Madrid aumenta al 4 % la asignación de contratos públicos inclusivos para 2026, destinando 6,6 millones de euros.

Este jueves, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado aumentar al 4 % la reserva de contratos públicos socialmente responsables para el año 2026. Esta iniciativa busca promover la contratación pública inclusiva y fomentar el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El acuerdo, presentado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, establece una reserva mínima de 6,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,25 % respecto a 2025 y 400.000 euros más en recursos reservados. “Esta medida reafirma el compromiso de Madrid con la inclusión y la igualdad de oportunidades, promoviendo un modelo económico centrado en las personas”, destacó Sanz.

Una reserva en crecimiento constante desde 2019

Desde el inicio de esta política en 2019, el porcentaje mínimo de reserva ha aumentado del 2 % al 4 %, y la asignación económica ha escalado de 2,4 millones de euros a 6,6 millones. Este progreso refleja un compromiso continuo con la contratación pública de impacto social, enfocada en centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Estos contratos abarcan diversas actividades, incluyendo servicios de limpieza, jardinería, reciclaje, hostelería, lavandería, imprenta, reparto o apoyo administrativo, entre otros.

En total, desde 2019, estas entidades han llevado a cabo 324 contratos municipales con un valor total que supera los 54,6 millones de euros, según informes del área económica municipal.

Más oportunidades para la inserción y la economía social

El acuerdo establece que, antes de finalizar el año, el Área de Economía, Innovación y Hacienda, dirigida por Engracia Hidalgo, aprobará las directrices y el plan anual de contratos reservados para 2026, especificando las adjudicaciones que se realizarán bajo este modelo.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social, regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, deben contar con al menos un 70 % de trabajadores con discapacidad y ser promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Además, tienen la obligación de reinvertir íntegramente sus beneficios en crear más empleo y fortalecer la economía social.

Por otro lado, las empresas de inserción, reguladas por la Ley 44/2007, buscan la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, destinando al menos el 80 % de sus resultados a mejorar sus estructuras productivas y formativas.

Un compromiso real con la inclusión laboral

Durante 2025, el Ayuntamiento ya superó las expectativas, alcanzando más de 10,1 millones de euros en contratos inclusivos, asegurando así que se cumple el porcentaje mínimo establecido.

“Queremos seguir liderando desde Madrid una política de contratación que transforme vidas, generando empleo estable, inclusivo y digno para quienes más lo necesitan”, enfatizó Sanz.

Con esta nueva ampliación, el Ayuntamiento refuerza su liderazgo en contratación pública inclusiva, mejorando la cooperación con entidades sociales y fortaleciendo su rol como motor de igualdad, integración y desarrollo sostenible en la ciudad.