Los miembros del PP se retiran en grupo del Consejo Interterritorial de Sanidad en medio de la controversia por la crisis de los cribados | Sociedad


Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular abandonaron la mesa del Consejo Interterritorial de Sanidad tras pocos minutos de haber comenzado esta mañana en Zaragoza. Este plantón al principal órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades representa un salto cualitativo en la crisis política desencadenada por los problemas detectados en Andalucía en los programas de cribado de cáncer de mama, así como por la negativa de las comunidades del PP a compartir sus datos con Sanidad. Este boicot se produce a pesar de que los consejeros del PP asistieron ayer jueves a la cena oficial y llegaron al encuentro en viaje oficial.

“El Ministerio lamenta este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza entre la ciudadanía”, afirman fuentes del departamento, que no ocultan su sorpresa ante lo sucedido. La ausencia de los consejeros populares ha impedido, según estas fuentes, “votar dos acuerdos: la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer”. Esto destaca la “irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública”, sostiene Sanidad.

En una declaración enviada a los medios, el PP ha “denunciado la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno”.

Los populares acusan a la ministra Mónica García de haber “transformado en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento”.

El escrito señala como “ejemplo de esta deriva la manipulación unilateral de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril”, donde según el PP el ministerio se comprometió a poner a disposición de las comunidades “la herramienta imprescindible para la gestión de los datos, estando los indicadores [todavía] en fase de revisión, actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud”.

Minutos antes del inicio del Consejo, la ministra Mónica García había hecho un llamamiento a las comunidades del Partido Popular para que cambiaran su negativa a compartir los datos de los programas de cribado. “Les diremos que tienen una oportunidad para rectificar, porque la transparencia no es una opción”, ha afirmado.

“Ahora que tenemos una crisis de confianza en los programas de cribado, el Partido Popular no puede ocultar los datos», ha advertido García en relación con los problemas detectados con estas pruebas diagnósticas en Andalucía. “Los datos [permitirán] dar confianza a las mujeres de este país. El Partido Popular cree que está boicoteando al Ministerio de Sanidad y lo que realmente está boicoteando es la confianza de los ciudadanos […] en el Sistema Nacional de Salud. Y esto no nos lo podemos permitir”, ha continuado la ministra.

García ha recordado que la Ley de Transparencia obliga a las comunidades a hacer públicos los datos sobre la asistencia sanitaria brindada a los ciudadanos: “Los datos no son de las comunidades, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, no son del señor Moreno Bonilla. Son de la ciudadanía”.

A continuación, ha lamentado que la negativa del PP se haya extendido por las comunidades que gobierna, una crisis que inicialmente estaba limitada a Andalucía. “La ciudadanía ha perdido la confianza, inicialmente en Andalucía. Y el Partido Popular, de manera absolutamente inexplicable, lo ha extendido a todas las comunidades gobernadas por su partido. ¿Quién es el lumbreras que le dijo al Partido Popular que, en un momento de crisis sanitaria y de confianza en los programas de cribado, tenía que ocultar los datos? Yo no lo puedo entender y así se lo he hecho ver a muchos consejeros. No entiendo por qué en este momento en el que la ciudadanía necesita confianza, el Partido Popular lo único que ofrece es opacidad”, ha declarado García.

La reunión del Consejo Interterritorial de este viernes cierra una semana en la que se ha agudizado la crisis sanitaria originada en Andalucía, con la intervención de la Fiscalía para investigar los fallos ocurridos en las pruebas para detectar el cáncer de mama y las denuncias de algunas pacientes cuyas pruebas, almacenadas en el sistema informático de la sanidad andaluza, habrían sido manipuladas.

En el ámbito político, el debate ha cobrado fuerza con la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a responder a la solicitud del Ministerio de Sanidad de compartir los resultados e indicadores de sus programas de cribado, una negativa de la que, sin embargo, este jueves se desmarcó Castilla y León.

Una postura que la ministra de Sanidad ya criticó fuertemente el pasado martes, al acusar a los populares de querer “ocultar” a los pacientes los datos de los programas de cribado frente al cáncer de mama, de colon y de cérvix porque estos son “malos” debido a la mala gestión de los respectivos gobiernos conservadores.

Mónica García enfatizó que estos datos no pertenecen a las comunidades, sino a los pacientes, y anunció que su departamento recurriría a la Ley de Transparencia hasta las últimas consecuencias para que esta información sea divulgada. “La falta de transparencia revela un modo de incompetencia”, concluyó García.

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