La Fiscalía solicita una pena de 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía ha solicitado una condena de 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal le imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. Esta solicitud de la acusación pública es similar a la de los abogados de Assange, excepto por el delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha decidido este lunes comenzar el juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta firma fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asegurar la protección de su embajada en Londres entre 2015 y 2018.

Las acciones judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. sobre el ciberactivista australiano durante su permanencia en la embajada. Pocos días después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha permanecido en libertad provisional desde entonces.

El informe del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada disponía de un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuya única finalidad era vigilar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales creó un pequeño grupo de empleados al que pidió recopilar información y reemplazar las cámaras por otras que pudieran grabar audio. Además, instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que Assange activó para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal enfatiza que, sin informar a Assange sobre estos cambios, se instalaron dos micrófonos, uno de los cuales se localizó en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus abogados. Morales instruyó a su equipo para habilitar un sistema de streaming en las nuevas cámaras, permitiendo el control en tiempo real de lo que sucedía dentro de la embajada. La fiscalía señala que este sistema contaba con dos canales, “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas, a las que el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los empleados retuvieron los teléfonos de los visitantes, los fotografiaron y recopilaron sus números IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha tratado de determinar si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, extrabajadores de UC Global S.L., han declarado que el cliente estadounidense era dicho servicio de inteligencia. La justicia de EE.UU. no ha respondido a ninguna de las solicitudes de colaboración enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York ha invocado la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas durante sus visitas a Assange. El magistrado ha desestimado la denuncia, alegando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE. UU.”.

La Fiscalía subraya que el equipo formado en Jerez de la Frontera se desplazaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a trabajadores de la embajada, personal diplomático y personajes como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja del fundador de Wikileaks y actual esposa, entre otros.

El fiscal ha solicitado para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. que participó en el espionaje, una condena de tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, pide la prohibición de la empresa para realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.