Madrid se separa de la ministra Morant debido a la financiación de las universidades.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se lleva una negativa de Madrid. A través de una carta, se le ha informado que la Comunidad de Madrid no participará en la comisión de trabajo destinada a establecer la forma de cumplir con el objetivo establecido por la Ley de Universidades estatal: asignar el 1% del PIB a la financiación de las universidades.

Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, opina que este porcentaje es «un concepto jurídico poco concreto que está completamente alejado de la realidad financiera de las comunidades autónomas y de nuestras universidades públicas», tal como se detalla en su carta.

Uno de los puntos que sostiene es que Antonio Arias y Julio Martínez examinaron el artículo de la LOSU en una publicación reciente, calificándolo de «contenido inadecuado para una normativa (salvo en un Preámbulo o Exposición de Motivos), sin carácter regulatorio y de difícil aplicación en la práctica». Viciana complementa que la forma de financiación propuesta en la LOSU, «fundamentada en un porcentaje aleatorio del PIB, no ofrece datos reales sobre las necesidades efectivas de nuestras universidades, su tamaño, el mantenimiento de sus infraestructuras ni sus gastos operativos».

El consejero refuerza esta afirmación: «El PIB no refleja lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, colegios u hospitales. Este aspecto se mide a través del esfuerzo presupuestario. La Comunidad de Madrid ha destinado más del 4% de sus Presupuestos Generales a las universidades públicas durante años. Todo esto considerando que en nuestros campus se encuentra casi el 20% de los estudiantes de toda España, mientras que Madrid representa el 14% de la población total; otra realidad que tampoco está representada en el PIB».

Viciana critica la escasa financiación de las comunidades autónomas, lo que afecta sus presupuestos. Sin embargo, afirma que «el Gobierno central parece estar más enfocado en reformas que satisfagan a separatistas y otros aliados necesarios para mantenerse en el poder». La Comunidad de Madrid considera inviable alcanzar una inversión del 1% del PIB para 2030, dado que esto implicaría un gasto anual superior a los 3.000 millones de euros: 2.000 millones más que en 2024 y casi 1.000 millones por encima del presupuesto total de las seis universidades públicas, sin contar la inflación.

Además, menciona que el informe de la LOSU proyectaba este gasto entre 236,6 millones y un máximo de 797,2 millones para toda España, cifras que clasifica como «arbitrarias e irreales y que solo buscan perjudicar de nuevo a las autonomías». «No colaboraremos para que el Gobierno central continúe imponiendo cargas mal calculadas y de índole puramente ideológica», concluye.

La comisión en cuestión solo se ha reunido dos veces en un periodo de dos años para explorar cómo lograr el 1% de financiación de las universidades públicas españolas.