Crónica de una escalera: cómo la explosión de un edificio en Vallecas arruinó a toda su comunidad | Noticias de Madrid

Esta es la crónica de cómo nueve familias de Vallecas se encontraban el sábado en la comodidad de sus hogares, preparándose para la comida, y hoy se enfrentan a la precariedad extrema. Ocurrió el 13 de septiembre a las tres de la tarde, momento en que los clientes del bar de la planta baja terminaban su aperitivo y la panadería cerraba sus puertas. Así fue como la calma se convirtió en caos en la calle Manuel Maroto, 3, revelando las costuras del Madrid temático.

Hasta ese instante, en el 1ªA habitaba una pareja con dos hijos, él era mecánico. En la vivienda de enfrente se encontraba José Enrique, de 63 años, que estaba terminando de ver la etapa de La Vuelta cuando el tabique y el armario se derrumbaron sobre él. Este hombre, que prefiere aparecer en las fotografías de espaldas, es una de las víctimas. En el 1ºC residía Nuria Castillo, quien sigue en la calle Manuel Maroto, pero ahora vive al aire libre sobre un colchón, bajo una de las pocas farolas del barrio. Hasta ese día, Nuria abonaba mensualmente 400 euros de hipoteca, que ahora no puede pagar. Sobre su cabeza, en el 2ªA, un matrimonio con un hijo ha pasado varias noches durmiendo en el coche de la empresa; y en el 2ºC, Jonatan Sanz, de 28 años, que trabaja en una empresa de ascensores, vivía con su madre de 70 años. Ambos estaban a punto de disfrutar de unos espaguetis con tomate. En el 3ªA, habitaba una familia con dos niñas. En el 3ºB, un matrimonio mayor que divide su tiempo entre el pueblo y la ciudad, y frente a ellos, en el 3ºC, dos marroquíes dedicados a colocar pladur por toda Madrid. En total, nueve viviendas y 25 vecinos.

Ese día, los espaguetis, los ascensores y las hipotecas fueron destruidos por una acumulación de gas en la planta baja. La explosión destrozó varios pisos, convirtiéndolos en lo que parece una casa de muñecas. La tragedia dejó dos fallecidos y una decena de heridos. En un principio, se pensó que la explosión procedía de la cocina del bar El Rincón Kanalla, pero luego se aclaró que se realizaban obras en un bajo que no tenía cédula de habitabilidad y que antes había sido una tienda.

En el patio había una última vivienda donde residía un cubano. Alexander era un hombre amable y cariñoso que, según sus vecinos, se consideraba “el más feliz del mundo”. Contaba con papeles de residencia, pareja y un trabajo como conserje en el que dedicaba largas horas. Sin embargo, aquella tarde, todo se derrumbó a su alrededor y ha pasado seis semanas en el hospital, cuatro de ellas en coma. Esta semana, salió del hospital, pero ahora es como un muñeco que requiere ayuda para todo: ha perdido masa muscular y aún sufre intensos dolores. Actualmente, unos vecinos le brindan temporalmente donde alojarse.

Mecánicos, trabajadores de ascensores, conserjes, jubilados, migrantes, personas en infraviviendas… Manuel Maroto, 3, representa ese Madrid que lucha por sostener 1.100 euros mensuales, la cantidad que, según la OCDE, marca la frontera entre la clase trabajadora y la pobreza. Una confirmación de estadísticas que indican que, en el Madrid de la abundancia, la desigualdad se agudiza y cada vez más familias caen en la pobreza. Un delicado desbalance que puede desencadenarse por una enfermedad, un accidente… o una explosión de gas.

Las hipotecas estaban al día y no existían deudas en las cuentas de la comunidad, según confirma su presidente. De las nueve viviendas, la mayoría contaba con un seguro del hogar, por lo que las pólizas cubren la reconstrucción y los gastos necesarios para comer y dormir. Sin embargo, vivir fuera de casa implica un gasto constante: móvil, ropa, transporte, medicamentos… además de que resulta inalcanzable el alquiler, la fianza y otros depósitos…

El barrio de San Diego, en el distrito de Vallecas, es uno de los más difíciles de España. Este rincón de la ciudad, entre la M-30 y Entrevías, aparece en todas las listas de pobreza, desempleo y precariedad habitacional en Madrid, con un alto riesgo de exclusión social.

Las instituciones no han estado ausentes. Durante las tres primeras semanas, el Ayuntamiento les costeó un hotel. Incluso pasaron un par de noches en uno de cinco estrellas en la zona de las Cuatro Torres. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando, al finalizar su estancia, algunos solicitaron ayuda a amigos, otros se mudaron a pensiones económicas en los alrededores. “Los servicios sociales no saben cómo manejarnos. No somos indigentes que necesiten una casa. No la quiero. Necesito ayuda con un alquiler y luego lo devolveré”, cuenta Jonatan. “Es agotador tener que llamar a la centralita del Samur para resolver cuestiones básicas. Echo de menos el contacto directo con algún responsable. O que existieran servicios sociales más empáticos que no envíen a mi madre, con 70 años y escoliosis, a dormir en una litera en un albergue lejano”, añade.

Para quienes no tenían seguro del hogar—que en España es obligatorio solo para quienes tienen hipoteca o contrato de alquiler que lo exija—la situación es aún más grave.

Es en momentos como este donde la política debería intervenir. Desde el PSOE, la concejal Ana Lima propuso en el pleno la aprobación de “ayudas excepcionales de carácter humanitario para los afectados, especialmente para los inquilinos sin seguro, además de una campaña de inspección en locales comerciales para detectar bajos convertidos en vivienda”. No obstante, el PP votó en contra y la ayuda no prosperó. Más perjudicial que la política es la burocracia ineficaz. Pocos días después de la explosión, los vecinos recibieron una carta del Ayuntamiento: era el nuevo impuesto de basuras. ¿Y qué hicieron los vecinos?: pagar.

“Vivía de forma tranquila en mi casa. Nunca imaginé que terminaría en la calle. Cada mañana me esfuerzo por lavarme, vestirme y mantener mi dignidad”, comenta Nuria junto al colchón en el que pernocta desde aquel día. Al caer la noche, el parque Amós Acero, que se encuentra detrás de ella, se transforma en un hervidero de transacciones ilícitas y adictos a la base que intentan robarle el móvil y la bolsa cuando se despista. Ayer le robaron el edredón.

Según el concejal popular de Puente de Vallecas, Ángel Niño, “todos los vecinos afectados han recibido asesoramiento de los servicios sociales”. “Ofrecemos apoyo en todos los ámbitos, ya sea con servicios jurídicos para tramitar los seguros o formalizar otro alquiler, y en los casos más críticos, alojamiento temporal”, explicó a El País. Por el momento, no hay una fecha fija para el regreso, aunque los responsables del proyecto han informado a los vecinos que será en el primer trimestre del año y el concejal asegura “en los próximos meses”.

Mientras tanto, Manuel Maroto, 3, transita por la cuerda floja de quienes, en el período 2022-2024, han pasado de un equilibrio precario a la pobreza, afectando a 131.000 madrileños, según cálculos de CC OO. Un informe reciente del sindicato señala que, a nivel nacional, se ha observado una disminución del 26,5% en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en Madrid, 1.464.937 habitantes enfrentan este riesgo. Un incremento del 7,7% respecto a 2023, es decir, 131.788 personas más.

“Yo recibo 800 euros por una invalidez. Con eso, pago la hipoteca, la luz, el agua, internet, la comunidad y solo me quedan 200 euros para los demás gastos: el metro, la comida…”, afirma Nuria, mostrando una carpeta con los recibos que logró rescatar de su hogar agrietado.

La explosión en Vallecas presenta un contraste a la del 7 de octubre, cuando un edificio vacío colapsó en la calle de Las Hileras, cerca de Ópera, resultando en la muerte de cuatro personas. Aquella tragedia activó al alcalde, quien interrumpió un viaje a Londres, así como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al Delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, junto con varios consejeros y concejales. En Vallecas, con 25 personas internas y dos fallecidos, solo acudió la vicealcaldesa, Inma Sanz, encargada de emergencias. “Parece que somos menos. Esto es Vallecas”, expresa Jonatan con un tono de desánimo.