Sin descanso, no habrá tranquilidad

La universidad pública, agobiada y fatigada, ha decidido decir basta. Las seis instituciones públicas de la Comunidad de Madrid han anunciado este viernes dos días de huelga a finales de noviembre para afrontar la situación de infrafinanciación que experimentan bajo el mandato del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien, a su vez, actuará legislativamente en contra de la normativa estatal en este ámbito.

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas de la región -teniendo en cuenta que, a la par, la autonomía cuenta con 14 centros privados- han confirmado que los próximos días 26 y 27 de noviembre la Complutense (UCM), la Rey Juan Carlos (URJC), la Carlos III (UC3M), la Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la Politécnica (UPM) llevarán sus protestas a las calles y aulas.

El motivo de esta convocatoria surge porque el presupuesto del Ejecutivo de Ayuso para 2026 no prevé una “subida” realista para el ámbito universitario público, que ha estado sufriendo durante los últimos años una “fuerte infrafinanciación”. El próximo año se destinarán 1.239,7 millones de euros a la financiación universitaria, 75,3 millones más que este año, un incremento del 6,5%; cifras que el sector considera “insuficientes” dado el agravante de la infrafinanciación crónica.

Exigen el 1% del PIB para la pública

En este contexto, el sindicato de estudiantes, que se ha unido a la movilización, ha subrayado que, bajo el mandato de Ayuso, se ha negado a “conceder 34,3 millones de euros” a la Complutense en forma de préstamo para abordar el próximo trimestre académico.

Además, han manifestado que, para resolver esta situación, exigen que el presupuesto del Gobierno de Ayuso alcance el 1% del PIB de la región destinado a las universidades públicas: “Cualquier cosa que no sea un acercamiento real a ese objetivo, no lo consideramos. (…) La subida anunciada representa un avance del 0,44% al 0,46% del PIB. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos calificarlo ni como una subida, sino que nos encontramos con un presupuesto estancado en medio de la fuerte infrafinanciación que hemos denunciado”, afirman las universidades públicas madrileñas.

En paralelo, la respuesta del Ejecutivo de la Puerta del Sol ha destacado que la motivación de la huelga no se debe a “ausencia de presupuestos”, sino a razones de “otra índole”, argumentó el consejero correspondiente, Emilio Viciana, este viernes. “Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se está destinando a universidades públicas un 20% más, tenemos 1.200 millones de euros”, defendió.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant han aclarado en declaraciones a ElPlural.com que, por un lado, «respetan» la decisión de la comunidad universitaria de promover esta doble jornada de huelga «frente a la asfixia financiera» del Gobierno madrileño. Asimismo, exigen a Ayuso «que cumpla con su obligación de financiarlas adecuadamente, dado que la financiación de las universidades públicas es competencia de las comunidades autónomas.»

La ley madrileña de universidades, en contradicción con el mandato estatal

En este mismo contexto, la coordinación de las seis universidades públicas de la región ha advertido que planean “parar” la elaboración e impulso de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno de Ayuso, señalando que la huelga servirá como plataforma para alcanzar este objetivo, por lo que esperan que la movilización «sea lo más masiva posible, tanto dentro de la comunidad universitaria como en la sociedad madrileña que apoya lo público».

«Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo también es que el costo político de atacar lo público sea el máximo para la Comunidad de Madrid. Si no hay respiro, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad. Vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes perjudican el derecho a la universidad pública», han advertido.

La próxima normativa madrileña sobre universidades aún se encuentra en fase de borrador, pero algunos de los detalles que han trascendido hasta ahora han generado controversia en el ámbito político y universitario. Un ejemplo de ello fue el pasado mes de junio, cuando se dio a conocer que el Ejecutivo de Ayuso planea sancionar con multas de hasta 100.000 euros las protestas “no autorizadas”, lo que provocó la rápida oposición de Moncloa y de la propia institución académica.

Adicionalmente, a principios de este mes de octubre, el Gobierno de Sol anunció que impugnará el decreto de universidades del Ministerio de Diana Morant que limita la creación de universidades privadas, considerando que el objetivo de Moncloa es realizar “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, así como la libertad de cátedra, de empresa y de educación” de estos centros. En palabras de Viciana, advirtieron que se opondrán a la normativa “con todas las herramientas legales” a su disposición.