Un proceso histórico: el fiscal general del Estado se enfrenta a cargos en el banquillo | España

Mañana, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se presentará en el banquillo de los acusados. En realidad, lo hará en estrados acompañado de su abogado, pero igualmente como imputado. Esta será una imagen sin precedentes, marcando un hito histórico. El Tribunal Supremo ha optado por llevar hasta sus últimas consecuencias una instrucción extraordinariamente controvertida en un proceso altamente polémico contra una de las principales instituciones del Estado. El delito supuestamente cometido: una revelación de secretos, la presunta filtración de un documento a los medios de comunicación.

García Ortiz será juzgado en la Sala Penal, un majestuoso recinto adornado con paredes forradas de seda roja de Damasco y estrados de caoba importada de Cuba. Al fondo, destaca una gran imagen de Cristo crucificado de Alonso Cano. Esta sala ha sido testigo de vistas muy mediáticas, como la que en 1997 condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna o el juicio reciente contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía en una manifestación. Sin embargo, ninguna de estas vistas ha tenido la carga simbólica de esta, el primer juicio en democracia contra un fiscal general del Estado. Esta anómala situación se manifestará cada día en aspectos como que el acusado llegará en un coche oficial, con escolta, y entrará al tribunal por la entrada destinada a magistrados y autoridades, o que durante el juicio llevará su toga de fiscal general y se sentará junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado.

Enfrente, verá una inscripción grabada en la pared central de la sala: “Justitia”. Bajo ella, un tribunal compuesto por siete magistrados, presidido por Andrés Martínez Arrieta, quien dirigirá la vista. Junto a él, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo y Carmen Lamela decidirán el futuro del fiscal general. Un tribunal de clara mayoría conservadora (únicamente Ferrer y Polo son considerados del sector más progresista del Supremo), ante el cual desfilarán, a lo largo de seis jornadas, 40 testigos. Entre ellos, ocho fiscales y 12 periodistas, tres de ellos de EL PAÍS.

Para entender el origen de esta historia, es necesario retroceder un año y medio, al 13 de marzo de 2024. Aunque, en realidad, todo comenzó mucho antes, en mayo de 2022, en un despacho remoto de una inspectora de Hacienda que detectó una declaración fiscal irregular presentada por una empresa. Desde el descubrimiento casual de esta funcionaria hasta el juicio contra el fiscal general del Estado han transcurrido tres años y medio. El último año ha estado marcado por confusión, tergiversaciones, mentiras y decisiones judiciales inusuales. Esta es la historia de cómo el fiscal general se ha visto obligado a sentarse ante siete jueces que deberán decidir en las próximas semanas si absuelven o condenan, por primera vez, a un fiscal general del Estado en España.

Mayo de 2022. Ministerio de Hacienda. Una declaración tributaria sospechosa

Dos inspectoras del Ministerio de Hacienda detectan irregularidades en las declaraciones fiscales del impuesto de sociedades de una empresa correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021. Los ingresos de la sociedad habían aumentado de 357.000 euros a 2,3 millones en comparación con 2019. Sin embargo, la tributación es inferior. ¿Por qué? Esto se debe a una serie de facturas con supuestos gastos que las inspectoras consideran sospechosas. A medida que investigan, descubren una maraña de facturas que creen que son falsas y que han sido emitidas por trabajos nunca realizados. Tras un año y medio de investigación, concluyen que se han defraudado a la Agencia Tributaria 350.951 euros.

Enero de 2024. Un extenso informe concluye: hay indicios de delito

Las inspectoras elaboran un informe de 187 páginas: existen indicios de un delito contra la Hacienda Pública, dado que la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. La empresa implicada es Maxwell Cremona y su propietario es Alberto González Amador. Aunque podría ser cualquier ciudadano, se trata del pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria realiza dos acciones: remite el expediente completo a la Fiscalía al encontrar indicios de delito y notifica a González Amador sobre lo ocurrido.

2 de febrero de 2024. El correo. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”

El abogado de González Amador, Carlos Neira, intenta controlar la situación y llegar a un pacto con la Fiscalía para evitar un juicio, buscando que la noticia no salga a la luz. Ese día, escribe a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid: “Tras estudiar el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo plenamente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) y proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

A esa dirección de correo tienen acceso, según la defensa, 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios. Además, se reenvía al fiscal Julián Salto, quien será el encargado del caso. El abogado de González Amador también lo envía a un abogado del Estado, informándole sobre la situación.

12 de febrero. El fiscal responde: “Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos”

Julián Salto responde a Neira con un correo educado: “Le escribo en relación a los supuestos delitos de defraudación tributaria de la sociedad Maxwell Cremona. Lo informo que soy el fiscal responsable del caso. Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y de satisfacer las cantidades supuestamente defraudadas. Según la AEAT, hay otras personas implicadas que deberán rendir cuentas, pero considero que esto no será un impedimento para cerrar un acuerdo con la Abogacía del Estado y con usted. Seguimos en contacto”.

20 de febrero. El caso llega al juzgado

La Fiscalía Provincial de Madrid remite la denuncia del fiscal al decanato de los juzgados de instrucción de Madrid, que la registra el 5 de marzo. El día 6, un periodista de elDiario.es, José Precedo, contacta al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado preguntando por una denuncia a nombre de Maxwell Cremona que había llegado al periódico, sin mencionar nada sobre la conexión con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según su declaración en sede judicial, ya tenía la documentación cuando hizo la llamada a la Fiscalía.

Al día siguiente, el fiscal general es informado de esa llamada, así como de otra de otro medio a la Fiscalía provincial. Pide a su mano derecha, el fiscal Diego Villafañe, que llame a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para recabar toda la información sobre el caso. Rodríguez envía la documentación a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

A las cuentas de correo donde se envió tienen acceso más de 60 personas; y más de 400, según asegura la defensa de García Ortiz, a la carpeta de la Fiscalía de Madrid donde se encuentran las diligencias.

12 de marzo. El fraude fiscal de la pareja de Ayuso sale a la luz

A las seis y un minuto de la mañana, elDiario.es titula en su portada: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. La noticia incluye imágenes del informe de la Agencia Tributaria y de la denuncia presentada por la Fiscalía en los Juzgados contra el empresario por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. No se menciona en esa información las negociaciones sobre un posible pacto de conformidad.

González Amador llama a su abogado. Neira le informa que no tiene conocimiento de la denuncia y le pide tiempo para hablar con la Fiscalía. Ese mismo día, a las 8.50, el fiscal Julián Salto le envía una copia de la denuncia en un correo electrónico, añadiendo: “Aunque también se haya denunciado a otras personas, esto no será un obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo consideran posible”.

Neira envía un mensaje a González Amador con la foto de ese email: “Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le llamaré para ir concretando. Mi intención es que solo haya un condenado. Y la multa mínima”.

A las 9.09, González Amador reenvía el correo del fiscal y el mensaje de su abogado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR.

A partir de ese momento, la situación se complica.

Isabel Díaz Ayuso denuncia una supuesta persecución a ella y su entorno por parte del Gobierno. “Esto es parte de lo que llevo sufriendo cinco años”, manifiesta. “Aquí no ha habido nada de redes ni de tramas, pero sé que desde La Moncloa se está llamando a las televisiones pidiendo más información y tratando de generar una narrativa donde hay una inspección a un ciudadano”.

Los medios de comunicación buscan activamente más información sobre el caso mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid pone en marcha toda su maquinaria para sembrar el caos en torno a esta noticia que le afecta tanto personal como políticamente. La noticia de que González Amador había aceptado pagar una multa y reconocer el delito llega a EL PAÍS, que contacta a Neira, el abogado de la pareja de Ayuso, para confirmarlo. Este no responde y el periódico opta por no publicar hasta poder contrastarlo con una segunda fuente.

13 de marzo (día D): Miguel Ángel Rodríguez comienza a difundir un bulo.

El jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid empieza a hacer circular información exculpatoria, confusa y falsa. A las siete de la tarde, envía una versión de los hechos a través de grupos de distribución de WhatsApp que controla habitualmente con periodistas, que no refleja la realidad y que se convierte en el origen de la futura causa contra Álvaro García Ortiz. MAR escribe en sus grupos: “Primero, el fiscal ofreció negociar; luego, le prohibieron negociar. Todo es turbio y feo”. Un periodista de EL PAÍS recibe este WhatsApp a las 19.47.

A partir de este momento, se desencadena una actividad frenética en las redacciones para esclarecer lo sucedido. Los periodistas comienzan a llamar a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Madrid para preguntar sobre lo que estaba afirmando Miguel Ángel Rodríguez. Cada redactor busca a sus fuentes para intentar obtener los documentos. Todos querían saber si aquello era cierto o no.

A las 20.50, la fiscal superior de Madrid contacta a Álvaro García Ortiz para alertarle de la situación. También lo hace la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado.

A las 21.29, El Mundo publica la información falsa que estaba distribuyendo Miguel Ángel Rodríguez: que la fiscalía había propuesto un pacto. Se menciona igualmente el acuerdo de conformidad alcanzado y lo que supuestamente había defraudado González Amador.

El fiscal general solicita el correo al que se refiere la información de El Mundo poco después, a las 21.34. A las 21.59, la fiscal provincial le envía el mensaje que el abogado Neira remitió al fiscal Salto el 2 de febrero; y la cadena completa de emails a las 23.44.

Entretanto, durante esa tarde, periodistas de la Cadena SER y La Sexta habían logrado acceder a la información real a través de sus fuentes: que la propuesta de pacto de conformidad había surgido de González Amador y no de la Fiscalía.

La Sexta publica su información a las 22.10, pero ya la estaban compartiendo en los chats de la cadena a las 21.54, como constata la instrucción judicial. Es decir, la noticia ya estaba redactada antes de que García Ortiz recibiera el email relacionado con la propuesta de pacto de conformidad. A las 23.24, la Cadena SER informa en antena que han tenido acceso al correo y publican extensos fragmentos a las 23.51 en su página web. Sin embargo, el periodista que dio la información ha declarado como testigo en sede judicial que accedió al correo alrededor de las 15.40 de ese día a través de una fuente.

Miguel Ángel Rodríguez continúa difundiendo información errónea en sus grupos de WhatsApp: “Es la Fiscalía la que inicialmente ofrece el acuerdo. Luego, recibe órdenes ‘de arriba’ y retira la propuesta… Todo es turbio”. Su campaña tiene como objetivo hacer creer que la oferta del pacto de conformidad partió de la Fiscalía, lo cual era falso, y que posteriormente fue retirada, lo que también se negaba.

14 de marzo. La Fiscalía publica una nota informativa

A la mañana siguiente, y frente a las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, la Fiscalía opta por enviar una nota aclaratoria sobre la secuencia real de los correos con el abogado de González Amador. La razón argumentada es la obligación de desmentir la información falaz que se difundía a través del entorno del investigado, Alberto González Amador.

3 de abril. González Amador ataca y se querella contra los fiscales

Los primeros pasos judiciales de este caso no se dirigen contra Álvaro García Ortiz. González Amador presenta una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Les acusa de incurrir en delitos de revelación de secretos al enviar la nota informativa a los medios. En esa querella, la pareja de Ayuso argumenta que hay una campaña en su contra por su relación sentimental, pero omite que fue Miguel Ángel Rodríguez quien reveló, de forma tergiversada, la existencia de correos entre su abogado y la Fiscalía sobre un posible pacto de conformidad.

7 de mayo. El TSJ decide investigar la nota informativa, no la filtración

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la querella y ordena investigar si se vulneró el deber de secreto. Hasta ese momento, todo gira en torno a la nota informativa, sin mencionar ninguna filtración. Cuando Álvaro García Ortiz asume la responsabilidad por la decisión de enviar esa comunicación, el caso pasa al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del fiscal general.

16 de octubre. El Tribunal Supremo asume el caso

El Supremo inicia por primera vez una causa contra el fiscal general del Estado el 16 de octubre, encargando el caso al magistrado Ángel Hurtado. La Sala de lo Penal señala que en la nota de prensa emitida por la Fiscalía “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, pero, en un giro inesperado, esto no implica el archivo de la instrucción, sino que el posible acto delictivo se convierte en la supuesta filtración del correo electrónico a ciertos medios de comunicación la noche del 13 de marzo.

Hurtado explica más adelante: “La base fáctica de la revelación de secretos estaría en la filtración oculta a los medios de comunicación de un correo con información confidencial, cuya divulgación no deseaba su interesado, pero que, habiendo llegado al conocimiento de un tercero, funcionario público, se transmite a un medio determinado, con el objetivo de darle publicidad, alcanzando una difusión pública que no debió haber logrado”.

30 de octubre. La UCO entra en el despacho del fiscal general

El mismo día en que el Supremo imputa formalmente a García Ortiz, el juez manda a la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en investigar delitos complejos y graves, al despacho del fiscal general. El abogado de González Amador solo había solicitado el cruce de correos entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, así como aquellos mensajes que incluyeran el texto del correo cuya filtración se investiga. Sin embargo, la orden del juez abarcó mucho más: se ordenó que la UCO asumiera el control total de todos los dispositivos del fiscal general para “extraer la mayor cantidad de información posible”.

El registro, que se extendió durante 10 horas, fue ordenado por el juez cuando hacía menos de dos horas que había requerido al fiscal general para que designara un abogado que le representara en la causa, es decir, esta designación aún no se había realizado cuando cinco agentes de la UCO llegaron al despacho que alberga, probablemente, la más ingente cantidad de información confidencial de España. Se incautaron de sus dos teléfonos móviles, el personal y el oficial, un portátil, un ordenador, una tablet y varios USB.

El auto del juez Hurtado considera que la entrada era “necesaria, idónea y proporcional”. El fiscal general considera que no fue así en absoluto, como declaró después en sede judicial: “Es completamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en el derecho europeo de que se registre el despacho del fiscal general y se le incauten dispositivos. Es inimaginable”.

El borrado del móvil del fiscal general

Uno de los indicios que manejan los jueces para fundamentar la acusación contra García Ortiz es que borró su móvil y no colaboró.

Él explica su acción, según declaró en sede judicial: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manipular mi terminal como estime conveniente, sino porque hay una obligación legal; debemos borrar los datos de nuestros dispositivos, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, y negó que lo hiciera para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

—¿Qué datos contiene el terminal del fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito relatar […] Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e información absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales […] Mi móvil alberga información que, sin duda, puede afectar a la seguridad de este país, por supuesto que puede afectar. Creo que hay muy pocas autoridades en España que pueden tener en su teléfono móvil tal cantidad de información como posee el fiscal general del Estado de España.

29 de julio de 2025. Procesamiento confirmado, pero con un demoledor voto particular

En los últimos meses, desde octubre de 2024, todos los implicados o conocedores de lo sucedido aquel 13 de marzo del año pasado han declarado ante el Tribunal Supremo. Desde que el objeto de la investigación dejó de ser la nota informativa de la fiscalía, solo hay dos preguntas sobre la mesa: ¿Filtró el fiscal general del Estado los correos relacionados con el caso de González Amador a algún medio de comunicación? Y, si esto fuera así, ¿constituye un delito de revelación de secretos?

No hay prueba alguna de la filtración. Los magistrados que apoyaron el auto de procesamiento se basan principalmente en el hecho de que García Ortiz borró su móvil y en la coincidencia cronológica entre la publicación del correo por parte de los medios y su recepción por él. Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres sostuvieron que estos indicios son suficientes para procesar al fiscal general. Sin embargo, un tercer juez, Andrés Palomo, emitió un contundente voto particular en contra, argumentando que la “relativa coincidencia cronológica” entre la recepción del correo por García Ortiz y la publicación en los medios es “harto insuficiente” para procesarle; y criticó que no se tuviera en cuenta el testimonio de los periodistas que habían tenido acceso al correo antes de que el fiscal.

“El correo había sido filtrado en su contenido antes de que llegara al conocimiento del investigado”, acotó el voto particular, señalando la “escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración”. Palomo, además, critica que se utilice como “indicio adicional” contra García Ortiz el hecho de que dificultara especialmente las pesquisas al borrar todas las llamadas, mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos. “En ningún momento se le exige que demuestre su inocencia. Su cargo de fiscal general no le añade exigencia suplementaria alguna a la de cualquier otro investigado”, resaltó Palomo.

Un juicio para la historia

A partir de este lunes, los 40 testigos, la mayoría de los cuales ya ha declarado durante la instrucción, deberán testificar. Esta vez, ante los siete jueces del tribunal que tendrán en sus manos la decisión de absolver o condenar al primer fiscal general del Estado juzgado en España. Todo volverá a pasar por la Sala de lo Penal del Supremo. Los ojos del país, y de toda Europa, estarán puestos en el desarrollo de ese juicio, probablemente uno de los más cuestionados en las últimas décadas, y en la esperada sentencia final.