La responsable de prensa de la Fiscalía afirma que Ayuso intentó generar “dudas” sobre el ministerio público | España

La defensa del fiscal general del Estado ha continuado en la sesión matutina del juicio de hoy enfatizando su argumento principal: Álvaro García Ortiz no divulgó ningún secreto y aquel día obtuvo información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su posible acuerdo con la fiscalía por un presunto fraude fiscal de manera defensiva, buscando frenar los rumores que se estaban propagando desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha especificado que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió la llamada inicial de un periodista que indagaba si conocían la existencia de un caso contra Alberto González Amador. Hedo ha señalado que el caso adquirió una gran relevancia mediática especialmente después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid atacara públicamente a la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a insinuar sospechas sobre la fiscal provincial, y, por extensión, sobre toda la Fiscalía”. La noche del 13 se produjo la presunta filtración del correo que desmentía un rumor anterior de Miguel Ángel Rodríguez y una información tergiversada de El Mundo, que afirmaba que la Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de la dirigente del PP (cuando realmente había sido al contrario).

Hedo también ha declarado que un periodista de EL PAÍS le consultó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal tuviera el correo, si tenía información sobre este posible acuerdo. Su versión concuerda con la que aportaron durante la instrucción cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos, y quienes informaron al juez que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, supieron, a través de fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el abogado de la pareja de Ayuso tenía la intención de alcanzar un pacto con el ministerio público que implicaba que su cliente devolviera lo defraudado más una multa a cambio del reconocimiento de sus delitos. Los periodistas, que declararán en los próximos días en el juicio, explicaron que el diario no publicó esa información porque no lograron contrastarla con el letrado, Carlos Neira, quien no respondió a la llamada, el correo y el mensaje de WhatsApp que le enviaron.

Hedo ha indicado que la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso la recibió el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le consultó si existía alguna denuncia en la Fiscalía relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona que, según la información que le proporcionó el periodista, pertenecía a alguien llamado Alberto González vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella, según su relato, le sugirió que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, nadie volvió a preguntarle sobre ese asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es publicó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, habló entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante la demanda de información por parte de los medios de comunicación, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que le preguntaban.

Hedo ha señalado que las llamadas de periodistas se intensificaron el 13 de marzo después de las 21.29, cuando El Mundo publicó la versión que estaba ofreciendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y contenía detalles sobre un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo ha enfatizado que, poco después, alrededor de las 21.45, un periodista de La Sexta le informó que había recibido información en sentido contrario a lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien proponía un pacto, lo cual era la información que contenía el correo en cuestión y que, en ese momento, aún no estaba en manos de García Ortiz (lo recibió a las 21.59).

“La confusión ya era enorme porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo de El Mundo o no. Y El Mundo ya entrecomillaba un correo concreto, con frases literales y datos precisos. Los correos se comenzaron a difundir”, ha afirmado Hedo. A partir de ese momento, la jefa de prensa mantuvo comunicaciones con García Ortiz sobre el caso que afectaba a González Amador para corroborar la información y redactar el comunicado, pero ha explicado que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos relacionados con el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se ha centrado en la nota de prensa divulgada por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que recogía una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esa nota fue lo que, según Hedo, llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior declaró en la primera sesión del juicio que no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque incluía datos personales de González Amador, un aspecto que Hedo rechazó, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete fueron “objeciones formales” y nunca sobre el contenido. Cuando se le preguntó sobre ello, el director de comunicación de la fiscalía madrileña aceptó que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” emitir ese comunicado, dado que todo su contenido ya había sido publicado en los medios y los correos se habían hecho públicos.

Antes de finalizar su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó un mensaje relevante sobre filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó en qué momento supo que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella respondió que había muchos rumores desde varios días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, indicó Hedo, se la entregó el propio García Ortiz el 12 de octubre, cuando, al salir de la recepción en el Palacio Real, le llamó para informarle que ya sabía a ciencia cierta que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó a otros dos testigos para intentar desmentir otros dos puntos en los que se basa la acusación. Uno era un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien heredó el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas corroboró que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, que implicaría asumir los delitos para evitar la cárcel, después de que se hubiera revelado la primera negociación con el Ministerio Público. De esta manera, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, buscaba desmontar el argumento de los acusadores de que la filtración sobre el reconocimiento de los delitos por parte del novio de Ayuso había puesto en peligro su estrategia de defensa. Lucas también relató las maniobras de los abogados de González Amador para postergar su declaración judicial después de que se iniciara otra investigación en su contra por la adquisición, por medio millón de euros, de una empresa sin valor a un empresario que facilitó su obtención de una comisión de dos millones por la venta de mascarillas en plena pandemia.

La segunda testigo era otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento que se ocupa de gestionar cuestiones tecnológicas. En este caso, la defensa intentaba desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosillo afirmó que ese cambio de dispositivos es habitual y detalló que el acusado ya lo había hecho en seis ocasiones desde que ingresó en la Fiscalía General, en 2020, y en tres desde que asumió el mando, en 2023.

También compareció, en este caso a petición de las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto cargo del Gobierno desmintió haber tenido acceso al correo filtrado objeto de la investigación, que el 14 de marzo de 2024 fue enviado por otra socialista empleada de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para utilizarlo en contra de Ayuso durante una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber mantenido comunicación alguna sobre el caso con la Fiscalía del Estado y enfatizó que ni siquiera tiene el teléfono de García Ortiz.