Una torpeza de Marlaska pone en peligro la validez de numerosas investigaciones de la Guardia Civil.

Un error grave del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pone en peligro la anulación de muchas investigaciones de la Guardia Civil: separó las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, pero no ha elaborado un nuevo manual de actuación para los agentes, quienes continúan realizando funciones como si fueran una única especialidad. Esto puede llevar a que se echen a perder investigaciones completas, al desempeñar funciones para las que ya no están autorizados.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encarga de investigar los delitos más graves, como homicidios, asesinatos, robos de gran cuantía, agresiones sexuales y narcotráfico, además de llevar a cabo las operaciones más importantes. En este ámbito se encuentra la Unidad Central Operativa (UCO), actualmente en el centro de atención por sus investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como por la ley que el Ejecutivo planea aprobar para que la Fiscalía asuma la UCO. Los agentes de Criminalística, por su parte, son especialistas científicos.

Para la Policía Judicial, el manual es fundamental; actúa como un manual de instrucciones sobre cómo deben proceder. En él se incluyen «los procedimientos técnicos de actuación y de material, la doctrina de uso común en las materias relacionadas con las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los procedimientos técnico-operativos y el uso adecuado y eficiente de los recursos humanos y materiales».

Antes, un mismo agente realizaba la investigación y recogía las muestras e indicios de las escenas del suceso. Ahora, se supone que la Policía Judicial realiza la primera tarea y Criminalística se ocupa de la segunda. Sin embargo, la Policía Judicial sigue llevando a cabo ambas funciones, lo que podría llevar a que un juez cuestione la actuación profesional.

El Ministerio del Interior es consciente de esta crítica situación, pero en lugar de resolverla, la ha mantenido durante varios años. A pesar de que el nuevo manual debía ser aprobado el 1 de abril de 2023, no hay planes de publicar la modificación en un futuro próximo, según reconoció en junio la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil, mano derecha de Marlaska, en respuesta a preguntas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la más representativa.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Según información exclusiva de OKDIARIO, la AUGC ha presentado recientemente una denuncia ante el Defensor del Pueblo sobre esta situación, pidiéndole que actúe e inste a la Dirección General de la Guardia Civil a aprobar de manera urgente el nuevo manual de Policía Judicial y el de Prevención de Riesgos.

«Varios cambios normativos han generado un escenario caótico en la Policía Judicial, tanto a nivel funcional como jurídico, que pone en riesgo la eficacia del servicio y la seguridad jurídica del personal», afirma Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

«La Guardia Civil no puede implementar normas sin actualizar los manuales de trabajo, ya que eso pone en riesgo el resultado de las operaciones, al no tener claras las funciones o incluso extralimitarse e invadir funciones de otras unidades», señala Nemiña.

A juicio de la AUGC, la situación de aprobar una norma sin actualizar el manual se debe a que «si Criminalística tuviera que asumir todo lo que debería legalmente, no podría; eso es inviable, por lo que debería dar marcha atrás o regular de manera coherente».

Lleva tres años incumpliendo una norma

La orden general 27/2021 de la Guardia Civil estipuló, por primera vez de forma diferenciada, las funciones y competencias propias de las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, lo que llevó a la derogación del manual que estaba en vigor hasta ese momento, datado el 10 de junio de 2011, «el cual, evidentemente, no se ajusta y contradice las nuevas disposiciones respecto a las funciones de esas especialidades, ahora reguladas de manera diferenciada», explica la AUGC en su comunicado.

Dicha orden eliminó a los especialistas de Policía Judicial la competencia en Criminalística, manteniéndose esta solo para el personal destinado en puestos de trabajo de Criminalística, dado que antes todos eran especialistas en Policía Judicial.

Por eso, en la disposición final primera se ordenó que la Jefatura de Policía Judicial «propondrá a la Dirección Adjunta Operativa, para su aprobación en un plazo de doce meses, la modificación del manual de la Policía Judicial, para el desarrollo de la regulación de la organización, funciones, procedimientos y competencias de los órganos y Unidades de las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, así como la actuación técnica del conjunto de unidades que realizan funciones de policía judicial, tanto genéricas como específicas».

En el mismo plazo, se debía elevar «propuestas de normas técnicas de funcionamiento que aseguren la adecuada operatividad de las unidades de Policía Judicial y sus órganos de Criminalística». Sin embargo, no se ha cumplido lo estipulado normativamente al no materializarse el nuevo protocolo de actuación policial.

Tremenda inseguridad jurídica

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, esta asociación denuncia la «tremenda inseguridad jurídica» que genera esta situación para estos especialistas, ya que ambos colectivos están asumiendo funciones y cometidos que no corresponden a lo estipulado en la norma que dividió sus funciones, «al aplicar las unidades territoriales el anterior manual de Policía Judicial, así como los planes de actuación derivados de este».