El Gobierno revela su informe más reciente para desmantelar la Fundación Francisco Franco: “Menosprecia la dignidad de las víctimas” | España

El Ministerio de Cultura ha tomado la iniciativa para disolver la Fundación Francisco Franco, y este viernes ha enviado a la organización el «acuerdo de inicio de procedimiento de extinción». Esta resolución es el paso previo antes de que el ministerio, a través de la Abogacía del Estado, remita este mismo documento a la autoridad judicial para que comience los trámites legales correspondientes. El contenido, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se fundamenta en que los objetivos de la fundación van en contra de la Ley de Memoria Democrática. Esto se debe a que no persigue «fines de interés general» y lleva a cabo «actividades contrarias a los mismos». Además, se argumenta que realiza «apología del franquismo» y «menosprecia la dignidad de las víctimas». La Fundación tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Fuentes del ministerio califican este proceso de extinción como novedoso y aseguran que beneficiará a cientos de personas afectadas por el franquismo. “Es fundamental recordar que la Fundación, en su totalidad, obtiene beneficios fiscales. Los ciudadanos no deberían financiar actividades que van en contra de la democracia”, afirman fuentes del Gobierno.

Esta reciente decisión del Gobierno para disolver la Fundación Francisco Franco es el último paso en un largo proceso que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, la cual regula el derecho de asociación y permite desde entonces la ilegalización de entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo.

Para justificar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última analizó todo el contenido del sitio web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) «dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus líderes», así como la cobertura mediática de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.

Este contenido es revelador. Por ejemplo, hay textos que afirman que “el franquismo no cometió genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos ocurridos durante el bombardeo de Gernika en la Guerra Civil o que aseveran que el escándalo de los niños robados es falso. También hay artículos que evidencian un marcado énfasis propagandístico, utilizando términos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en lugar de Guerra Civil).

El informe de la secretaria también incluye testimonios de víctimas del franquismo en los que «queda demostrado cómo el negacionismo de la Fundación sobre la violencia y represión» les causa daño y «afecta» su derecho a la verdad. Los relatos describen diversas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se encontró en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le provocó un malestar físico y psicológico.

Uno de los relatos dice así: “Cada vez que veo en los medios alguna de sus actividades o declaraciones, el corazón se me encoge, la respiración se me detiene y no puedo articular palabra. En ese instante, vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto o declaración de esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, naturalmente no siento una agresión física, pero se remueven todos los recuerdos de mi infancia, sin mi padre, por su ausencia a causa de una guerra cruel y sin sentido”.

El estudio subraya que el contenido publicado por la fundación descalifica a las víctimas, niega y minimiza los hechos y se apropia de forma sesgada de la historia. “El análisis de los aproximadamente 5.500 textos publicados en su página web concluye que los objetivos y la actuación de la Fundación no persiguen el interés general, ya que son incompatibles con muchos de los que menciona el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, señala el documento.

Dicha ley establece que “habrá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a ello. A estos efectos, se considera al interés general como la apología del franquismo que ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus líderes, con desprecio y humillación de la dignidad de las víctimas […] o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra ellas por su condición de tales”.

El estudio de la SEMD también destaca que “los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales [impartidas por la Fundación] son en realidad instrumentos” para «proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo».

Fuentes del ministerio han indicado a este periódico que están evaluando las posibles medidas cautelares que propondrán al juez en cuanto el caso llegue a los tribunales, aunque no han especificado cuáles.

Otro tema relevante es el archivo histórico de la Fundación, que contiene alrededor de 30.000 documentos (de los cuales 28.000 ya están digitalizados). Algunos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían estar depositados en archivos de titularidad estatal” y poseen un gran valor histórico y patrimonial. Por esta razón, el ministerio ha anunciado a EL PAÍS que están analizando cómo garantizar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, cuyo estatuto establece que estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y llevar a cabo estudios sobre su pensamiento y las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario para el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes al servicio de la patria”.

Estos estatutos han sido modificados en los últimos años, la última en 2017, donde se redujo el objeto de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, pensamiento, legado y obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1977″.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022, presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones, evidencian que, en promedio, los gastos más significativos (entre 100.000 y 150.000 euros) se destinan a la publicación de su boletín informativo y a la celebración de “jornadas culturales”. Le sigue el mantenimiento de su archivo (entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVDs y merchandising), la media oscila entre 4.000 y 9.000 euros.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado en numerosas ocasiones que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa“. Greiff, quien elaboró un informe sobre España en 2014, destaca que no existe en ningún país de la Unión algo similar (mencionando, como ejemplo, una Fundación que exalte la vida de dictadores como Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permita la apología del odio.