PSOE y Sumar debaten una decisión crucial: ¿congelar o no los 300.000 contratos de alquiler que se renuevan este trimestre? | España

La reciente controversia sobre la política de vivienda entre el PSOE y Sumar no es una disputa habitual dentro de la coalición que no conduce a nada. Este tema es clave para la izquierda española y europea, ya que la crisis de la vivienda, como destacó la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, “se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”. El incremento del salario mínimo, la mejora de las becas, las ayudas y el aumento del empleo quedan opacados por el desmesurado aumento de los precios de compra y alquiler de viviendas. Actualmente, la coalición está discutiendo internamente una decisión crucial: cómo abordar los 300.000 contratos de alquiler que deben ser renovados en los próximos meses.

En las comunidades autónomas que aplican la ley de vivienda —300 municipios en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y pronto se sumará Asturias, que ya han declarado zonas tensionadas— no hay inconveniente, ya que la norma establece que el nuevo contrato, independientemente de que cambie o no de inquilino, debe estar referenciado al anterior y no puede incrementarse desproporcionadamente. Esto impide que un propietario expulse a inquilinos antiguos y alquile la misma vivienda por un 30%, un 40% o un 50% más, una práctica común en zonas tensionadas. Sin embargo, en lugares donde no se aplica la ley de vivienda, como en la Comunidad de Madrid y otras comunidades del PP, esta renovación de 300.000 alquileres podría ser un golpe devastador para las familias, que podrían quedar sin hogar. Ahí se centra la discusión interna en el Gobierno.

Sumar propone la aprobación de un decreto que congele estos precios durante tres años, similar a lo que se implementó durante la pandemia y posteriormente, con el inicio de la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación. El PSOE responde que eso podría ser inconstitucional, ya que implicaría invadir competencias autonómicas, pero también reconoce que hay que actuar. Estabilizar esos contratos es un objetivo compartido por ambos grupos, más allá de la discusión pública y la tensión política, porque ambos desean transmitir a sus electores que están haciendo lo máximo posible para resolver el problema de la vivienda. Las relaciones entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Sumar son tensas, y hasta el momento no ha habido reuniones al respecto.

Aparte de esta tensión, el tema de fondo preocupa tanto a los dos grupos como en La Moncloa, donde se están evaluando diversas fórmulas para intentar frenar el precio de la vivienda, especialmente los efectos de esta renovación masiva de alquileres en los próximos meses. La misma ministra fue muy clara en el Senado al comparar la situación en Cataluña, donde se aplica la ley de vivienda, y en Madrid, donde no se implementa. “En Cataluña, la gente que debe renovar su contrato sabe que el propietario tendrá que continuar con ellos con una subida limitada, porque si los echa, tampoco podrá incrementar el alquiler con otros inquilinos. Eso es la ley de vivienda. En Madrid, la gente vive angustiada cada vez que tiene que renovar el contrato de alquiler, y los jóvenes se ven obligados a mudarse a mi comunidad ―Castilla-La Mancha― y otras limítrofes porque no pueden afrontar los precios de Madrid. Ese no es nuestro modelo”, concluyó.

La estrategia del PSOE es más política. En lugar de debatir internamente en la izquierda sobre cómo abordar la vivienda o proponer decretos con muchas probabilidades de ser rechazados ―casi todo es un obstáculo para Junts―, lo más eficaz sería presionar juntos al PP para que implemente la ley de vivienda. De hecho, los socialistas creen que las comunidades del PP sí se acogerán al plan de vivienda del Gobierno, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, a pesar de sus críticas. Se trata de ayudas directas para los promotores, quienes presionarán a las comunidades del PP para que se sumen, aclaran en el sector socialista del Gobierno. Este será un tema central en la campaña electoral en todas las comunidades autónomas, afirman varios miembros del Gobierno, y ahí se comprobará si la política de la coalición y otros grupos progresistas que respaldaron la ley de vivienda realmente servirá para bajar o controlar el precio, como está sucediendo en Cataluña, mientras que en las autonomías del PP sigue incrementando de manera descontrolada.

Por el contrario, Sumar opta por una política más contundente para resolver el problema y enfrentarse a las autonomías del PP que se niegan a aplicar la ley. Los ministros de Sumar, que presentaron sus iniciativas la semana pasada, están convencidos de que es viable, por lo que han elaborado un desarrollo jurídico que lo respalda, junto con otras medidas fiscales para presionar a la baja del precio de la vivienda. Los ministros de Sumar coincidieron en que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el PSOE, en un principio, sostiene que es imposible y que las propuestas no son jurídicamente viables, pero eventualmente es probable que La Moncloa lo adopte como propio, lo desarrolle y lo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al igual que ha sucedido con otros temas de debate interno en la coalición.

En cualquier caso, el PSOE reivindica todas las acciones realizadas, porque nunca se había gastado tanto dinero en vivienda ―el presupuesto se ha multiplicado por ocho―, se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia y se ha implementado el plan de 7.000 millones de euros. Los socialistas aseguran que toda esta política empezará a tener efecto con el tiempo. Sin embargo, Sumar sostiene que es necesario ir mucho más lejos y comunicar a la población que el Gobierno está dispuesto a intervenir en el mercado de forma radical, especialmente para reconectar con los jóvenes, que son quienes más sufren el problema.

La discusión continuará, y hay muchas más medidas en estudio, pero hay un acuerdo claro dentro de la coalición sobre la necesidad de intervenir un mercado que ha demostrado ser absolutamente ineficaz a lo largo de los años y que tiene consecuencias muy graves, como romper el ascensor social, hacer que las herencias sean la clave para acceder a una vivienda y profundizar las diferencias sociales entre propietarios e inquilinos, además de absorber una buena parte de los salarios. Nadie duda de que este asunto será fundamental para evaluar la gestión de un Gobierno progresista que intenta abordar un problema que afecta especialmente a su electorado, aunque en realidad afecta a todos los españoles que no son propietarios.