Madrid critica el «descontrol» total en la distribución de menas: adultos, con vínculo en otras comunidades…

El Gobierno central ha comenzado los trámites para repartir a los menores extranjeros no acompañados (menas) que se encontraban en Canarias y Ceuta, apoyándose en el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. Este decreto está siendo impugnado por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional, así como sus dos desarrollos ante el Tribunal Supremo.

De hecho, la región ya ha recibido a 13 de esos menores a través de ese reparto forzoso, además de 124 expedientes de traslado. Aproximadamente un 30% de estos últimos corresponde a personas que son mayores de edad, o a jóvenes que ya tienen empleo o conexiones familiares en otras regiones, por lo que «ya tienen un arraigo», denunciaron desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

«Incluso estamos recibiendo expedientes de otras comunidades autónomas a las que no se iba a realizar el traslado a la Comunidad de Madrid; de hecho, el traslado estaba destinado a otra comunidad autónoma», lamentó la consejera Ana Dávila en un encuentro con periodistas este martes. «En fin, un caos que no deja de ser un atropello a esos menores». El año pasado, la región atendió a 2.442 de estos menores y, en lo que va de 2025, ya ha atendido a más de 1.500, informan fuentes de este departamento.

La consejera subrayó que lo que «debe» hacer el Gobierno es «empezar a implementar medidas» para evitar esta situación de llegada masiva que solo provoca «un riesgo extremo en el sistema de protección de menores de todas las regiones».

El criterio establecido por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar indica que cada región debe cumplir con un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Aquellas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como es el caso de Canarias y Ceuta, deben solicitar la situación de contingencia migratoria para que las personas que permanezcan en sus territorios sean trasladadas a otros, con la excepción de Cataluña y País Vasco, que fueron excluidas de este reparto forzoso.

El Gobierno logró desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obliga a las comunidades a acoger obligatoriamente a los menores, tras meses de negociaciones bilaterales con Junts. El partido de Carles Puigdemont presentó este acuerdo como una victoria política, destacando que a Cataluña llegarían alrededor de 20 o 30 niños y jóvenes, mientras que Madrid tendría que hacerse cargo de cerca de 700. Las comunidades gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha, impugnaron el Real Decreto.

Además, se da la circunstancia de que Madrid ha solicitado en lo que va del año un total de 56 repatriaciones de menores extranjeros no acompañados al Gobierno central, pero hasta la fecha no se ha resuelto ninguna: el Ejecutivo «no ha respondido», indicó Dávila este martes. Desde abril hasta septiembre se enviaron 37 solicitudes, y desde septiembre hasta ahora, los 19 restantes.