupción; y cuyos ecos aún perduran en la actualidad. A partir de este lunes, la Audiencia Nacional se prepara para cerrar el caso Gürtel con el inicio del último juicio pendiente, marcado por la confesión definitiva de sus principales cabecillas. “Se concluye así una etapa”, enfatiza Peñas ahora al mirar hacia atrás: “No me arrepiento de nada. Si naciera mil veces, mil veces lo volvería a hacer”.

“Para mí es un orgullo ser el denunciante de esta trama”, continúa el exedil popular, que recibió el año pasado un indulto parcial del Gobierno tras ser condenado a casi cinco años de prisión por beneficiarse de la red. “Lo único que lamento es no haber podido demostrar al tribunal que yo no tomé dinero, que no estafé a nadie. Que yo estaba muy cerca de Gürtel, pero que yo no era Gürtel”, subraya Peñas al referirse a esa sentencia; que, a pesar de la condena, le reconocía su papel fundamental para dar a conocer uno de los mayores casos de corrupción en la actual etapa democrática. Los datos lo corroboran: a falta de conocer el resultado de la última vista oral que inicia este lunes, ya se han celebrado otros 11 juicios sobre la trama; se han emitido 22 sentencias (ocho de ellas, dictadas por el Tribunal Supremo); se han impuesto penas a 94 personas que suman más de 750 años de prisión…

Sin embargo, la relevancia de Gürtel se debe, sobre todo, a su impacto político. Los tribunales han confirmado que Correa extendió sus redes hasta el núcleo del PP, que contaba con su propia caja b (administrada por el tesorero y gerente Luis Bárcenas durante casi 20 años) y que pagó con dinero negro la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid. Los conservadores financiaron de manera irregular actos electorales, facilitaron la entrada de la trama en las Administraciones, amañaron contratos públicos… Los miembros del PP condenados, desde alcaldes hasta responsables orgánicos nacionales y autonómicos, se cuentan por decenas.

“[Los integrantes de la trama] tenían muchas y estrechas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para obtener adjudicaciones”, destaca Ramón Blanco Balín, uno de los asesores fiscales de la red corrupta, en un documento de confesión que ha sido enviado a la Audiencia Nacional este octubre, de cara al último juicio sobre Gürtel, que se centra en las estructuras societarias creadas para blanquear dinero y evitar los pagos a la Agencia Tributaria. Este exinspector de Hacienda, quien fue amigo personal del expresidente José María Aznar, está entre la veintena de individuos que deberán comparecer en el banquillo a partir de este lunes.

El tribunal ha reservado cinco semanas para la celebración del juicio, cuyo final está previsto para el 20 de noviembre y cuya tramitación —si no se altera— coincidirá con la vista oral que tendrá lugar en el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “Este juicio es muy importante porque trata sobre todo el tema del dinero”, opina el exconcejal Peñas. Fuentes jurídicas destacan esta idea: esta vista oral será menos significativa desde el punto de vista político (ningún cargo relevante se sienta en el banquillo, salvo Pablo Crespo, quien fue mano derecha de Correa y exsecretario de Organización del PP gallego), pero las cifras de dinero que se examinarán son abrumadoras.

El juez instructor José de la Mata determinó que, por ejemplo, Correa recibió casi 31 millones de euros por “su intermediación” en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto a otros ingresos, ocultó a Hacienda a través de “una compleja estructura societaria y financiera”, con conexiones en paraísos fiscales. El magistrado resumió así el funcionamiento de esta operativa criminal: “Francisco Correa constituyó y lideró desde finales de 1999 hasta 2009 un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, muchos de los cuales se realizaron para el PP. La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de manera sistemática, a costa de fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos, tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, tras el pago de la correspondiente comisión. Para ello, crearon entramados societarios para lograr contratos, sobornaron a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para violar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para ocultar los fondos obtenidos, ocultaron a Hacienda los ingresos ilícitos recibidos y los blanquearon para tratar de regresar a la vida mercantil lícita”.

“El mencionado conglomerado empresarial mantenía relaciones con distintas Administraciones públicas, participando en diversos concursos para la adjudicación de contratos de obras y servicios, especialmente (aunque no exclusivamente) en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia [gobernadas por Esperanza Aguirre y Francisco Camps]. En el ámbito de su actividad organizadora de eventos, lo hicieron para el Partido Popular, inicialmente en Madrid y luego en Valencia, incluyendo diversas campañas electorales”, insistió el instructor De la Mata en la resolución que daba por finalizada su investigación antes de remitir a juicio esta parte del caso, donde también reflejaba cómo el nivel de impunidad llegó al punto de que las empresas de la red corrupta dedujeran como gastos los pagos a cargos públicos del PP, como los realizados a Alberto López Viejo, consejero del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre; y a Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, respectivos alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los tres han sido condenados a prisión en otros juicios de Gürtel.

La cuenta ‘Soleado’

El último juicio de Gürtel comenzará este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), marcado por las confesiones de sus principales cabecillas. Correa y Crespo, quienes han disfrutado desde hace tiempo del tercer grado tras cumplir la mitad de su condena efectiva, han admitido las imputaciones en sendos documentos enviados al tribunal en las últimas semanas. También lo ha hecho Blanco Balín. Pero no solo ellos. Según fuentes jurídicas, al menos una decena (de la veintena de acusados) ya ha hecho lo mismo en busca de un pacto con la Fiscalía para ver reducidas las penas que les reclaman: entre estos se encuentran José Luis Izquierdo, el conocido contable de la trama; y Javier Nombela, empleado de Gürtel y exasesor en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta dinámica de confesiones, que abre la posibilidad de reducir el calendario de esta última vista oral, evidencia que los implicados ya se han rendido en Gürtel. Según un recuento realizado por EL PAÍS, medio centenar de acusados ha alcanzado acuerdos con el ministerio público en los diversos juicios celebrados hasta ahora sobre la trama. En el penúltimo, celebrado este mismo 2025 y centrado en las irregularidades cometidas en Arganda del Rey (Madrid), un solo procesado se negó a admitir los hechos —de los 19 que se sentaban en el banquillo— y acabó condenado.

Fuentes jurídicas subrayan que se anticipa un último juicio de Gürtel de carácter muy técnico, que deberá sortear esa “compleja” trama comercial de sociedades pantalla y testaferros; diseñada por la organización para blanquear de forma “masiva”, “permanente” y a escala “industrial” (según las palabras utilizadas por el juez instructor de la Mata). El propio Correa reconoce actualmente que la estructura adquirió tal proporción que ni siquiera recuerda los nombres de algunas de las sociedades utilizadas.

De fondo, además, reverberará la fuerte conexión que estableció el grupo Correa con el PP. Gran parte de los ingresos blanqueados provenían de los negocios realizados con el partido conservador, lo cual ha sido corroborado en otros juicios anteriores. Así lo detalla Blanco Balín en su última declaración de confesión: “[Correa] había obtenido mucho dinero, que sospecho que provenía de comisiones por adjudicaciones de campañas electorales financiadas por empresarios privados, lo que también le permitía intermediar con esos empresarios en materia de contratación pública y adjudicaciones”.

La parte de la investigación que se enjuicia desde este lunes incluye también la famosa cuenta bancaria Soleado, en Suiza, y las conexiones de Francisco Correa con Dante Canonica —el director de la fundación panameña Lucum, a cuyo nombre se abrió la cuenta de Juan Carlos I en la banca ginebrina Mirabaud & Cie, en la que el entonces jefe del Estado recibió 64,5 millones de euros del Gobierno de Arabia Saudí— y Arturo Gianfranco Fasana —gestor externo de la cuenta del rey emérito—. “Arturo Fasana y Dante Canónica me fueron presentados por Blanco Balín“, narra el líder de Gürtel en su más reciente declaración de confesión, donde concluye: “Blanco Balín me dijo que tenía total protección en la cuenta Soleado, donde, según él, había personas de máxima relevancia en España”.

La Audiencia Nacional se alista para cerrar así una de las grandes etapas de corrupción que han sacudido el país. Sin embargo, habrá un epílogo en 2026, cuando el tribunal ha programado el juicio sobre la Operación Kitchen, la trama de espionaje parapolicial que fue impulsada posteriormente desde el Gobierno de Mariano Rajoy con el aparente objetivo de robar documentación comprometedora de Luis Bárcenas para, precisamente, obstaculizar la investigación judicial sobre Gürtel.