Maricarmen, una mujer de 87 años en riesgo de perder su hogar debido a una ley patriarcal de la era de Franco | Noticias de Madrid

Las calles del barrio madrileño de Ibiza están adornadas esta semana con carteles naranjas y blancos que dicen: “Maricarmen se queda. 70 años en el barrio”. Por el momento, ahí sigue, aunque su tiempo podría estar contándose. María del Carmen Abascal, de 87 años, ha vivido toda su vida en el número 46 de la calle Sainz de Baranda. Su edificio ejemplifica bien los cambios actuales: el ascensor mantiene la madera original en su interior, pero su exterior es de metal frío. En la sexta planta, en un piso de 60 metros, Maricarmen, como siempre la llaman los vecinos, nació, vio morir a sus padres y a su hermano, y ahora espera poder hacer lo mismo cuando le llegue el momento. Sin embargo, esto podría no suceder: un fondo de inversión busca romper su contrato de renta antigua para quedarse con el inmueble.

Para comprender el conflicto es necesario retroceder casi 70 años. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento que aún le permite residir en esa casa. Tras su muerte, unos años más tarde, su esposa, que no pudo firmar el primer contrato por ser mujer, se subrogó a lo acordado por su difunto esposo, lo que le permitió seguir viviendo con su hija hasta su fallecimiento en 2005. Finalmente, Maricarmen heredó el contrato de ambos, manteniéndose a las mismas condiciones: una renta que se actualizaba anualmente basada en el IPC, más otros gastos como el IBI. Así ha vivido durante casi 20 años.

Sin embargo, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. planea desahuciarla el próximo 29 de octubre. “Voy a luchar hasta el final”, afirma. No tiene familiares ni recursos para buscar otro hogar. Paga 500 euros de alquiler al mes y recibe una pensión de 1.450 euros. El fondo pretende triplicar su alquiler. “¿Alguien me puede explicar cómo, con 1.450 euros, puedo pagar 1.650? Cuando recibí la carta, me sentí humillada”, relata.

Entre 1950 y 1985, la legislación española determinaba que los contratos de arrendamiento de vivienda eran de carácter vitalicio y podían heredarse por el cónyuge y los descendientes que residían en la vivienda. El decreto Boyer de 1985 eliminó esta medida de protección para los alquileres firmados a partir de entonces, aunque mantuvo el régimen indefinido para contratos anteriores, conocidos como contratos de renta antigua.

El caso de Maricarmen es, sin embargo, particular debido al machismo de las leyes franquistas, que no reconocían a las mujeres como entidades con plenos derechos. Si el contrato se hubiera firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y el suyo sería una primera subrogación, es decir, seguiría vigente. Al existir, sin embargo, una primera subrogación acordada por la madre, Maricarmen ha perdido ese derecho. “Si mi mamá también hubiera firmado el primer contrato, esto no sería un problema. En realidad, es culpa del machismo de Franco que ahora me encuentre en riesgo de perder mi casa”, comenta.

Hoy, Maricarmen recuerda cada rincón de su piso como si fuera parte de ella misma. “Aquí tengo todos mis recuerdos. Mi papá murió muy joven, en el año 60, con 51 años. Y mi mamá falleció en 2005, en esta casa. Yo he vivido aquí desde el año 56”. Cada objeto de colección y pintura de su mesita del té despiertan memorias de una vida de la que no desea desprenderse.

Estudió profesorado de taquimecanografía, luego secretariado, y finalmente trabajó en una empresa farmacéutica americana, donde permaneció 34 años como secretaria del consejo de administración. Se jubiló en 1998. “He trabajado toda mi vida”, repite con orgullo. Actualmente, su rutina es monótona. Se levanta a las nueve, camina por un barrio que ha cambiado radicalmente, limpia el polvo, hace ejercicios para su deteriorada espalda y asiste con frecuencia al hospital Gregorio Marañón, que es el más cercano. Después, merienda, ve la televisión e intenta dormir. Sin embargo, hace meses que no logra conciliar el sueño sin pastillas. “Sufro pesadillas de verme desahuciada de la única casa que he conocido en mi vida, sin ninguna alternativa habitacional”, confiesa. “Estoy luchando porque quiero seguir viviendo en mi casa, porque es mi casa, es mi vida, estos son mis recuerdos.”

En 2018, la familia propietaria del edificio vendió la finca a Renta Corporación, uno de los principales grupos inmobiliarios del país. Los nuevos propietarios se pusieron en contacto con Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso, pero su pensión no le permitía asumirlo. “Me enviaron una carta diciendo que respetarían todos los derechos firmados por mi papá en el contrato indefinido, y entonces quedé tranquila”. Sin embargo, al día siguiente de rechazar la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa dedicada al asesoramiento de inversiones inmobiliarias. Con Urbagestión, empezaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes —titulares de más de una docena de empresas en los sectores agroalimentario e inmobiliario—, notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor debería haberse extinguido en 2007. La empresa no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Poco después, la llevaron a los tribunales. En primera instancia, la justicia falló a favor de Maricarmen, pero el fondo apeló en numerosas ocasiones, hasta que el Tribunal Supremo decidió a su favor el pasado marzo. “No tengo ninguna conexión con los propietarios ni con el fondo buitre de Urbagestión. Yo pago la renta en una cuenta corriente que ellos me dieron, y les envío un correo notificando que he realizado la transferencia, pero no los conozco ni los he visto en persona”, lamenta.

El motivo: la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) solo puede tener una duración de dos años, a menos que el descendiente conviviente tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, con 87 años y movilidad reducida debido a operaciones de cadera, tiene reconocida una discapacidad del 50%. No ha servido de nada los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación sin disputa. “No es miedo lo que siento. Lo que tengo es la sensación de que el ser humano es poco valorado, de la falta de humanidad que existe ahora”, dice.

El Sindicato de Inquilinas, que la apoya en este proceso, considera que la sentencia es inédita: prioriza los requisitos formales de la subrogación sobre el espíritu de la ley y la realidad social de la época, como señala el artículo 3 del Código Civil. Urbagestión ahora exige a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros —a modo de “favor”, dado que el resto de los pisos se alquilan por unos 2.650—, a pesar de que su pensión es solo de 1.450 euros. Si no lo hace, tienen de plazo hasta el 31 de mayo para abandonarla vivienda donde ha vivido casi siete décadas.

“He estado en el servicio social de Retiro. Me entrevisté con una persona y le dije que no tengo dinero; si me obligan a moverme, no tengo para una mudanza, ni hijos que me ayuden. Pregunté si había algún tipo de ayuda: no tienen nada más allá de ponerme en una larga lista de espera. Entonces dije: si yo, por mala suerte, me tengo que ir, ¿dónde me voy?”, se pregunta. Todavía no ha comenzado a empacar, pues confía en que la justicia pueda corregir la situación. Según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2024, seis personas son expulsadas de sus casas en la capital cada día. Unas 60 a diario en toda España.

“Las leyes siguen siendo, en cierta medida, injustas con las mujeres. Pero más allá de eso, creo que para solucionarlo la ley actual de vivienda debería corregirse y frenar la cantidad de desahucios que hay. La gente es llevada a la calle porque un fondo buitre ha adquirido la propiedad. No, perdónenme: si usted está viviendo en su casa, también tiene derecho a un techo. Eso debe garantizarse”, reclama Maricarmen con calma. Y concluye con una última convicción: pese a su edad y soledad, se niega a rendirse.