El Tribunal Superior de Bogotá declara inocente a Álvaro Uribe de todas las acusaciones.

El juicio penal contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente colombiano en ser condenado judicialmente en más de 50 años, se ha resuelto en segunda instancia en un tiempo récord. Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto al líder de la derecha en un caso que ha conmocionado la política colombiana durante 13 años. El 1 de agosto, una jueza había impuesto al exmandatario una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, orden que debía ser cumplida de inmediato en su hogar. Uribe obtuvo su libertad 20 días después, cuando el mismo Tribunal Superior anuló esa orden. Ahora, un panel de tres magistrados lo ha declarado inocente de los cargos de soborno y fraude procesal.

La lectura del resumen de la sentencia de segunda instancia se llevó a cabo durante toda la mañana del martes, donde los magistrados revisaron, uno a uno, los cinco hechos por los cuales Uribe fue condenado en primera instancia. La sesión se inició con los tres casos de soborno: el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor; el del testimonio de Eurídice Cortés, alias Diana; y el de la declaración de Juan Guillermo Monsalve. En todos los casos, encontraron que los testimonios tenían inconsistencias y contradicciones. “No basta con la existencia de una dádiva; debe probarse la intención ilícita”, leyó el magistrado Manuel Merchán refiriéndose al caso de Monsalve.

En el caso de Vélez, el tribunal determinó que nunca afirmó que el expresidente intentara sobornarlo para que cambiara su testimonio. El magistrado enfatizó en la “mendacidad” del testigo, y el tribunal incluso ordenó investigar a este por falso testimonio. Merchán criticó la evaluación de pruebas hecha por la jueza Sandra Heredia, responsable de la condena inicial, afirmando que en su fallo “introduce hechos ajenos a la acusación, vulnerando el principio de congruencia y el derecho de defensa”.

Entre los argumentos del Tribunal se destaca que “el conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Cadena [su abogado] no configura por sí solo el delito de soborno”. Sobre la relación del expresidente con este abogado, señaló que Mario Uribe —primo segundo del exmandatario y condenado por nexos con el paramilitarismo— le presentó al defensor en una reunión donde no se ha probado la comisión de delitos. “No hay prueba de subordinación funcional ni de que el contrato de mandato penal implicara obediencia penalmente relevante. Las interceptaciones muestran que Cadena informaba sobre gestiones ya realizadas, sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado”.

Al final de la diligencia, el magistrado subrayó que “algunos testigos declararon sobre hechos que desconocían, guiados por expectativas de beneficios”. Indicó que tales motivaciones son cruciales en un contexto donde Monsalve y Vélez estaban en la cárcel, buscando beneficios en la justicia transicional. “La condena otorgó credibilidad plena a testimonios adversos sin considerar intereses subyacentes, lo que sugiere un mercado de información”, explicó el magistrado, quien añadió que en este proceso se debió tomar en cuenta el interés de Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, en el resultado. “Es un factor que debe ser considerado junto con las demás pruebas”.

Después de desvirtuar los tres casos de soborno, el magistrado pasó a los dos hechos de fraude procesal en los que la primera instancia concluyó que el expresidente intentó alterar el proceso. El primero se refiere a las gestiones del abogado Cadena para lograr que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de sus declaraciones contra Uribe, afirmando que fue presionado por el senador Cepeda para realizarlas. El segundo se relaciona con el testimonio del narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, también contactado por Cadena mientras estaba preso en Estados Unidos, para redactar una carta con una declaración favorable a Uribe. En este texto, el exparamilitar niega vínculos del expresidente con el paramilitarismo y acusa a Cepeda de intentar manipular testigos. El Tribunal determinó que en este caso tampoco hay pruebas de que Uribe cometiera el delito, ya que el primer fallo “debería haber comprobado si Sierra mintió dolosamente” y concluyó la responsabilidad del expresidente “por el mero beneficio obtenido, sin una prueba sólida de que la idea [de manipular el testimonio] se originó en Álvaro Uribe Vélez”.

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, liderados por Manuel Antonio Merchán, explicaron que la sentencia de segunda instancia abarca más de 700 páginas que analizan las evidencias del expediente y las consideraciones de la jueza Sandra Heredia para emitir la decisión de primera instancia. En su análisis, invalidaron las interceptaciones telefónicas sobre las comunicaciones de Uribe en 2018. Ese año, la Corte Suprema de Justicia había ordenado interceptar al entonces congresista Nilton Córdoba Manyoma en el contexto del caso del Cartel de la Toga, pero un supuesto error de digitación resultó en las escuchas a conversaciones de Uribe Vélez.

Aunque la jueza Heredia había validado esas pruebas, el magistrado Merchán señaló que el tribunal optó por excluirlas. “La interceptación convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad en pleno derecho”, afirmó, mientras que la sentencia inicial sostenía que no debían ser excluidas a pesar de haberse originado en un error, porque, una vez advertido su contenido, la Fiscalía podía utilizarlas al advertir que revelaban posibles hechos delictivos.

Un proceso largo con una última instancia

La decisión en segunda instancia se produce dos meses después de la inédita condena a un exmandatario, quien además continúa vigente como líder de la principal fuerza de la derecha. Si en ese momento se vivió como un terremoto político, la sentencia de este martes, en medio del escenario preelectoral, marca un nuevo giro con antecedentes. Tras la condena impuesta el 1 de agosto por la jueza Heredia, que consistía en 12 años de prisión domiciliaria que debía comenzar a cumplirse sin esperar el resultado de la apelación presentada por la defensa, el líder conservador interpuso una tutela para recuperar su libertad. La justicia le dio la razón el 19 de agosto, determinando que la detención domiciliaria era “desproporcionada y vulneraba su derecho a la presunción de inocencia”. Esto significó un nuevo aliento que Uribe aprovechó. Horas más tarde, reapareció en Antioquia, su tierra natal y su base electoral más fuerte, y avivó la campaña presidencial.

Con ese impulso, el líder del partido derechista Centro Democrático luego decidió renunciar a la prescripción del caso, lo que establecía como límite para la sentencia de segunda instancia el 15 de octubre o lo exoneraba. La decisión de Uribe contrastaba con los argumentos de la jueza Heredia, quien lo acusó de intentar dilatar el proceso y buscar la prescripción para evitar una condena, algo que tanto él como sus abogados han negado. No obstante, esta renuncia extendió el plazo para que el Tribunal pudiera tomar una decisión hasta octubre de 2027. Sin embargo, los magistrados requirieron mucho menos tiempo para resolver el proceso judicial más notable de las últimas décadas en Colombia.

Con la segunda instancia a su favor, queda un último escenario en su futuro judicial, que es el recurso de casación que las víctimas del caso han anunciado que interpondrán. Con ello, el expediente llegaría a la Corte Suprema de Justicia, justo donde comenzó el proceso hace 13 años. En ese lugar, Uribe denunció en 2012 al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, y tras seis años de indagaciones, el alto tribunal archivó el caso contra Cepeda y lo abrió contra Uribe Vélez. El expresidente renunció en 2020 a su curul en el Senado para evitar ser juzgado por el alto tribunal, pero con el tiempo, su caso ha vuelto a la esfera penal.