Se intenta localizar a Martiño Ramos, el profesor acusado de abuso sexual a una alumna en Ourense | España.

Martiño Ramos Soto ha sido una figura conocida en el activismo cultural y político de Ourense. Recientemente, una sentencia firme ha revelado que, mientras aparentaba estar comprometido con los derechos de las mujeres en actos feministas y militaba en los partidos Ourense en Común y En Marea, ambos desaparecidos, abusaba de una alumna de la escuela pública en la que era profesor de música y contactaba por Instagram con otras menores del centro. A esta niña le agredió y abusó sexualmente, aprovechando su vulnerabilidad debido a problemas familiares y escolares. En julio fue condenado a 13 años de prisión, pero aún no ha sido capturado ya que su paradero es desconocido. Durante los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía nunca solicitó su ingreso en prisión provisional.

Ramos Soto está actualmente en busca y captura, y la investigación para encontrarlo sigue activa, según fuentes policiales. A pesar de que la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo cuenta con testimonios y pruebas contundentes, el sistema ha tratado hasta ahora al acusado con indulgencia. Tras la denuncia de la menor en 2021, que comenzó un calvario en 2019, cuando cursaba 6º de Primaria, fue ella quien se vio cuestionada. Sin antecedentes penales y con una larga trayectoria educativa, “tenía un gran reconocimiento social en la ciudad, lo que dificultó que la víctima fuera creída”, menciona una excompañera de activismo.

La propia menor relataría en el juicio que, al denunciar, no recibió apoyo en el colegio donde ocurrieron algunas agresiones sexuales. La orientadora y varias profesoras se reunieron con ella para manifestar que “eran solo imaginaciones suyas” y que “tenían plena confianza en él, pues lo conocían desde hacía años”, recoge la sentencia. Sin embargo, sus amigas y otras alumnas corroboraron su relato en la Audiencia de Ourense, aportando los mensajes que el profesor pederasta y violador les había enviado también a ellas a través de redes.

La condena de la Audiencia de Ourense fue ratificada en febrero de este año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y en julio por el Tribunal Supremo. El 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura, así como una orden de detención e ingreso en prisión. “La Audiencia de Ourense no acordó su ingreso en prisión porque esa medida no fue solicitada ni por el ministerio público ni por la acusación particular, lo que impedía su decreto”, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Fiscalía no ha aclarado a este medio por qué actuó así durante el proceso.

Ramos Soto fue docente de música de la víctima en un colegio público desde que la niña ingresó a los tres años en Educación Infantil hasta el final de Primaria. En sexto contactó con ella por Instagram haciéndose pasar por otro menor y, aprovechando sus problemas familiares y su fragilidad, se presentó como “una figura de cuidado y apoyo”. Un día, el pederasta se citó con su alumna en un aula y le reveló que tras el perfil de Instagram estaba él. La niña describió cómo Ramos Soto la manipuló, agredió y violó. El dolor psicológico que le causó la llevó a autolesionarse y estuvo ingresada por razones psiquiátricas. La investigación judicial demostró que el docente había contactado con más alumnas del colegio por la misma red social utilizando engaños y depravaciones similares. “Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para luego intentar que las menores le enviaran fotos o vídeos desnudas o realizando prácticas sexuales”, dictaminó la justicia.

Después de la denuncia en 2021, Ramos Soto continuó dando clases durante tres años porque, según alega la Consellería de Educación, las autoridades judiciales “en ningún momento decretaron medidas cautelares”. La asociación feminista Marcha Mundial das Mulleres sostiene que durante ese tiempo el docente llegó a ser tutor y a impartir Informática, a pesar de estar denunciado por abusos a una alumna a través de las redes sociales. Educación ha evitado aclarar este asunto, pero asegura que el prófugo fue condenado en primera instancia en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense y que, tras este fallo, fue suspendido provisionalmente de sus funciones “atendiendo a la gravedad de los hechos”, a pesar de que la justicia no había establecido medidas cautelares. “La pena de cárcel que surge de la sentencia firme implica suspensión de empleo y sueldo”, añaden fuentes de Educación.

La Marcha Mundial das Mulleres critica que “los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres han vuelto a fallar”. Afirma que, con la sentencia firme, el pederasta actuó con tanta libertad que vendió su piso para financiar su fuga. El proceso judicial ha sido “largo, revictimizante y claramente sin garantías”, y “también han fallado las instituciones encargadas de proteger a las menores”. Este caso ha golpeado de manera “brutal” al movimiento feminista de Ourense, ya que conocían al pederasta y nunca sospecharon de él, señala una activista. Comenta que Ramos Soto fingía ser un defensor de los derechos de las mujeres y ayudaba en los actos como si fuera “un aliado perfecto”, el “ideal de masculinidad”.

Antes de ser denunciado, Ramos Soto tuvo diversos años de activa vida política en Ourense. En las municipales de 2015 fue suplente en la candidatura de Ourense en Común y en 2019 alcanzó el puesto número seis. En esta última elección, la formación no logró representación y desapareció. También participó en el comité electoral de En Marea para las autonómicas de 2016 y estuvo involucrado en los conflictos internos que llevaron a la descomposición de esta formación. En 2018, fue acusado junto a otros dos compañeros de realizar incursiones irregulares en el censo de votantes de las primarias para elegir al líder del partido.