Mónica García pide a Madrid la entrega de datos sobre los cribados, mientras que Sol le critica por la falta de recursos para procesarlos.

Mónica García ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades que están bajo el gobierno del Partido Popular. En este documento, solicita que se envíen de manera «inmediata» los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. Esta carta ha generado descontento en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde acusan a la ministra de estar «en una huida hacia adelante tras la interterritorial».

La Consejería de Sanidad sostiene que no puede enviarle los datos porque «la herramienta para el volcado de datos sigue sin estar disponible», algo que es responsabilidad del ministerio. «¿Dónde le proporcionamos los datos al ministerio? ¿Dónde se los volcamos?», se preguntan desde la institución, que exige a Mónica García «un soporte válido, legal y homologado».

En definitiva, esta herramienta es crucial para que «los tecnólogos que manejan y generan la información futura» puedan entender los datos, creando así un lenguaje común para todas las comunidades autónomas. Es un elemento clave para que los volcado de datos se realicen de forma efectiva.

Acusan a García de que «esa herramienta no ha sido desarrollada» y que «los indicadores de cribado no están definidos entre las comunidades y el ministerio para llevar a cabo una medición homogénea y comparación entre regiones». Además, apuntan que la red de cribados de cáncer, al no estar presente en todas las comunidades, no es «útil ni válida», ya que no constituye una red oficial.

«El plan funcional es el documento que preparan los técnicos con todos los parámetros que se van a medir y analizar; pese a estar ya aprobado, está a la espera de ser desarrollado por el ministerio para que pueda convertirse en un documento entendible para los tecnólogos que manejan y generan la información futura.

Desde la consejería lamentan que Mónica García apele «a la lealtad institucional», ya que, según estas fuentes, realiza «filtraciones continuas y desplantes hacia todos los consejeros de las comunidades autónomas». Aseguran que, en el caso de Madrid, la situación es aún más grave, considerándola «una obsesión patológica hacia una de las mejores sanidades españolas».

Fuentes de la consejería encabezada por Fátima Matute comentan que Mónica García «sigue sin reconocer que quien debe trabajar es ella», un reclamo que se le ha hecho tanto en la última interterritorial como en las anteriores. Le recuerdan que «sigue pidiendo a las comunidades» a pesar de tener dos semanas de retraso en la presentación del «informe de listas de espera.»

Mónica García acusa a Madrid de no enviar la información

En su carta, la ministra Mónica García señala que esta información ya fue solicitada el 13 de octubre a todas las comunidades autónomas después de los problemas detectados en los cribados realizados en Andalucía, pero Madrid aún no la ha enviado.

La misiva menciona que varias leyes, incluida la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003, obligan a las comunidades autónomas a proporcionar información sanitaria para garantizar la coordinación y calidad del sistema. Asimismo, la Ley General de Salud Pública de 2011 establece que la vigilancia epidemiológica debe ser realizada de forma homogénea en todo el territorio y que las comunidades deben remitir los datos con la periodicidad y el nivel de detalle que determine el Ministerio.

Sanidad reitera que el Ministerio es el encargado de coordinar la Red de Vigilancia en Salud Pública y de asegurar que la información que circula entre administraciones sea comparable, oportuna y útil para la toma de decisiones. A este respecto, recuerda que el Tribunal Constitucional ha respaldado la capacidad del Estado para establecer sistemas de información comunes que garanticen la cohesión del sistema sanitario nacional. Por ello, Madrid reclama una herramienta común.

La ministra enfatiza que los indicadores solicitados están documentados en un acuerdo aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas en abril pasado, tanto en la Ponencia de Cribado como en la Comisión de Salud Pública. En consecuencia, solicita a Madrid que envíe los datos disponibles sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, advirtiendo que la carta constituye el trámite previo estipulado por la ley antes de una posible acción contencioso-administrativa si no se entrega la información.