Propietarios poderosos, protestas de arrendatarios, desalojos y demandas para limitar los alquileres: todo esto ocurrió hace siglos.

Francisco Ruiz Castellanos, conocido como Frasquito, ha quedado grabado en la memoria por ser el verdugo que ejecutó a los obreros anarquistas Juan Oliva Moncasi y Francisco Otero González, quienes fueron ajusticiados por atentar contra Alfonso XII; además, está ligado a los siete condenados a muerte en el controvertido caso de La Mano Negra en Jerez.

Este verdugo madrileño se convirtió en una figura notable en las calles de Madrid a finales del siglo XIX. Además de participar en crímenes reconocidos de la época, como el de La Guindalera, donde 10.000 personas se congregaron para presenciar la ejecución, sus nocturnas andanzas y peleas en las tabernas del extrarradio madrileño también captaron la atención pública.

Las desventuras de Ruiz Castellanos concluyeron el 7 de noviembre de 1893. Se fue a la vivienda de Joaquín Bartolesi, un zapatero de la calle Hernani (Cuatro Caminos), para cobrarle el alquiler. Al no poder pagar en ese momento, el zapatero le pidió que regresara en unos días. La respuesta del cobrador, empleado del propietario, fue sacar «una faca descomunal». El inquilino, al huir hacia el interior de su casa, regresó con una pistola y le disparó en el abdomen.

Este acto de violencia refleja un contexto en el que la cobranza de alquileres en los barrios humildes estaba marcada por la desgracia. Los alquileres se pagaban mensualmente, y los administradores –en realidad, matones al servicio de la propiedad– eran una figura común. La falta de pago de alguna cuota conducía a la inexorable llegada de órdenes de desahucio con el sello de la Audiencia Territorial de Madrid.

La cuestión de la vivienda es inseparable del desarrollo de Madrid, una ciudad en constante expansión y sometida a poderosas oligarquías que basaban su bienestar en las rentas del ladrillo. Ya en el siglo XVIII, Jovellanos había expresado su indignación ante el aumento de los alquileres.

En Vivir de las rentas: el negocio del inquilinato en el Madrid de la Restauración, Isabel R. Chumillas identificó a un grupo de 107 “grandes propietarios” que, en la década de 1870, controlaban 1500 edificios, lo cual representaba el 18% del total de inmuebles de Madrid (aproximadamente una cuarta parte del valor inmobiliario de la ciudad).

Según la autora, la renta de los peores edificios en su propiedad era de tres a cuatro veces superior al salario medio de un trabajador de la época. El número de desahucios alcanzó cerca de 4.000 en los años ochenta, 5.000 en la década siguiente y continuó aumentando hacia el cambio de siglo.

En el siglo XX, las élites de Madrid comenzaron a alejarse del centro histórico en dirección al ensanche de la ciudad. La clase alta habitaba en la zona del Prado-Recoletos, aunque la Puerta del Sol seguía siendo el barrio más costoso. Al mismo tiempo, las viviendas de menor calidad se concentraban en los barrios periféricos, donde los alquileres eran inferiores a 25 pesetas al mes.

En 1919, Francisco Hernández Mir publicó La vida cara, el problema de los alquileres, una recopilación de artículos que había escrito para El Liberal. La frase “la vida cara” se popularizó como denuncia de la inflación en España durante los años de la Primera Guerra Mundial, periodo en el que la neutralidad de España le permitió convertirse en un país exportador. Irónicamente, mientras unos pocos se enriquecían, los productos de primera necesidad escaseaban, provocando un aumento escandaloso en los precios.

El problema crónico del inquilinato se desarrolló junto al de los productos esenciales, aunque las viviendas no se exportaban. El historiador Francisco Sánchez Pérez señala en su tesis doctoral que los alquileres en Madrid aumentaron entre un 50 y un 70 % durante la década de 1910. En febrero de 1923, El Liberal informaba bajo el epígrafe “mala vida”:

“La carestía de la vivienda presenta proporciones alarmantes. Las familias están hacinadas en habitaciones pequeñas que ahora cuestan cuatro a cinco veces más que en 1914. Las nuevas construcciones, a menudo levantadas con materiales antiguos, bajo la excusa de la escasez, incrementan de manera extraordinaria los precios, haciendo que sea necesario destinar una mayor parte del salario de un empleado para alquilarlas. La ley de oferta y demanda permite a los propietarios subastar las habitaciones vacías, generando rentas astronómicas”.

En este clima, creció la demanda de una regulación de los alquileres, es decir, un control político sobre los precios, apoyada, entre otros, por Hernández Mir.

El 19 de enero de 1919 se fundó la Asociación de Vecinos de Madrid, cuyos creadores pertenecían a la clase media (periodistas y abogados), abordando no solo la carestía, sino la vulnerabilidad contractual de los arrendatarios y la necesidad de fijar precios máximos. En aquel entonces, los propietarios podían cancelar contratos a su voluntad, y prácticamente no existía más legislación que el acuerdo entre las partes.

El 11 de abril de 1920, una manifestación en Madrid, que reunió a socialistas y liberales, atrajo a miles de personas. En el clímax de la protesta, participaron también las clases bajas, como ocurrió unos días antes, el 5 de abril, cuando inquilinas de los números 102, 104 y 106 de la Calle de Embajadores se presentaron frente al Ministerio de la Gobernación (en Puerta del Sol) para oponerse a los aumentos de alquiler de hasta tres veces en un solo año. Agitando a los niños en brazos, lograron entrevistarse con el ministro.

En junio, Gabinc Bugallal, ministro de Gracia y Justicia, promulgó un decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de arrendamiento en ciudades de más de 20.000 habitantes mientras se desarrollaba una ley sobre el inquilinato. Esta medida se mantuvo en años posteriores, logrando reducir el número de desalojos, y la asociación, entre otras similares en el país, se consolidó como un grupo de presión en defensa de la clase media frente a la proletarización, aunque excluyó a quienes ya eran proletarios.

La respuesta estatal al problema del inquilinato se tradujo en reiteradas leyes de Casas Baratas, que facilitaban a los promotores la construcción de viviendas económicas para trabajadores bajo criterios de higienismo. Sin embargo, este esfuerzo legislativo fue insuficiente para solucionar el dilema de la vivienda y el inquilinato, y no logró detener la acción colectiva, que, en Madrid, no alcanzó las expresiones más duras.

En otros lugares, la lucha se intensificó. En Baracaldo y Sestao, en 1905, la actividad del Gran Bilbao se detuvo durante casi un mes a causa de los alquileres. En Barcelona, a partir de 1930, comenzó una huelga de alquileres en el barrio de la Barceloneta, impulsada por la CNT, que se extendió a otros barrios, alcanzando su cima en 1931. En todos los casos, el movimiento inquilinato encontró en las mujeres su principal apoyo. En Madrid también hubo ejemplos de resistencia a las puertas de las casas de vecinos amenazados con desalojo, similar a lo que años más tarde practicarían la PAH o los sindicatos de vivienda.

La guerra y la posguerra no mejoraron la situación de las clases populares. Aunque no profundizaremos en este aspecto, el franquismo más tarde usaría como herramienta de pacificación social el cambio en la estructura residencial del país, fomentando la vivienda en propiedad.

Mirar hacia atrás y observar conflictos por los precios de los alquileres, crisis de desahucios, denuncias contra los rentistas, sindicatos de inquilinos, huelgas o demandas de regulación de precios no resulta reconfortante. Simplemente, nos indica que no estamos solos en la historia.