Almeida, el letrado del Estado que suma fracasos en los juzgados | Noticias de Madrid

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y exabogado del Estado, logró superar una de las oposiciones más exigentes de España, con una tasa de éxito inferior al 5%. Después de años de preparación, ocupó el puesto 17 de entre 200 competidores, de los cuales solo 35 aprobaron. No obstante, si hubiera tenido que ganarse la vida como abogado particular, pocos elegirían sus servicios. Durante sus seis años en el palacio de Cibeles, su trayectoria legal se ha visto marcada por una serie de contundentes fracasos, a los cuales se suma esta semana un nuevo hecho: los aparcamientos del Bernabéu.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó esta semana la sentencia que descartó en 2024 la construcción de dos nuevos estacionamientos bajo Padre Damián y el Paseo de la Castellana por ausencia de “interés público”, entre otras razones. Aunque el Ayuntamiento perdió en un juzgado contencioso-administrativo el permiso para su edificación, continuó con las obras. Luego, también perdió ante el TSJM y ahora evalúa si recurrir al Supremo, aunque su equipo legal ya le ha advertido que “tiene difícil viabilidad”, confesó el alcalde el martes.

Desde que Almeida asumió el cargo en junio de 2019, los tribunales han emitido sentencias en contra de sus decisiones de manera constante. El TSJM se ha opuesto a la Zona de bajas emisiones (ZBE), a los planes de construcción en las cocheras del Metro, a su ordenanza de terrazas que prohíbe las estufas, y a las cocinas fantasma que contaban con licencia municipal, que la justicia obligó a clausurar. De manera similar, el TSJM y posteriormente el Supremo dictaminaron que el desalojo del centro social La Ingobernable no era legal, pero el Ayuntamiento llevó a cabo la acción en noviembre de 2019, a pesar de conocer la sentencia.

Un caso que ilustra el modo de actuar de Almeida está relacionado con las cocheras del Metro, donde se proyectaba la construcción de más de 400 viviendas. Ubicadas al norte de Chamberí, el escándalo comenzó en 2014, antes de la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía, cuando las cocheras del Metro de Madrid en Cuatro Caminos fueron vendidas a 443 cooperativistas, quienes propusieron destruir las instalaciones diseñadas por Antonio Palacios en 1918 para erigir un gran rascacielos de más de 100 metros de altura, conocido en algunos medios como la “horrotorre”.

En 2021, Almeida reactivó el proyecto y autorizó el derribo de las cocheras, a pesar de que ya existía una sentencia del TSJM que declaraba ilegal el proyecto de 2014. En 2025, el Ayuntamiento aprobó un convenio de modificación urbanística para una megatorre llamada Metropolitan, pero el TSJM lo desestimó nuevamente por cuestiones técnicas. Por lo tanto, 2025 culminará con un gran solar cerca del centro de la ciudad, sin rascacielos ni cocheras.

Según juristas consultados, la forma de operar del Ayuntamiento parece seguir una estrategia. “Por un lado, son conscientes de que para una asociación de vecinos —como en el caso del Bernabéu, las cocheras del Metro o La Ingobernable— es costoso mantener una lucha judicial prolongada. Y por el otro, saben que es complicado ejecutar la demolición del estacionamiento y el túnel. Aún queda una instancia superior, y como se trata de temas ambientales, podría llegar a la justicia europea”, explica un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. “El 85% de las sentencias del Supremo son inviables de ejecutar”, agrega.

Para los expertos, la estrategia se complica si se demuestra que las acciones del Ayuntamiento contravienen sus propios informes técnicos, lo que podría constituir prevaricación. Esto sucede con los estacionamientos del Bernabéu, iniciados tras el conocimiento de informes técnicos que desaconsejaban su construcción. Enrique Martínez de Azagra, presidente de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, afirma que lo que el Ayuntamiento ha hecho “constituye una grosera violación de la ley” que, en su opinión, “roza la prevaricación”.

La estrategia de hechos consumados del alcalde no solo altera decisiones cruciales sobre el funcionamiento de la ciudad, sino que también afecta a una parte significativa de los ingresos de la capital. El Real Madrid y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para la explotación de dos estacionamientos y un túnel que actualmente son ilegales, y por los cuales el club espera generar más de 500 millones de euros en los próximos 40 años. “Si alguna vez hubiera una sentencia firme, Real Madrid y Ayuntamiento iniciarían un conflicto interminable, donde podrían implicarse terceros, por lo que el proceso legal podría prolongarse durante años”, añade Javier Pérez Royo, catedrático de Constitucional de la Universidad de Sevilla.

La situación se complica aún más con respecto al anterior Madrid Central de Carmena. El TSJM anuló las Zonas de Bajas Emisiones, renombradas por Almeida, al identificarse fallas en la justificación del impacto económico de las ZBE. “No hay ni un estudio, ni ponderación, ni siquiera una enumeración o indicación de los concretos efectos y repercusiones económicas de la medida”, decía la sentencia. Almeida ha recurrido esta decisión al Tribunal Supremo y está en el aire el ingreso de casi 200 millones anuales que recibe el Ayuntamiento debido a multas, un 70% de las cuales son por las ZBE y que tendría que reembolsar. Esta cantidad representa el 2,4% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, que asciende a casi 6.000 millones de euros en 2024, y está pendiente de resolución por parte del tribunal. La estrategia anunciada por el consistorio será redactar una nueva ordenanza de Movilidad que invalide la anterior y eluda la derrota de Almeida en los tribunales.

Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, afirma: “Desde luego, como abogado del Estado, Almeida no tiene precio. Es difícil conseguir tantos reveses judiciales y tantas sentencias en contra desde que es alcalde”. Y continúa: “Nunca habíamos presenciado a un alcalde, y además abogado del Estado, cometiendo graves errores y actuando en contra de lo que dictan las leyes. Trabajando en beneficio de intereses privados, como en el caso de los ‘macroaparcamientos’ del Bernabéu, en lugar de defender los intereses públicos y cuidar de los ciudadanos”.